Argentina, Chaco: reclaman prohibir las fumigaciones aéreas de agroquímicos

Diversas organizaciones de la sociedad civil se reunieron el viernes último con los diputados de los bloques del Frente Grande y Libres del Sur para expresarles su posición con respecto al tratamiento parlamentario del proyecto de una nueva ley de Biocidas para la provincia del Chaco. Hicieron entrega de un petitorio y solicitaron ser recibidos por las comisiones parlamentarias que se encuentran analizando la iniciativa enviada por el poder Ejecutivo. A continuación, transcribimos textualmente el comunicado entregado por las organizaciones ante los diputados, al gobernador del Chaco y a sus ministros:

“Quienes suscribimos la presente exponemos nuestro rechazo al tratamiento de los Proyectos de Ley 1967/07 y 498/12 – de derogación de la Ley de Biocidas y exigimos que las autoridades públicas procedan a garantizar el cumplimiento de las normas ambientales vigentes, controlando a quienes son alcanzados por las mismas y sancionando su incumplimiento; así también peticionamos a los funcionarios del Poder Ejecutivo y a los legisladores provinciales que, responsable y seriamente, procedan a estudiar y analizar todo lo expuesto y aportado en las jornadas de la Audiencia Pública realizadas en julio y agosto/2011 y posteriormente hagan conocer sus conclusiones; y en aplicación de los principios de precaución y prevención procedan a prohibir las aplicaciones aéreas de agroquímicos, a fijar una distancia mínima de aplicación terrestre de agroquímicos de 2000 metros a tomar desde zonas pobladas urbanas y rurales, establecimientos educativos, zonas industriales, zonas naturales protegidas, cursos y fuentes de agua; a crear zonas de resguardo con protección arbórea y fomentar un sistema productivo basado en la agroecología.

Esto es así porque la persistencia de esta tecnología deja en extrema dependencia a la producción agropecuaria de la provincia hacia las empresas que producen los biocidas de aplicación aérea, frenando el desarrollo de nuevas tecnologías más amigables con el ambiente y menos dañina para la salud humana. Además, legislar distancias diferentes a los fallos que la Justicia ya aplicara en cuestiones similares, representaría brindar a la sociedad un calamitoso mensaje de que el Estado es capaz de ofrecer dos discursos, dos análisis, y confesar una personalidad desquiciada incapaz de proteger racionalmente a la sociedad a la cual sirve.

Miles de chaqueñas y chaqueños nos encontramos en total desprotección expuestos a los efectos nocivos de los agrotóxicos: por contaminación del agua, del suelo, del aire y de los alimentos; vemos que, después de las graves denuncias realizadas en las jornadas de la audiencia pública, a la desidia, sistemática y persistente, de los funcionarios públicos se suma la de los legisladores que insisten en defender proyectos que de avanzar profundizarían los daños a la salud, la vida, la biodiversidad y el ambiente causados por este sistema productivo.

Aún no se conocen los estudios que deberían hacer las Comisiones de Agricultura y de Salud de lo expuesto y de la documental aportada en la Audiencia Pública; mientras se pretende aprobar el proyecto del P. E. (que no fue puesto en discusión entre la población), que pese a las modificaciones que introduce, consideramos no garantiza la protección que requiere la población, además de no enmarcarse en las exigencias de normas ambientales de mayor raigambre ( C. N. Art. 41, C. P. Art. 38 – Ley General del Ambiente).

El ministro de Planificación y Ambiente del Chaco, Raúl Codutti, en su defensa del proyecto presentado manifestó que “es una señal para transmitirle a la sociedad” ; por lo que preguntamos: ¿Qué podemos interpretar con la propuesta de mantener en vigencia las distancias fijadas hace 24 años para las fumigaciones aéreas? Todos sabemos que hoy la superficie cultivada supera ampliamente la de aquellos años, que la tecnología utilizada en el agro es más sofisticada y que hoy son palpables las consecuencias que produce el uso de agroquímicos en la salud, la biodiversidad y el ambiente, y que las consecuencias de la contaminación serán mayores si no se toman medidas a tiempo.

El mismo Ministro admitió que “son innumerables las denuncias que tenemos de aplicaciones tanto terrestres como aéreas mal realizadas, que afectan la salud de la población”; entonces ¿es razonable mantener la distancia de 1000 metros para las aplicaciones aéreas de agrotóxicos para resguardarnos de la contaminación del agua, el suelo y el aire?

En el caso La Leonesa y Las Palmas el P.E. ha propuesto “ convocar a cada una de las partes a una audiencia a efectos de efectuar propuesta de trabajo … como paliativo a los problemas sanitarios y ambientales existentes en la zona, teniendo en miras a la salud de la población”. Ni los funcionarios ni los legisladores desconocen que existen problemas sanitarios y ambientales, por lo que la continuidad en la desidia los convierte en responsables, cuando no cómplices, de los daños que con sus acciones y/u omisiones avalan incumpliendo el mandato constitucional del Art. 38.

En el citado caso también el P. E. informa que a marzo del 2012 se tuvo que intimar a los establecimientos arroceros Cancha Larga y San Carlos para que finalicen “su inscripción en el Registro de Operadores, Generadores y Transportadores de Residuos Peligrosos”; es decir se les está permitiendo el funcionamiento aún sin cumplir con las normas ambientales básicas, y se ha aprobado el Estudio de Impacto Ambiental ( Res. Nº 548/11 – M. de Prod. y Ambiente) pese a no estar en regla su situación ante el órgano de control. ¿Qué se puede esperar de otros casos aún no denunciados?, y de otros cuyas irregularidades aún no trascienden como por ejemplo las denuncias efectuadas por los Pueblos Originarios de las Comunidades de Campo Medina y Campo Nuevo, donde desde el Ministerio de Planificación informaron en abril del 2012 que, de acuerdo a sus registros, “El Establecimiento Don Panos de la Empresa Unitec Agro S.A. no se encuentra inscripta en el Registro de Residuos Peligrosos . . .”

Todo lo expuesto, refuerza nuestro reclamo de prohibición de las pulverizaciones aéreas de agroquímicos. Dejar en manos de quienes no garantizan mínimamente el cumplimiento de una legislación vigente hace más de 20 años, de quienes no actúan en defensa de la salud del pueblo y de la preservación de los recursos naturales nos convierten también en incumplidores del mandato constitucional de conservar y defender un ambiente sano, equilibrado, sustentable para el desarrollo de las generaciones presentes y futuras y, por lo tanto, en cómplices de la degradación ambiental y la puesta en peligro de la subsistencia de nuestra propia especie”.

Rodolfo Acosta (Espacios)
Andrea Janín (Resistencia)
Juan Rajoy (Apicultor de Colonias Unidas)
Cristina Jaime (Las Breñas)
Marco Ferrau (CTA Chaco)
Gerardo Martínez (Partido Municipal "Nuevo Rumbo Placeño")
Felisa González (Colonias Unidas)
Francisco Tortella (Corriente Agraria Nacional y Popular CANPO)
Santiago Segundo (Instituto de Cultura Popular INCUPO)
María del Carmen Seveso y Alejandra Gómez Red de Salud Popular "Dr. Ramón Carrillo"

Chaco Día por Día, Internet, 14-5-12