Perú

El Gobierno aprista presidido por Alan García Pérez emprendió un ataque frontal contra las comunidades campesinas, con la emisión del Decreto Legislativo 1015 como una herramienta para despojar de los territorios ancestrales, y arrasar con las formas tradicionales de trabajo, economía y organización.

Esta actitud de la Delegación Peruana coincide con el acercamiento comercial con los EEUU de Norteamérica (TLC), percibiéndose que nuestras AUTORIDADES AMBIENTALES no encontraron mejor actitud que nominar a personas con claros intereses personales comerciales a ser portavoces en las reuniones del Protocolo de Cartagena (MOP´s).

La transnacional francesa Suez, una de las acusadas por ilegalidades ante el Tribunal de los Pueblos que sesiona aquí, anunció hoy su interés en establecer en Perú plantas de desalinización de agua de mar

El acto inaugural reunión a unas 5 mil personas que participarán en diferentes debates vinculados a derechos humanos, sindicalismo, democracia y participación, economía y desarrollo, ecología, derechos indígenas y de las mujeres, entre otros.

Las zonas MINERAS de Latinoamerica albergan altos porcentaje de POBRES y DESNUTRIDOS. Una persona que NO TIENE ingresos suficientes para tener un mínimo de servicios de salud, alimentación, vivienda, vestido y educación es POBRE. Este es el caso de una alto porcentaje de habitantes de las zonas MINERAS de Latinoamerica. Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Esquel.

EA3. "CUMBRE CONTINENTAL DE LOS PUEBLOS Y NACIONALIDADES ORIGINARIAS INDÍGENAS", 12 de mayo de 2008. Foro Internacional - Agendas Indígenas y Descolonialidad del Poder y Saber. II Cumbre Nacional - Comunidades y Pueblos Originarios Indígenas del Perú.

AIDESEP denunció la superposición de lotes de hidrocarburos sobre territorios indígenas y áreas protegidas de la amazonía peruana. Esta acusación la realizó en el marco del VII Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas que se está desarrollando en la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York.

Hace unos días se ha puesto en marcha una nueva campaña de amedrentamiento y persecución judicial contra dirigentes comunales, autoridades locales y defensores del medio ambiente, de las provincias de Ayabaca y Huancabamba en Piura, con la que se pretende silenciar los justos reclamos de las comunidades de Yanta y Segunda y Cajas, cuyas poblaciones se han manifestado democráticamente en contra de la presencia de la empresa minera Río Blanco (ex Majaz), en esa zona de la sierra piurana.