Uruguay: el contrato secreto de inversión entre el Gobierno y Montes del Plata

El jueves 12/05/2011 el Semanario BUSQUEDA publicó un extracto del contrato de inversión suscrito entre el Poder Ejecutivo y la empresa Montes del Plata (consorcio Stora Enso – Arauco), firmado el 18 de enero pasado, donde se establecen los términos y condiciones que le asegura el país a la empresa para que lleve a cabo la inversión del megaproyecto de planta de celulosa en Punta Pereira, en la localidad de Conchillas del departamento de Colonia (1).

Copia de ese contrato había sido solicitada por el Ministerio Público – fiscal Enrique Viana – pero se le negó el acceso alegando que el contrato incluía una cláusula de “confidencialidad” donde ambas partes se obligaban a no divulgar información relacionada con dicho convenio. El Fiscal considera que estas negociaciones secretas del Poder Ejecutivo atentan contra lo que es un asunto de interés general o público de acuerdo a lo previsto en la Constitución de la República; contra las previsiones del marco jurídico ambiental; contra la ley de libre acceso a la información pública por parte de la ciudadanía y contra la transparencia democrática (2).

La chancha y los cuatro reales

Mediante un contrato leonino Montes del Plata se aseguró un conjunto de condiciones productivas y económicas para toda su vida útil, al cual ningún empresario nacional hubiera soñado acceder para su negocio. Esta bendición inicial del Poder Ejecutivo opera, además, como un pase libre para las sucesivas instancias que deben recorrer proyectos de esta magnitud. Algunos puntos claves se sintetizan a continuación.

1. Beneficios tributarios de todos los colores. El proyecto –en su ubicación industrial y puerto- operará bajo el régimen de zona franca recargada, y por si fuera poco, es promovido con los beneficios que determina la ley de inversiones. Las plantaciones y las faenas asociadas de manejo, cosecha y transportes, reciben todos los beneficios de la ley forestal vigente.

“En cuanto a la zona franca en que operará Montes del Plata, el documento indica que la empresa podrá solicitar la ampliación de la superficie del enclave en caso de que en el futuro el emprendimiento celulósico aumente su capacidad de producción o incorpore industrias conexas. La extensión de la zona franca será hasta un área máxima del doble de la superficie ya otorgada (361 hectáreas)”. Por si fuera poco, “el Poder Ejecutivo se comprometió a autorizar a esa empresa, como usuaria de la zona franca, a emplear un porcentaje mayor de personal extranjero” que según la Ley de Zonas Francas es de hasta un máximo del 25% de la plantilla.

2. Rentabilidad blindada para siempre. “Si hubiera cambios significativos en el régimen tributario o en materia de permisos y autorizaciones que afectaran negativamente las condiciones económicas del proyecto de Montes del Plata, el gobierno y esa empresa revisarán los beneficios especiales que se otorguen en el marco de la ley de inversiones para compensar’ los eventuales perjuicios.”

La empresa concesionaria de la terminal de contenedores del Puerto de Montevideo (la belga Katoen Natie) ya mostró la reacción de estos inversores al menor evento que afecte las condiciones de rentabilidad, sea por una acción directa del Gobierno (régimen tributario o similares), o simplemente por permitir actuar a otros agentes que compitan con sus productos, por sus materias primas, o que encarezcan servicios industriales básicos.

3. El Gobierno reclasificará los suelos – de acuerdo a la conveniencia de la empresa – para incrementar sus ganancias. El Gobierno y Montes del Plata acordaron hacer los “mejores esfuerzos para lograr una superficie forestable de 100.000 hectáreas de [nuevos suelos declarados de aptitud forestal] con posibilidad de ser plantadas dentro del radio de 200 kilómetros de la futura fábrica”. “Las partes acordaron la necesidad de ir sustituyendo las plantaciones más alejadas de la planta por otras ubicadas en un radio máximo de 200 kilómetros de Punta Pereira”.

“En el contrato se señala que la Dirección de Recursos Naturales Renovables (RENARE) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) inició un estudio que permitirá el enriquecimiento de la cartografía de suelos y una subdivisión de los categorizados como 5.02b”. “De ese estudio debería surgir una cantidad de suelos recategorizados, suficiente para las necesidades del proyecto, según el documento. Y adelanta que en caso que así no fuera, las partes harán los mejores esfuerzos para encontrar soluciones alternativas para lograr una superficie forestable de 100.000 hectáreas, con posibilidad de ser plantadas dentro del radio de 200 kilómetros de Punta Pereira”.

“El estudio o las soluciones alternativas deberán completarse en no más de tres años, sin perjuicio de ir consensuando soluciones parciales a partir de la decisión definitiva de implementar el proyecto, establece. Mientras no concluya la recategorización de suelos por parte de la RENARE (MGAP), el gobierno asumió la responsabilidad de que los suelos 5.02b que cuenten con características para ser considerados de prioridad forestal, serán considerados suelos condicionados y deberán contar con la aprobación de esa dependencia. Para cumplir con los planes de plantación de árboles el gobierno acordó emitir resolución respecto de los proyectos de esa compañía en un plazo máximo de cuatro meses, en el caso de los suelos de prioridad forestal o condicionados, y de seis meses para los que no son de prioridad forestal”.

Hasta ahora no se había logrado por parte del movimiento ambiental y por sectores académicos, que el Poder Ejecutivo revisara la definición y extensión de los suelos de aptitud forestal por argumentos de interés público, como otros criterios técnicos adicionales al tipo de suelos que se habían utilizado tradicionalmente, incluyendo características del ecosistema y de los otros recursos naturales, sus relaciones con el ciclo hidrológico, etc. Pero, por los intereses de una empresa – que ya maneja más de 200.000 hectáreas en propiedad y otras formas de tenencia – rápidamente se pone a trabajar al MGAP, y se obliga a plazos terminantes para cumplir el condicionamiento establecido.

Guayubira ya había señalado en un comunicado de noviembre de 2010 declaraciones del Intendente coloniense Walter Zimmer, quien había afirmado que “es un asesinato forestar en esta parte del país”, y remarcó en esa ocasión que “el presidente está totalmente de acuerdo con que no se foreste en Colonia”. También había agregado, “es arruinar el departamento donde somos productores de alimentos y además tenemos una reserva de agua muy importante y acá lo que va a faltar en el futuro son alimentos y agua” (4).

También en ese comunicado se adelantaba que “Montes del Plata estaría presionando al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca para que reclasifique los suelos de Colonia y ‘encuentre’ 100.000 hectáreas de prioridad forestal. En ese sentido, estarían apuntando a un grupo de suelos (5.02.b), que son los que están en la parte alta del paisaje, bastante superficiales, pero que han sido históricamente incorporados a la producción lechera, agrícola y ganadera del departamento”.

En este capítulo del memorándum se derivan entonces dos aspectos: se amplía la extensión nacional de suelos categorizados de aptitud forestal a solicitud de una empresa, y no se toman en cuenta las perspectivas de la población local y su gobierno, en aras de mejorar – aún más – la rentabilidad del megaproyecto.

4. ¿Zafando de la ley de seguridad fronteriza?… En el contrato se establece “realizar un análisis de los eventuales impactos del proyecto de ley de seguridad fronteriza y en caso que dicha norma establezca restricciones a la actividad de esa empresa, ambas partes buscarán en forma conjunta las alternativas que permitan evitar perjuicios a ese proyecto de inversión”. Esa iniciativa, enviada al Parlamento durante el anterior período de Gobierno, propone fijar una franja de 20 kilómetros de distancia de las fronteras seca y fluvial del país con los países vecinos, en la que los propietarios de los campos no podrán ser ciudadanos extranjeros.

5. …¿y del Instituto de Colonización? “El Gobierno asumió además el compromiso de que el Instituto de Colonización no ejercerá la opción de compra de las tierras que serán transferidas por las empresas Eufores y El Esparragal – vinculadas a Ence – a Montes del Plata, en la medida que se manejen ‘valores de mercado’, según el documento”.

6. Una ley a medida. El mes pasado, el MGAP autorizó a El Esparragal sociedad anónima a ser titular del derecho de propiedad de inmuebles rurales, una excepción más a favor de las sociedades anónimas pertenecientes a la empresa. El texto de la Ley de Sociedades Anónimas, cuyo espíritu fue dar respuesta a las preocupaciones por la concentración de tierras en manos de empresas extranjeras, ya incluye la excepción a favor de este tipo de empresas. Y, por si no fuera suficiente, “el gobierno se comprometió a exonerar del Impuesto al Patrimonio aplicable a las explotaciones agropecuarias de sociedades vinculadas a esa empresa, cuyos accionistas son personas jurídicas autorizadas expresamente a ser tenedoras de inmuebles rurales, otorgándole el mismo tratamiento que a las sociedades cuyos accionistas son personas físicas. Según el contrato, el gobierno aceptará como válidas esas autorizaciones para las compras futuras de tierras necesarias para el proyecto de Montes del Plata”.

En definitiva, este contrato de inversión, firmado por un funcionario representante del Poder Ejecutivo, que no cuenta con la firma de un solo ministro, que tampoco fue tratado exhaustivamente en el Gabinete de Ministros, que es de carácter secreto, establece beneficios económicos excepcionales y notables para una inversión transnacional, a los que no acceden los empresarios nacionales. Asegura demás que a futuro se compensará a la empresa ante “cambios significativos en el régimen tributario o en materia de permisos y autorizaciones que afectaran negativamente las condiciones económicas del proyecto”. Este contrato secreto define el curso de la utilización de los recursos naturales del país, de su ordenamiento territorial, de su medio ambiente, en fin, el curso del desarrollo nacional, condicionando las posibilidades de intervención de la sociedad nacional y la acción soberana de la nación por un muy largo período.

Grupo Guayubira
17 de mayo de 2010.

(1) las citas entre comillas son extractos del artículo “Si cambia reglas, el Ejecutivo compensará a Montes del Plata” publicado por el semanario Búsqueda, los textos entre paréntesis rectos son agregados de los autores para mejorar la comprensión. Ver artículo completo aquí.
(2) Ver texto completo del escrito presentado por del Fiscal Viana aquí.
(3) Ver artículo “Montes del Plata avanza sobre Colonia – La fábrica de celulosa no viene sola” aquí.

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Fuente: Grupo Guayubira