Torturas y represión a la Guardia Comunitaria Whasek Wichí
Desde hace semanas la prensa hegemónica de la provincia del Chaco viene desplegando una intensa campaña de demonización de la Guardia Comunitaria Whasek Wichí como venimos denunciando aquí. Intentan presentar a esta novedosa forma de organización comunitaria como una organización paramilitar y terrorista ante el conjunto de la sociedad chaqueña.
Pero la organización comunitaria contiene y construye donde el Estado está ausente y, convengamos, esa ausencia tratándose de los pueblos originarios es sistemática. El contexto de pandemia amplifica el peso del abandono. Después de Capital Federal y el Gran Buenos Aires, el Chaco es la provincia que tiene más casos de coronavirus. Ahí, en la enorme mayoría del territorio en que viven las comunidades originarias, al igual que en las villas o barrios populares del área metropolitana, falta de todo. Para empezar agua, alimentos, y la asistencia un Estado que hoy, en vez de garantizar derechos y servicios sanitarios, se dispone a la represión.
Colgado y desnudo
“Me llevaron a Fuerte Esperanza, me maltratan. A la noche del martes 12 me sacaron toda la ropa, todo, todo… Me colgaron con esposas a cada mano, estaba desnudo… Toda la noche desnudo hasta el amanecer y ahí recién me dieron mi ropa… El miércoles a la noche, otra vez lo mismo, desnudo… Yo nunca he visto que los policías actúen así. Para mí es un dolor. Yo no me canso, pase lo que pase, no me voy a cansar, voy a luchar por mi gente, por mi pueblo”.
El relato es de Carlos José Peñaloza, un joven wichí de 24 años. Recién fue liberado en la noche del viernes 15 de mayo, después que las comunidades cortaran la ruta 9 exigiendo su liberación. Al salir no recibió ningún control médico que diera cuenta de las torturas recibidas aún con las marcas de las esposas en las muñecas; y fue devuelto a su comunidad mediante un teatral operativo de la policía provincial, como si se tratara de un criminal peligroso.
La Guardia Comunitaria denunció la detención arbitraria de Peñaloza por orden de la fiscalía multifuero de Nueva Pompeya, y agregó que esta se negó a brindarle la asistencia legal y a informar por qué fue detenido. Destacaron que “en los días que estuvimos en la ruta, fueron las mujeres, ancianas, madres e hijas quienes alzaron su “digna voz”, exigiendo de una vez por todas que la “Justicia sea Justa también para los originarios”.
El narcotráfico junto al desmonte fueron las causas que dieron origen a la articulación de la Guardia. El territorio sobre el que las comunidades Wichí tienen el derecho a gestionar es de unas 100.000 hectáreas. “Gestionar” el territorio implica hacer efectivos los derechos de las comunidades sobre su territorio ancestral, consagrados por la constitución nacional y tratados internacionales suscritos por el Estado Argentino de rango constitucional. Es ejercer el rol de guardianas de la biodiversidad que la letra de consensos internacionales valora de las comunidades indígenas, e identifica con la palabra “gobernanza”.
Recuperación territorial, tensión y escalada represiva
La escalada que desembocó en tan aberrante tortura empezó a tomar impulso en abril cuando la Guardia Comunitaria denunció que por la frontera chaco-salteña de Fortín Belgrano “no hay controles suficientes para evitar el ingreso al territorio de tráficos ilegales”, además de exigir el cumplimiento de los controles que exige la cuarentena.
Defender 100.000 hectáreas con escasos recursos y con el narcotráfico descomponiendo el ya degradado tejido social comunitario, no puede ser una tarea fácil. Ante la frustración sistemática ante el reclamo al Estado, las comunidades decidieron tomar esta tarea en sus manos. No hacerlo implicaba quedarse sin monte, sin entramado comunitario, y en definitiva sin territorio.
Dentro de las 100.000 hectáreas hay caminos internos que la Guardia monitorea. El 24 de abril en uno de estos caminos se produjo un incidente que sirvió de excusa para reeditar la estigmatización mediática. En plena cuarentena una camioneta que circulaba se niega a acceder a un control. El Comisario Walter Rivero de Sauzalito intervino exigiéndole a la Guardia que dejen pasar al vehículo ante la falta de una orden fiscal para revisarlo. La Guardia se negó: al revisar el exterior del vehículo encontraron 23 panes de hojas de coca; y el interior no pudo ser revisado porque el comisario se interpuso. La Guardia sostiene que al momento de pedir que el vehículo se detenga, el conductor original soltó el volante y se pasó a los asientos traseros, una mujer con una niña pasó adelante, y una vez hecho el cambio empezó a grabar un video victimizándose. La policía provincial terminó escoltanto el auto y las personas.
Inmediatamente comenzaron las denuncias mediáticas contra la Guardia, y reflotando acusaciones de sedición y de amenazas con armas de fuego nunca probadas. Este clima forzó la intervención del Gobernador Jorge Capitanich y de la Ministra de Seguridad Provincial Gloria Zalazar, que el 30 de abril fueron al territorio. Allí se definió el refuerzo de los controles en el territorio comunitario mediante un puesto de Gendarmería, pero el hostigamiento continuó.
Pocos días después, el 3 de mayo, una joven wichí fue violada. El comisario Walter Rivero no quiso tomar la denuncia, y en el Hospital El Sauzalito, el Dr. Miguel Ángel Figueredo informó “la paciente refiere que mantuvo relaciones sexuales consentida y posteriormente comenzó el sangrado genital”. La Guardia denunció rápidamente y sumó la solidaridad de organizaciones feministas, para que la denuncia tome cuerpo y evitar la impunidad. El comisario Rivero fue trasladado de Sauzalito. Pero los medios hegemónicos publicaron que fue porque “se sintió amenazado por la Guardia Comunitaria” desde el episodio de abril con el vehículo. Nada dicen sobre su negativa a recibir la denuncia de una violación.
La Guardia sostiene que el objetivo de las torturas a Peñaloza, y la violación de la joven, son manifestaciones de violencia que buscan disciplinar a las comunidades ya que, desde que se llegó al reconocimiento territorial de las 100.000 hectáreas y las comunidades comenzaron a organizarse, los nervios de intereses vinculados con el desmonte y el narcotráfico están crispados en la zona.
El gobernador Capitanich dice “sedición”
Al momento de estas líneas Ariel Fabián, vocero de la Guardia Comunitaria, y cacique el Wichí Reynoso fueron citados a una audiencia con el Gobernador Capitanich este martes 19 de mayo. La audiencia no está convocada en un juzgado sino en el Escuadrón N°1 de Gendarmería Nacional en Saenz Peña. En la citatoria se aclara que, de no llegar a un acuerdo “se le recepcionará declaración indagatoria en orden al delito previsto y reprimido por el Artículo 229 del Código Penal –Sedición–”. Un apriete liso y llano, a manos de las máximas autoridades políticas de la provincia.
Este tipo de argumentos los encontramos en otras latitudes del impenetrable, como es el caso de la recuperación de 10.000 hectáreas en Miraflores. De la mano del reconocimiento territorial está la autodeterminación para gestionarlo, organizar la vida, construir proyecciones sobre el futuro comunitario, y nada de eso puede ser considerado “sedición” sino la consumación de derechos consagrados de rango constitucional. El Estado que viola sistemáticamente los derechos de las comunidades originarias ahora acusa de sedición…
Para la Guardia Comunitaria “a muchos les molesta que denunciemos y mostremos la realidad que vivimos como pueblo y como cultura, abandonados, sin derechos. A muchos les molesta que como Guardia tengamos voz. Simplemente a muchos les molesta que existamos.”
Frente al coronavirus nuestra sociedad y sobre todo sus organizaciones, han dado cátedra de nuestra capacidad colectiva de ser solidarios, y de reclamar por los derechos de todos. Por eso la indignación colectiva ante la muerte de Ramona Medina de la Villa 31 corrió como reguero de pólvora. En este momento las comunidades del Impenetrable y sus organizaciones están bajo el hostigamiento y la represión por parte de las máximas autoridades de la provincia del Chaco, recién asumidas bajo un paraguas político que hizo de la restitución de derechos su bandera. En este caso también es necesario todo nuestro esfuerzo; no sólo “en solidaridad” con las comunidades del impenetrable, sino para ponerle límite a la pandemia de racismo y violencia que asola nuestros territorios desde hace demasiado tiempo.
