Venezuela: La lucha contra el latifundio en tiempos de guerra económica

Barinas. Hato Gavilán La Chaqueta. El 1 de febrero se supo de un violento desalojo en este predio, en el cual detuvieron 14 personas, entre ellas Alexander José Soto, presidente del consejo campesino “Mil Zamoras Una Patria”. Nervis Franco López, esposa del señor Soto, narró entonces lo siguiente:

“El desalojo lo cometieron 150 funcionarios entre GNB y policía de Barinas. Quemaron documentos de identidad a varios campesinos. Golpearon a la gente, les apuntaron con los fusiles, insultaron a las mujeres y arrastraron a una por el piso. Quemaron la escuela y todos los ranchos. El señor Mancilla, supuesto dueño, tiene retenido el ganado y las guías de las reses. También incautaron motos, guadañas, motosierras, motobombas, machetes. Durante el desalojo, el mismo Manuel Mancilla le quitó a mi esposo los documentos correspondientes al proceso de rescate. Se quedó hasta con el sello del consejo campesino”.

Las 4 mil hectáreas de este hato son tierras del Estado (baldío 706 de la nación), aunque estuvieron siempre bajo el dominio de terratenientes. En 2014 se determinó que se trataba de tierras ociosas y en 2015 fue decidido el rescate, pero luego fue revocado y se le otorgó un certificado de adjudicación a Manuel Mancilla, el cual es ilegal puesto que la cantidad de hectáreas supera las permitidas por la Ley.

La gente sigue fuera del predio, el cual está tomado por los cuerpos de seguridad. Esperan que les sea devuelta la maquinaria secuestrada y las 300 cabezas de ganado que permanecen en manos de Mancilla. Y continúan exigiendo que se deje sin efecto la revocatoria del rescate que ya había sido aprobado, que se revoque el certificado de adjudicación otorgado a Mancilla, y que se proceda a la regularización de 2 mil hectáreas a favor del consejo campesino.

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Hato Las Mercedes. Municipio Pedraza, Barinas. El 7 de marzo de 2017 sucedió un violento desalojo. Fue por sorpresa y de madrugada: destrucción de viviendas, envenenamiento de pozos de agua, golpes, insultos, terror. Agentes de la Policía de Barinas y funcionarios de la GNB fueron los autores materiales. Aproximadamente 450 familias organizadas en 9 consejos campesinos fueron expulsadas de la tierra que venían ocupando y trabajando desde 2011, cuando el Inti dictaminó el carácter ocioso de 7.777 hectáreas y autorizó a los campesinos a entrar a la tierra y sembrarla. Hasta entonces habían recibido amenazas, alguno que otro ataque violento, pero nada tan fuerte. Pasado el trago amargo, la gente volvió a la tierra a comenzar de nuevo: levantar los ranchos, abrir nuevos pozos de agua, preparar la tierra y sembrarla, tratar de borrar de la memoria el terror vivido. ¿Por qué actuó de ese modo la Guardia Nacional y la Policía de Barinas? ¿Quién dio la orden?

El presidente del Inti para el momento, José Ávila, estuvo en el sitio, y luego, desde el Hato Florentino, en sesión del directorio in situ, se llegó a acuerdos y se entregó a todos los consejos campesinos una certificación que implica una ratificación del derecho a sembrar el predio. Así lo hicieron y de este modo pasó un año más. Desde agosto del año pasado existe incluso un plano elaborado por técnicos del Inti en el que se delimitan claramente los lotes que corresponden a los consejos campesinos.

Una y otra vez han acudido ante el Inti de Barinas y allí la respuesta ha sido siempre la misma: no ha llegado la notificación desde Caracas. Mientras tanto, los campesinos continúan viviendo el hostigamiento, las amenazas, la frecuente destrucción de sus siembras, el miedo. Mientras el limbo legal continúe, siguen sin poder acceder a crédito, a planes de siembra del gobierno, a programas de dotación de insumos o máquinaria: para acceder a todo ello es requerida la carta de permanencia en la tierra.

El 28 de febrero en la oficina central del INTI reciben la noticia de que el directorio decidió que se proceda a la regularización de la tierra y a su adjudicación. La alegría es mucha, pero también la incertidumbre: esperan que no se repitan las dilaciones, el engavetamiento de los expedientes. Les toca ahora el seguieminto y la presión para que el INTI Barinas concrete la decisión.

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Barinas, Ticoporo, municipio Sucre. El consejo campesino “Buscando El Socialismo” disputa legalmente el predio Golpe La Isla de 157 hectáreas. Se procedió con los pasos requeridos, se aprobó el rescate y se autorizó a los campesinos a ocupar y sembrar las 157 hectáreas del predio desde principios de 2017. Por maniobras del Inti regional quedaron únicamente ocupando 12 hectáreas. El procedimiento quedó abierto y la gente quedó a la espera del cumplimiento posterior de los siguientes pasos. En su proceso de seguimiento ante el INTI Barinas tanto el director como los funcionarios desconocen la existencia del caso, les dicen que su expediente no existe. Así ha transcurrido más de un año. Mientras tanto, en el que han sufrido el hostigamiento de los propietarios de fincas vecinas y de los supuestos dueños del predio, quienes les han amenzadado a través de grupos criminales contratados para ello. Tienen sembrado yuca, plátano, máiz, cacao. A raíz de la incertidumbre y de la ausencia de respuesta de la oficina reginal del INTI, deciden viajar a Caracas a la sede central del INTI. Allí se enteran de que el directorio decidió en enero de este año que el rescate debe avanzar hacia la regularización y adjudicación de la tierra. Ana Heredia, vocera del consejo campesino que estuvo presente en Caracas, regresa a su tierra contenta de llevar buenas noticias pero con una interrogante: ¿Cómo plantear esto en la oficina regional del INTI donde días atrás le dijeron que el expediente con su caso no existía?

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Mérida, Sur del Lago de Maracaibo. Municipio Obispo Ramos de Lora. Hace tres años se denunció como tierra ociosa 400 hectáreas del Fundo El Carmen, en manos del señor Ramón Meza, que tiene un total de 1200 hectáreas. Los consejos campesinos “Tierra nuestra” y “San Isidro”, en los que están organizadas unas 320 familias, decidieron ocupar la tierra en julio del año pasado ante la ausencia de una decisión del INTI sobre su denuncia. En octubre del año pasado los consejos campesinos decidieron tomar la sede del Inti regional en El Vigía, lo cual concluyó en que una junta interventora del Inti Central destituyera al director regional Luís Rodríguez, y ordenara la realización de la correspondiente inspección. Los campesinos denuncian que funcionarios del Inti se confabularon con el terrateniente: la inspección se retrasó hasta que el señor Meza pudo llevar 18 gandolas de ganado al predio, de modo que cuando se hizo finalmente la inspección ésta arrojó como resultado que el predio estaba productivo. La policía del estado Mérida ha realizado varios intentos de desalojo, pero la gente los ha logrado detener. La GNB con frecuencia intimida y hostiga, con presencia del señor Meza y de su hijo. En diciembre del año pasado un grupo de voceros y voceras acudió al Inti Central a solicitar una nueva inspección en vista de las irregularidades de la primera inspección realizada. Les afirmaron que dicha inspección se haría aunque hasta la fecha esto no ha ocurrido. La gente permanece en el predio sembrando plátano, yuca, maíz, arroz, con el temor permanente del próximo intento de desalojo.

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Zulia, municipio Sucre. Predio El Marullo. Los 5 consejos campesinos que disputan 500 hectáreas en este predio agrupan aproximadamente 500 familias. Las tierras son del estado, y el presunto dueño, Luis Morales, no ha podido demostrar titularidad de la tierra: solo tiene un documento del antiguo Intituto Agrario Nacional, que debe ser autenticado por el Inti y esto no ha ocurrido. El señor Morales es concejal de Voluntad Popular en el municipio Sucre de Zulia, y estuvo implicado en la quema del Banco Bicentenario durante las guarimbas en mayo de 2017. El INTI otorgó una medida de aseguramiento que autoriza a los campesinos a ocupar la tierra y sembrarla, pero poco después un Juez Agrario revocó esa medida basándose en el hecho de que las tierras no estaban productivas. Los campesinos denuncian que esto se logró gracias al Inti regional, ya que fue el Inti quien los convenció de desalojar la tierra para facilitar los trámites; así, en el lapso en que los campesinos salieron de la tierra, el terrateniente consiguió la revocatoria de la medida de aseguramiento al constatarse que no estaban en la tierra y no estaba siendo trabajada. Hoy exigen que se solucione su situación y se regularice la tierra a su favor. Solicitaron al defensor agrario que introduzca una anulación de la medida del tribunal. La gente fue desalojada sin orden de desalojo, lo que tenían era la notificación del tribunal de que se había revocado la medida de aseguramiento: se le tumbaron los ranchos y pretendían llevarse unos detenidos, pero la gente lo impidió. También han solicitado al Inti que pida la revocatoria de la medida dictada por el Juzgado Agrario, pero estos se niegan a realizarlo.

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Municipio Guanare, Portuguesa. El domingo 18 de febrero fue incendiada una escuela rural ubicada en tierras que el Consejo Campesino el Esfuerzo viene disputando legalmente desde el año 2011 a la compañía Agroforestal El Arca, por medio de un procedimiento de rescate de tierras. La gente de la comunidad denuncia que el procedimiento fue interrumpido en el año 2016 por el entonces director del Inti Portuguesa, Fermín Reyes Salazar, a quien acusan de haber negociado con los presuntos dueños.

En ocasiones anteriores habían sido quemadas varias viviendas. Esta vez, además de la escuela fue incendiado el centro de acopio. Estos hechos vienen a coronar una serie de agresiones y amenzas de desalojo que venían siendo realizadas por los supuestos dueños de la tierra, acompañados en algunas ocasiones por la GNB. Y fueron cometidos apenas un par de semanas después de que el presidente del Inti, Luis Soteldo, señalara públicamente que al Consejo Campesino El Esfuerzo había que darle la titularidad de la tierra y a apenas pocos días de que se concretara una mesa de trabajo en la que se avanzaría en detalles necesarios para resolver su caso. Esto apunta a una acción dirigida a intimidar, atemorizar y desmovilizar a la gente, demostrar poder ante la inminencia de una solución desfavorable para los terratenientes. El 24 de febrero el presidente del INTI entregó al consejo campesino la carta de adjudicación de la tierra. Luego de eso, las amenazas i hostigamiento continúan.

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Estos son sólo algunos casos de los muchos que existen en el país en los cuales el campesinado venezolano enfrenta numerosos obstáculos para concretar la satisfacción de un derecho histórico fundamental: el derecho a la tierra. En todos hay elementos que coinciden: 1) Cuerpos de seguridad del Estado con jurisdicción regional son utilizados para arremeter con violencia contra los campesinos, y para amedrentarlos y hostigarlos, sin que las líneas de mando superiores asuman las responsabilidades por las acciones de sus subordinados; 2) En las sedes regionales del INTI se le da largas a los casos, se engavetan y/o se desconocen; 3) Funcionarios del Inti en las regiones negocian con los terratenientes y/o se corrompen ante ofrecimientos de los terratenientes; 4) Poderes fácticos locales en articulación dolosa con autoridades regionales y/o municipales actúan para favorecer a los terratenientes en desmedro del campesinado; 5) Instrucciones emanadas desde el Inti Central son desconocidas o postergadas en los Intis regionales; 6) El poder judicial actúa siempre a favor de los terratenientes presumiblemente por mediación de altas sumas de dinero u otros beneficios.

Esto expresa que no existe una política cohesionada y sólida para abordar tan estratégico tema, a pesar de que se vienen haciendo propuestas al respecto. No hay una política para definir prioridades, ejes territoriales para el rescate de tierras, metas concretas por año y por estado, para acompañar al campesinado en el proceso completo, y tampoco la hay para la depuración de los miles de casos abiertos y para le cierre de los que están no más que por cumplir pocos requisitos.

Es preciso, además, que se aborde de forma cohesionada y sistemática, la investigación de todos los casos en que ha habido violaciones graves a los derechos humanos de los campesinos. Las denuncias que han circulado mediáticamente son en extremo fuertes, y esto no debería pasarse por alto. El Ministerio Público conoce de los casos y ha mantenido silencio al respecto. La conclusión exitosa de los procesos de rescate no debería implicar el abandono de la búsqueda de justicia y determinación de responsabilidades en esta materia concreta.

Constituyentistas del sector campesino y comunal, por ejemplo, han planteado la necesidad de crear una comisión especial de la ANC conformada por vocerías de estos sectores y por los constituyentistas territoriales de los municipios en donde existen disputas de tierras, por vocerías de los consejos campesinos y del Instituto Regional de Tierras, así como de los cuerpos de seguridad que actúan en las zonas involucradas.

Tampoco hay un plan en el que la lucha contra el latifundio sea uno de los ejes para una política de aumento acelerado de la producción diversificada de alimentos en el país. La depuración y regularización de los casos ya existentes así como el desarrollo de un avance planificado en el progresivo proceso de erradicación del latifundio en el país debe estar articulado con todo lo que se defina para la meta urgente de aumentar la producción. Que esto sea así preocupa sobre manera dada la coyuntura de asedio económico de la cual es víctima el país por parte de los EEUU como uno más de los mecanismos con los que se concreta la guerra económica contra el pueblo venezolano. La posibilidad de satisfacer de manera soberana, con nuestra propia fuerza de trabajo y nuestros propios recursos, las necesidades alimentarias de nuestra gente es un aspecto clave para poder superar el actual escenario de agresión imperialista y para salir airosos de una eventual escalada de dicha confrontación con el imperio estadounidense.

El tema del aumento y diversificación de la producción de alimentos (y de la erradicación del latifundio como eje clave para lograrla), debería ser parte, incluso, de un plan general y estratégico de organización y preparación de la defensa del país ante la agresión de los EEUU.

Se trata, por un lado, de la defensa de los derechos históricos del campesinado a la tierra para trabajarla y a tener una vida digna. Se trata de defender las conquistas alcanzadas como país y como pueblo en esa materia. Eso es parte central del legado del comandante Chávez. Pero se trata, además, en el actual contexto del país, de la preservación de la soberanía y la independencia nacionales. Buena parte del futuro nos la jugamos en el tema de la producción de alimentos, y allí el tema del latifundio es clave. Es un hecho que los campesinos y campesinas están de pie y en combate, dando desde ya la batalla. Pero muchas veces pareciera que están solos(as) en esa pelea, sin el acompañameinto del Estado e, incluso, con éste en contra. Nadie dice que no habrá conflicto y que en la disputa no aflorarán intereses, presiones. Falta no más la voluntad y decisión para sumir el tema en todas sus aristas. ¿Qué esperamos?

Eduardo Viloria Daboín

Fuente: CLOC - VC