Perú

Los 34 fallecidos, 158 heridos de bala, decenas de presos y desaparecidos que faltan identificar de la masacre de Bagua, expresan el ingreso a una fase dictatorial en el Perú.

Los antecedentes son conocidos. Aprovechando facultades legislativas otorgadas por el Congreso, el Ejecutivo se despachó con una centena de decretos de diverso corte y que por cierto van mucho más allá del objetivo de la delegación recibida, que era adecuar ciertas normas nacionales para poder implementar mejor el Tratado de Libre Comercio, suscrito por el Perú con los Estados Unidos.

Denominada "Genocidio del TLC" por el presidente boliviano, Evo Morales, la masacre en Bagua que dejó cerca de 60 víctimas, entre muertos y heridos, el día 5 de junio, continúa siendo el centro del conflicto que lleva casi dos meses

Los 34 fallecidos, 158 heridos de bala, decenas de presos y desaparecidos que faltan identificar de la masacre de Bagua, entre policías, baguinos y Awajun Wampis, expresan no solo el ingreso a una fase dictatorial en el Perú, sino también la agravación de un antiguo proceso de etnocidio permitido y promovido desde el Estado.

"La lucha no ha terminado. La convocatoria al Paro Nacional se ha ratificado y el mundo continúa alerta a los sucesos en el Perú. ¡Cómo pudo un movimiento regional convocar la solidaridad y el compromiso nacional e internacional de una magnitud pocas veces antes vista? La agenda de los pueblos indígenas, su plataforma y sus propuestas, más allá de la reivindicación puntual de la derogatoria de normas inconstitucionales, se posicionó en la diversidad de movimientos sociales del Perú y el mundo."

La vicepresidenta de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Daysie Zapata, responsabilizó al Gobierno de la masacre. A su vez, aseguró que el líder de la organización, Alberto Pizango, se encuentra en Lima

Como Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, CLOC, nos incorporamos a las voces de toda la zona Andina, del Continente y el mundo en desprecio a la espeluznante matanza de nuestros compañeros y compañeras indígenas en el Amazonas Peruano.

Luego de aprobarse en el Congreso de la República la “suspensión” de los decretos legislativos 1064 y 1090, el Congresista aprista Jorge del Castillo Gálvez, acusó ayer a las organizaciones indígenas, específicamente a la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP, y la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, CAOI, de “antimodernos, cobardes y violentistas”, de llamar a la rebelión e incluso a la masacre de policías. Y dijo que derogar los decretos legislativos del TLC con Estados Unidos sería “entregarle un triunfo a la violencia, el asesinato y la subversión”.