Ecuador

"Queremos alertar a la comunidad nacional e internacional que el proyecto de reforma constitucional en defensa del agua como derecho humano fundamental y bien público se encuentra en peligro. Luego de 18 meses, la iniciativa popular de reforma ve cómo se terminan los términos para su trámite."

Puntos del informe que atenta contra el Estado Plurinacional y el Derecho Humano al Agua. En vista del contenido del proyecto de ley, convocamos a radicalizar las movilizaciones y a la desobediencia civil.

Los dirigentes de las organizaciones indígenas de los pueblos y nacionalidades del Ecuador, rechazaron tajantemente el Informe presentado a la Secretaría de la Asamblea Nacional, procesado por el presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria, que será votado el próximo jueves 13 de mayo de 2010, desde la 15:00, para la aprobación de la Ley del Agua.

"A partir del anterior martes 4 de mayo de 2010, en que se suscitaron todos los acontecimientos de dominio publico, alrededor de la aprobación de Ley de Agua, va quedando claro para todos los ecuatorianos que la construcción de esta ley nunca fue llevada de buena manera,y que no se a podido construir casi ningún consenso alrededor de la misma".

"Nuevamente son los indígenas, los campesinos, los habitantes del manglar, jóvenes, ecologistas, los que defienden el interés nacional, con el recurso de la movilización y la protesta. Su acción debe impedir que se consolide la contrarrevolución legislativa auspiciada desde el propio gobierno del presidente Rafael Correa."

La Asamblea de Ecuador anunció que el pleno votará el proyecto de Ley de Aguas este próximo jueves. Será pese a al rechazo de los sectores indígenas a esta normativa

Los indígenas ecuatorianos mantenían hoy algunos bloqueos de carreteras en la zona andina del país, la víspera de que la Asamblea Nacional Legislativa vote el proyecto definitivo de ley de Recursos Hídricos, al que ellos se oponen por temor a que de paso a una privatización del agua

Envíe una carta y exija el cese de la violencia y la garantía efectiva de que los aspectos críticos demandados por las organizaciones indígenas y campesinas sean incorporados en la ley.