Tras la sombra de la palma

Públicamente toco el tema en el XI Congreso de Palmicultores realizado en Santander en mayo del año pasado, ello demuestra por un lado el peso político que mantiene este gremio para el gobierno nacional y por otro, que se está planificando esta región para responder a dichos intereses.

No es casualidad. La política agraria impulsada por Álvaro Uribe (2002 – 2010) y continuada por Santos, ha estimulado con generosas medidas el sector: subsidios que disminuyen los impuestos del bioetanol que oscilan en 900 mil millones; créditos vía Finagro por más de 280 mil millones de pesos sólo en la era Santos [2]; Uribe mediante documento Conpes 3510 definió la compra de biodiesel para mezclarlo con gasolina asegurando un mercado interno fijo y creciente donde la palma es el producto agropecuario de mayor crecimiento en su producción, 79 por ciento entre el 2002 y el 2010, según fuentes del Ministerio de Agricultura.

A la sombra de la expansión de la palma africana en el Meta, las compañías promovieron migraciones laborales que se tradujeron en asentamientos humanos que aseguraran mano de obra para las plantaciones. Reordenaron el territorio alrededor de su producción y así surgen palmeras en San Carlos de Guaroa, Veracruz en Cumaral y Dinamarca en Acacías, con una presencia alta de comunidades negras del norte del Cauca.

Al vivir al lado de la plantación no solo siembran la palma sino siembran sus vidas, y la oferta institucional se empecina en “ritualizar” este matrimonio alrededor de la agenda de competitividad. Los colegios de estas zonas sólo ofrecen programas técnicos ligados a la palma, la escasa presencia del SENA también se reduce a esta actividad y los jóvenes habitantes de estos territorios saturados en información sobre el cultivo, compiten entre sí por la oportunidad de participar en las empresas.

- “El colegio no nos ofreció más, y al final nunca lo contratan a uno porque no tiene experiencia”- comentó un joven líder ‘afro’ en la inspección de Veracruz en Cumaral, a la que agrega: “hay mucha gente que tiene sus familias en el Valle y en el Cauca y solo trabaja aquí, por lo que no le importa lo que pase con la comunidad”.

-“No tenemos universidad, ni programas técnicos, al que no le guste la palma le toca salirse del pueblo, porque aquí no hay más”, dijo un joven estudiante de San Carlos de Guaroa sobre las oportunidades de su municipio.

En materia laboral a pesar de los compromisos pactados por el país alrededor de la formalización del empleo con los tratados de libre comercio (TLC) de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, las grandes plantaciones han dado pasos hacia la contratación directa de los trabajadores con el pago del mínimo legal, pero la tercerización y precarización aumenta en otras plantaciones en donde siguen pagando al destajo.

- “Aquí nos organizamos para que nos subieran el precio a más de 20 mil la tonelada de pepa, porque a veces ni siquiera alcanzamos a cortar una en el día y el

ingeniero nos dijo que por el reclamo la iba a bajar a 17 mil y que el que no le gustara, se podía ir”, obrero agrícola de una plantación en San Carlos, un testimonio que devela la crítica situación de muchos de los trabajadores que deciden organizarse.

Según el Instituto de estudios para el desarrollo y la paz (Indepaz) la tasa de trabajadores sindicalizados alcanzaba tan solo el 1,4 por ciento, además demuestra que no existen reportes de verificación por parte del Ministerio de Trabajo en dichas zonas.

Los impactos ambientales de estas plantaciones en la Orinoquia terminan excusándose con el argumento de que no han alterado la dinámica de los bosques tropicales, y que su instalación ha sido en tierras de uso ganadero, además que recurren a decir que dichas plantaciones aportan a la energía limpia y absorben carbono.

Lo que no se tiene en cuenta es el grado de adaptación de la palma de aceite para ecosistemas tan sensibles como los que contiene la Orinoquia colombiana, en especial teniendo en cuenta la cantidad de fertilizantes usados en el cultivo.

Estas grandes plantaciones no sólo terminan vendiendo el producto natural en sí, por el contrario, también terminan exportando grandes cantidades de agua lluvia y agua dulce, cuantificadas en los que los expertos llaman huella hídrica que, por ejemplo, por unidad de masa exportada de palma se exportan 3,6 metros cúbicos de agua según un estudio reciente de la World Wildlife Found (WWF).

Ese mismo estudio demuestra que la zona donde se encuentra mayor densidad de plantaciones de palma en el departamento (Acacías, San Carlos de Guaroa, San Martín, Puerto Gaitán y Castilla La Nueva), se encuentran en una zona crítica de huella hídrica por la producción agrícola como lo demuestra el siguiente mapa:

Huella hídrica departamental - Fuente WWF – 2008

Huella hídrica municipal - Fuente WWF – 2008

Situación que lejos de ser preocupación permanente de las autoridades ambientales, se flexibiliza con la aplicación de guías ambientales menores y de medidas preventivas cuando requieren de permisos ambientales para la captación de algunos cuerpos de agua. Alarmante situación si tenemos en cuenta que son cultivos permanentes, con una vida útil que oscila en 30 años y que podría tener como consecuencia la futura degradación de los suelos y las fuentes de agua.

Más que discursos presidenciales a los oídos de los gremios, se requiere de la posibilidad real de que los habitantes de estas zonas participen en busca del goce efectivo de sus derechos sociales, en una relación sustentable con el medio ambiente; instituciones que escuchen a estas comunidades que siguen, quizás sin saberlo, en los vagones de las “locomotoras” sin decidir sobre su destino viendo como los rieles van arañando su tierra.

[1] Informe de coyuntura 2010 - 2011, evaluaciones agropecuarias. Gobernación del Meta

[2] Discurso de Juan Manuel Santos en el Congreso Nacional de Palmicultores.

(*) Proyecto Gramalote

Fuente: Censat