Una enmienda parlamentaria favorece el uso político del agua, impone la industria de la sequía y empeora un drama centenario

Uno de los motores de las políticas para vivir con la sequía debería profundizar el escenario de contrastes en la región semiárida brasileña, que incluye familias que necesitan caminar kilómetros para ir a buscar agua y los tanques de agua podridos que mantienen los ayuntamientos.

La dinámica de distribución de equipos de almacenamiento de agua sin planificación, señalan los expertos, favorece el clientelismo, crea brechas entre municipios, invierte prioridades y profundiza el problema centenario de la industria de la sequía.

En la serie de informes Drought Policy, Folha de S.Paulo cubrió cinco estados del noreste y capturó los efectos de esta distorsión en la vida cotidiana de los residentes ignorados por las enmiendas y las empresas estatales, con familias que a menudo tienen que elegir entre comprando comida y una botella de agua.

A nivel federal, la distribución de cisternas y la perforación de pozos es realizada por organismos como Codevasf (Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba) y Dnocs (Departamento Nacional de Obras Contra las Sequías), ambos entregados a líderes de la centrão de Jair Bolsonaro (PL) y mantenido con estos mismos líderes por el presidente Lula (PT).

En general, la planificación queda en un segundo plano. Son los llamados “barones del agua”, políticos con influencia en Brasilia, que definen el destino de los recursos a través de enmiendas, que han sido reforzadas en los últimos años. El equipamiento se elige a partir de un catálogo, como una especie de “tienda de políticos”.

“Esta es quizás una de las mayores evidencias de la permanencia de este modelo clientelista en Brasil. Y no es ese clientelismo el que no es menos dañino, sino que se da a nivel local y provoca un vaciamiento de una agenda más propositiva. Es a nivel nacional”, dice la politóloga Priscila Lapa, profesora de la Universidad Federal de Pernambuco.

Las distorsiones en las inversiones son aún más graves en regiones como el semiárido brasileño, región que incluye parte de los estados del Nordeste y el norte de Minas Gerais.

Como explica el ingeniero agrónomo João Suassuna, especialista en hidrología e investigador de la Fundación Joaquim Nabuco, el escenario de escasez exige una gestión eficiente de los recursos hídricos y de inversiones públicas.

“El agua es un recurso finito, se debe planificar su búsqueda y su uso debe hacerse con la debida precaución. La poca agua que existe necesita ser bien distribuida para el uso de la población”, afirma.

El investigador destaca que la región Nordeste posee alrededor de 70 mil represas con potencial para almacenar 37 mil millones de metros cúbicos de agua, lo que representa el mayor volumen embalsado en una región semiárida del mundo.

La prioridad, afirma, debe ser la creación de infraestructuras para que esta agua se distribuya de forma bien planificada. Pero, en general, lo que prevalece son demandas provincianas por parte de los políticos, que no siempre satisfacen las necesidades de una región determinada.

Un ejemplo, reflejado en los informes de Folha, es la adquisición de embalses con baja capacidad de almacenamiento, que requieren abastecimiento recurrente con camiones cisterna para que las familias tengan agua durante los períodos secos.

“Tenemos una historia de malos políticos que suelen gobernar con el sufrimiento y la miseria del pueblo. Este problema de los camiones cisterna, cuyo suministro depende de los ayuntamientos, es algo cruel. Hay muchos alcaldes que no suministran agua a las casas de quienes no los votaron”, afirma Suassuna.

La industria de la sequía fue definida por el economista de Paraíba Celso Furtado (1920-2004) como un modelo para enfrentar los efectos de la sequía, que resulta en el enriquecimiento de la élite económica agraria y el mantenimiento del poder por parte de los líderes políticos de la región.

El concepto mismo del Nordeste como región de Brasil aparece vinculado a la cuestión del agua, como señala el historiador Durval Muniz de Albuquerque Júnior en el libro “La invención del Nordeste y otras artes”.

La expresión aparece por primera vez en un documento público brasileño en 1919, cuando se creó la Inspección Federal de Obras contra las Sequías, bajo la presidencia de Delfim Moreira. El organismo fue creado como respuesta a la sequía de 1915, cuyos efectos se prolongaron en los años siguientes.

A partir de la década de 1920, políticos e intelectuales, entre ellos el sociólogo Gilberto Freyre, comenzaron a trabajar el concepto de Nordeste desde un punto de vista político y cultural.

Durante el gobierno de Juscelino Kubitschek, en la década de 1950, Celso Furtado impulsó la creación de la Sudene (Superintendencia para el Desarrollo del Nordeste), organismo centrado en el desarrollo regional. La creación del Noreste en su formato actual, con nueve estados, no se oficializaría hasta 1970.

En las últimas décadas, la cuestión del agua ha estado en el epicentro de las decisiones políticas para el desarrollo del Nordeste. Se llevaron a cabo importantes obras en sistemas de almacenamiento y suministro de agua, muchas de ellas bajo sospecha de corrupción.

En 2005, Lula decidió hacer de la transposición del río São Francisco su principal proyecto de recursos hídricos en la región. Objeto de controversia desde su concepción, el proyecto consumió más de R$ 16 mil millones y actualmente es objeto de un tira y afloja entre la Unión y los Estados para financiar el sistema.

Para João Abner Guimarães Júnior, especialista en recursos hídricos y profesor jubilado de la Universidad Federal de Rio Grande do Norte, las grandes obras hídricas realizadas sin criterio técnico son una constante en la región, en gobiernos de distintos partidos.

“La verdadera industria de la sequía son los grandes proyectos que tienen precios excesivos y se llevan a cabo sin ningún criterio. Esta es la industria mayorista de la sequía. La región semiárida es una reserva de mercado para la industria de la sequía”, dice Guimarães Júnior.

Defiende soluciones que incluyan políticas públicas y obras adaptadas a la realidad de cada región, la recuperación de la infraestructura hídrica y la integración de los sistemas hídricos a través de ductos que garanticen la capilaridad del suministro.

Esto implica gastar mejor los recursos que representan una parte importante del presupuesto federal.

Datos de Siga Brasil, plataforma mantenida por el Senado, muestran que el presupuesto de 2023 destinó R$ 2,3 mil millones a recursos hídricos, abarcando obras como la transposición, Aductor de Agreste, Canal do Sertão y Vertente Litorânea.

Iniciativas como el Programa Cisternas, en cambio, se han vaciado en los últimos años, al pasar de 149.000 equipos instalados en 2014 a 5.946 el año pasado. El gobierno Lula anunció la reanudación del proyecto con una inversión de R$ 562 millones, beneficiando a 60 mil familias.

Mientras tanto, la distribución de cisternas, cisternas y tanques de agua mediante enmiendas sigue siendo el buque insignia de organismos federales como Codevasf y Dnocs, un modelo que ha buscado relajar la relación del gobierno de Lula con líderes de partidos como el PP y União Brasil, que controla los estados. empresas de su propiedad.

Dice la politóloga Priscila Lapa: “La ampliación del Legislativo en la elaboración del presupuesto podría ser algo bienvenido ya que desconcentra la toma de decisiones políticas. Sin embargo, esto debería ir acompañado de otra cultura política de seguimiento por parte de la sociedad y los órganos de control. No veo que esto suceda en el corto plazo en Brasil”.