Terratenientes contra el Plan nacional de desarrollo
La historia del conflicto está íntimamente ligada a la profunda inequidad en la distribución de la propiedad sobre la tierra. El acuerdo de paz de 2016 abordó este fenómeno en la perspectiva de superar esta dimensión del conflicto. El proyecto de cambio del presidente Petro se propuso impulsar la postergada reforma agraria, planteada en el punto 1 del acuerdo y esperada por las comunidades rurales.
En esta dirección, el Plan nacional de desarrollo (PND) se trazó la tarea de implementar políticas con recursos destinados a superar la exclusión en la ruralidad. Consciente de la necesidad urgente de una transformación estructural, el gobierno incluyó en el PND medidas para redistribuir tierras y mejorar las condiciones de vida en el campo. Estas medidas buscan cumplir con el Acuerdo de paz y avanzar hacia la justicia social, deuda secular del Estado con el campesinado.
La reforma agraria intentadas desde las luchas campesinas contra el régimen de aparcería y hacienda en los 20, así como los esfuerzos de los gobiernos liberales reformistas de los 30 del siglo XX, han chocado con la violencia terrateniente y falta de voluntad política. El conflicto armado, expresión de estas contradicciones, añadió una capa de complejidad al problema. Con la firma del Acuerdo de paz, se abrió una ventana de oportunidad para la Reforma rural integral, pero su implementación ha sido lenta y plagada de obstáculos.
Leguleyada
En este contexto, la demanda presentada por el partido conservador, protagonista en la violencia política rural desde los años 50 del siglo pasado y representante de la gran propiedad, señala que el plan promueve la “expropiación”, poniendo de nuevo en el centro del debate la cuestión agraria. No solo cuestionan la legalidad del PND, sino que desafían la visión del gobierno sobre cómo abordar una de las problemáticas más arraigadas y complejas del país.
La demanda de presunta inconstitucionalidad sobre el artículo 61, que hace referencia a mecanismos para facilitar los procesos de compra de tierras, sataniza los aspectos centrales del PND y la reforma agraria. En el fondo, esta maniobra busca desdibujar lo referente a la asignación y distribución de tierras, sostenibilidad ambiental y consulta previa. La narrativa del partido que representa los intereses de latifundistas plantea que el PND infringe los derechos de propiedad, generando inseguridad jurídica. Alegan además que, sin un marco adecuado de sostenibilidad, estas políticas llevarían a deforestación y que supuestamente no existen mecanismos adecuados de consulta previa con comunidades afectadas.
Gobierno responde
El Ministerio de agricultura, repostó radicando ante la Corte una solicitud para convocar una audiencia pública en torno a la demanda. En la argumentación, se indica que “la norma reviste especial importancia y trascendencia, no solo para el gobierno, por tratarse de un instrumento que establece estrategias para materializar las metas y objetivos económicos, sociales y ambientales trazados en el PND, sino también para el Estado en su integralidad, en la medida que contiene herramientas que permiten el cumplimiento del Acuerdo final de paz”.
La ministra Jenifer Mojica recordó que, amparado en el artículo demandado, el gobierno destinó en 2023 más de 800 millones y en 2024 adjudicó tres billones para compra de tierras. Por tanto, esta demanda buscaría frenar la iniciativa del gobierno para avanzar en su propósito de la reforma agraria. “Solicitamos una audiencia pública con la intervención de expertos en materia agraria. Se trata de una norma con profundas implicaciones, tanto en la implementación del PND como del acuerdo final de paz. Buscamos un debate amplio, que ofrezca mayor claridad a la honorable Corte constitucional sobre el fundamento, contenido y alcance de la disposición” expresó la ministra ante los medios de comunicación explicando la estrategia del gobierno.
En la exposición de motivos, la ministra señaló que la garantía del derecho a la tierra, eje central de la implementación del artículo demandado, incorpora derechos como territorialidad, alimentación, mínimo vital, libre desarrollo de la personalidad y participación, siendo estas manifestaciones de la dignidad humana y, por tanto, columna vertebral del Estado de derecho, que no riñen con el espíritu de la constitución.
El director de la Agencia de tierras, Felipe Harman, manifestó que la demanda parte de una interpretación errada y no tiene asidero para exigir la inconstitucionalidad: “Los demandantes aducen errores, sin embargo, los argumentos de las demandas no atienden la realidad del desarrollo de los procedimientos especiales agrarios”.
Un fallo clave
La decisión de la Corte tendrá repercusiones para el futuro de la reforma agraria. Un fallo favorable podría obligar al gobierno a revisar y modificar el PND, y retrasaría la implementación de las políticas de redistribución de tierras. Este escenario afectaría la confianza de las comunidades en el proceso de paz y buscaría desprestigiar el gobierno en la ruralidad, evidenciando el plan opositor.
Esta demanda pone de relieve la complejidad y sensibilidad de la reforma agraria. Los sectores que defienden privilegios de la gran propiedad acudirán a distintas estratagemas para sabotear esta política que busca superar las raíces del conflicto.
Asimismo, plantea el debate frente a la estructura del Estado, construida a la medida de estos intereses. La Corte no es un ente suprahumano y, sin duda, responde a una visión que históricamente ha estado a favor de la gran propiedad. Esta situación exige que los magistrados relacionados con negocios y grandes extensiones de tierra se declaren impedidos y que ojalá prime una posición de avanzada que ponga al centro la Constitución como carta de derechos. Deben entender su responsabilidad histórica de avanzar hacia un país que dignifique a las comunidades rurales, garantizando su derecho a la tierra y no a ser eternos expulsados y despojados. Ahí está la esencia de lo que se está en disputa: un país moderno o uno que siga atado a visiones mezquinas y semifeudales que son el combustible de la guerra en los territorios.
Fuente: Agencia Prensa Rural