Trigo HB4: nuevas tecnologías, viejas consecuencias
Novedosos productos transgénicos e incumplidas promesas reaparecen dentro de paquetes tecnológicos. El 9 de octubre del año pasado se aprobaba el trigo transgénico mediante la Resolución 41/2020, desde el Ministerio de Agricultura. Hecho impulsado por el Instituto de Agrobiotecnología de Rosario Indear S.A. de Bioceres, una empresa a cargo de Hugo Sigman, más conocido por las vacunas del covid-19.
El trigo y la soja HB4, surgen de la investigación de Raquel Chan, que menciona la preocupación del aumento de la población, hambrunas y posibles guerras de alimentos.
Los propulsores del negocio afirman que la tecnología HB4 requeriría de un menor gasto de agua y mayor fijación de dióxido de carbono, arrogándose una ética ambiental que encubre la crematística y el lucro.
Cabe aclarar que nuestro país produce alimentos para más de 470 millones de personas, es decir para 10 Argentinas. Pese a que los alimentos están asociados al agronegocio, esto es un botón de muestra de que la producción local es más que suficiente para la totalidad del pueblo argentino e incluso de otros pueblos de la Patria Grande.
Prevalece un sometimiento imperialista con intención notoria de hambrear al pueblo silenciosamente. Sin pólvora, ni bombas, es más barato y nuestros hermanos mueren de hambre sin siquiera haber peleado, en el país de los alimentos.
El trigo transgénico HB4 es genéticamente modificado para resistir por un lado la sequía y por el otro al herbicida, una sustancia química, el glufosinato de amonio (GLA).
La secuencia del gen HB4 del girasol es la responsable de la adaptación al estrés hídrico y el otro elemento genético proviene de una bacteria, con resistencia al GLA. Desde la cuestión ambiental y sanitaria, si bien la sequía involucra causas naturales, es innegable su origen antropogénico como la destrucción de los bosques, los incendios intencionales, el uso intensivo agrícola y la desertificación que altera la capacidad del suelo de atrapar y retener humedad, como también los dragados excesivos en el Río Paraná y el exterminio de humedales. Este modelo agroexportador y de extracción, es agente causal. El mercado es dueño y señor de un problema que propone resolver con más mercado.
Otra vez, un deja vu de la Resolución 167/96 de Felipe Solá de los ´90, para aprobar la soja transgénica por primera vez en nuestro país y en América Latina, para desatar el desastre ambiental y sanitario que devino. En complicidad con la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (CONABIA), integrada por representantes del sector público y mayormente privado que, desde octubre de 1991, cumpliría la función de evaluar productos biotecnológicos. Ya en ese entonces se vislumbraba la introducción de cultivos transgénicos.
Coherentemente, durante el mismo año y mes, se disolvió la Junta Nacional de Granos, por medio del Decreto de Desregulación Económica. La secuencia se coronó con la entrega del comercio exterior a las multinacionales, que desencadenó la estrepitosa pérdida de casi setenta buques de bandera nacional en el lapso de dos meses. Sólo que a diferencia de esos años, ya no hace falta ceder el flete marítimo ni disolver ninguna junta.
Los períodos de sequía y la pérdida de cultivos se pretenden resolver forzando a la naturaleza a las leyes del capital, sin cuestionar el modelo agroexportador, ni indagar en algunos motivos para remediarlo. Así se evade el problema ambiental y al mismo tiempo se genera uno nuevo a raíz del GLA, un herbicida no selectivo, por lo que el blanco puede ser cualquier especie vegetal, además de afectar animales, entre ellos a nosotros. El caso de la toxicidad del GLA, a diferencia del glifosato, fue más factible de verificar según afirma Rafael Lajmanovich, ya que el formulado demostró un gran nivel de genotoxicidad, generando defectos en el ADN y daño neurotóxico. El alerta de los científicos argentinos coincide con la OMS, que cataloga al GLA como moderadamente peligroso. Además el formulado contiene coadyuvantes, otras sustancias químicas que interactúan con efectos aún desconocidos, a lo que se suma la combinación posible entre el glufosinato y el glifosato, en agua, suelo y seres vivos.
El herbicida se aplicaría tanto para el trigo como para la soja, ambos HB4, vulnerando la mesa de las familias, que, humildemente y casi sin opciones, consumen harinas y panificados como base central de su dieta. Fuerte contraste de situación con la rosarina Bioceres, “burguesía nacional” que cotiza en Nasdaq, asociada con Syngenta, Glencore y Monsanto, sin contradicciones de competencia, nos unen la ganancia, diría en su camiseta. Mientras tanto, el pueblo, espectador de injusticias, no podrá hacerse cargo hasta alcanzar la verdadera dimensión de lo que implica ejercer la soberanía. Pese a la realidad distópica, hay vastos ejemplos del ejercicio soberano en nuestro país, en cuanto a la producción de granos, alimentos y más, que podrían volver actualizados al siglo XXI, con un poco de amor en las venas y menos indiferencia por los que sufren. Es hora de cortar con el cumplimiento servil del qué, del cómo y quién se encarga de nuestra producción, exportación y distribución en el mercado interno. Es inadmisible que los intereses foráneos definan cuántas bocas comen, cuántas pasan hambre y cuántas otras se envenenan.
La Junta Nacional de Granos disuelta en los ´90, fue una pieza que logró permanecer y ser antecedente de una herramienta fundamental: El Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio (IAPI). Nacido en 1946, estuvo a cargo del control del comercio exterior, interviniendo en la dependencia extranjera y volcando “la lógica de la acumulación hacia el bien común” como lo señalaba Miguel Miranda. Le disputó el poder a la Sociedad Rural Argentina (SRA) y a las cerealeras. Tal fue el odio de la oligarquía y de las embajadas del imperio, que la Revolución Fusiladora del ´55 aniquiló dos veces al IAPI, para que no queden dudas.
Caso curioso fue la creación de instrumentos estatales como la Junta Reguladora de Granos, la Junta Reguladora de Carnes y el Banco Central, inicialmente en los años ´30 por la clase conservadora, para subsidiar el sector agropecuario y sostener los precios internos elevados que garantizaba una ganancia segura, en caso de que los precios internacionales tiendan a la baja. Aunque, con Perón y Miranda, ya como Junta Nacional de Granos y Junta Nacional de Carnes, cambiaron el sentido completamente y terminaron correspondiendo a intereses populares para implementar precios accesibles (precios sostén), propiciando el IAPI.
Desmembrados el IAPI y la Junta Nacional de Granos, se descentralizó aún más el poder del Estado en comisiones como la CONABIA, dirigida por los propios CEOs de compañías que aprueban sus proyectos de agrotóxicos, como es el caso de Bioceres, con conflictos de intereses. Desde el 2004 en adelante los proyectos aprobados por la CONABIA fueron, mayoritariamente referidos a herbicidas, el 60% involucraba glifosato y glufosinato de amonio.
Quien compra y vende debe ser la Argentina y quien define la tecnología de producción. En este sentido, el IAPI Corporación del Estado (C.E) podrá comprar productos, cereales, oleaginosas, carnes, como ya lo hizo y luego exportar, regulando el abastecimiento interno, fijando precios básicos, además de tomar en sus manos las decisiones sobre tecnología conveniente, aportar desde la asistencia técnica y financiera en la producción de semillas, articulando con el INTA y el INTI. Aún podemos corregir el rumbo, debemos volver al IAPI, junto al flete marítimo de bandera nacional, imponentes, odiados y temidos por el Imperio, ejerciendo activamente el intercambio comercial, en posición de poder y planificación.
Porque quién domina el comercio exterior, domina su política interna.