Uruguay: No saben ni escuchan que la miel está contaminada

En las últimas semanas volvieron a repetir las denuncias de la contaminación por agrotóxicos, especialmente glifosato, en la miel. Aunque este problema ya suma años, el presidente de la Sociedad Apícola del Uruguay, Rúben Reira, afirmó que el 70% de la última zafra de miel no se pudo exportar por los residuos de glifosato. Le ganamos a Argentina en esto, ya que nuestras mieles están más contaminadas que las de los vecinos.

No es la primera vez que esto sucede. En sus declaraciones a Estela Apollonio de Todo El Campo, el dirigente de los apicultores afirmó que el Ministerio de Agricultura no entiende el problema, lo minimiza, manejan datos viejos y sólo responde con palabras (1).

Pasa desapercibido que el problema es todavía más grave de lo que podrían asumirse por las declaraciones de los apicultores o por las denuncias de otros grupos ciudadanos que también enfrentan la contaminación rural. Es que si la maquinaria del Estado funcionara adecuadamente, deberían ser las reparticiones ministeriales las que identifiquen muy tempranamente que se enfrentan casos de contaminación. No tendrían que esperar a que apicultores, productores rurales o vecinos hagan esas alertas, a las denuncias en la prensa, o a tener que movilizarse para protestar. Su tarea es detectarlo inmediatamente y llevar adelante las medidas necesarias para erradicar esa contaminación.

Es más, los vecinos no tienen obligación de montar sus propios laboratorios para llevar adelante las evaluaciones. Tampoco deberían invertir su tiempo o su dinero en pagar por esas evaluaciones en laboratorios privados, ya que si eso hace lo que están mostrando es la desconfianza que le tienen al Estado. Ese tipo de estudios son una tarea y una responsabilidad de varias agencias estatales. Ellas cuentan con los dineros, los profesionales y los laboratorios para esa tarea, y tienen la obligación de realizarla.

Pero una y otra vez nos encontramos que el Estado no realiza ese monitoreo, o si lo lleva a cabo, sus informaciones no están al acceso del público. Otro ejemplo reciente ilustra esta faceta del problema. En la localidad de Gallinal (Paysandú), los vecinos denunciaban que el agua potable estaba contaminada, mientras que el presidente de OSE lo negó terminantemente. Se encaminó un análisis con un laboratorio independiente, y adivine qué se encontró: el agua de OSE tenía residuos de glifosato. Se pasó entonces a otra excusa común, donde las autoridades aseguran que la concentración de ese químico no era riesgosa (2). Esto rima con el escandaloso slogan de la “contaminación estable” instalado por la Ministra del Ambiente.

Se debe señalar que es una obligación estatal realizar los estudios y evaluaciones de calidad ambiental y de los alimentos. Y que sus resultados tienen que ser públicos. Así como se ofrece un informe meteorológico, o se brindan los indicadores del desempleo o la inflación, de la misma manera, la calidad de los alimentos y de las aguas deberían ser reportadas al público. ¿O es más importante el porcentaje del PBI que saber si lo que comemos está o no contaminado? Para ser muy claro: las obligaciones de monitoreo y evaluación del Estado no están para servir a las empresas, sino que deben cumplir con la ciudadanía.

El MGAP tiene competencias críticas en ese terreno. Pero incluso si no pueden llevar adelante ese trabajo con transparencia y eficiencia, entonces tendría que acordar hacerlo con reparticiones de la Universidad de la República.

Por lo tanto, las alertas de los apicultores son doblemente graves. Primero, es alarmante que se llegue a una situación donde indiquen que el MGAP no entiende o minimice un problema de esta gravedad. Segundo, que eso suceda deja en evidencia otro síntoma más grave: no se han hecho los estudios ambientales adecuados, o si los hicieron y conocen esa contaminación, no actúan para enfrentarla en forma adecuada porque esta problemática es repetitiva (3).

Es un poco triste que toda esta discusión estalla porque se pierden mercados de exportación, de donde parecería que es más importante el comercio exterior que la calidad de lo que comemos dentro del país. Es entonces adecuado preguntarse si en las vides, o en los cultivos de frutas y hortalizas, no se repite el mismo problema de la contaminación con glifosato y sus derivados.

No perdamos de vista que una reforma del Estado no sólo radica en cuál es el número de empleados públicos ni el salario que reciben, sino en entender que toda esa enorme estructura debe estar el servicio de toda la ciudadanía.

Notas

(1) Presidente de la SAU dijo que las autoridades “no quieren entender y minimizan” los problemas del sector, por E. Apollonio, Todo el Campo, 26 junio 2018,

(2) Análisis confirma trazas de glifosato en agua potable de Mevir de Gallinal, El Telégrafo, 2 junio 2018

(3) Por ejemplo, en 2016, Alemania rechazaba las mieles uruguayas por sus rastros de glifosato; Carmelo Portal, 10 setiembre 2016

Eduardo Gudynas

Fuente: RAPAL Uruguay