Soja en Paraguay: guardias emboscaron a campesinos por cazar en un latifundio

San Vicente es una localidad del distrito de Resquín conocida por su producción agrícola. De esta zona salen semanalmente varios camiones hacia el mercado de abasto de Asunción, cargados de mandioca, maíz, zapallo y otros productos. Esta comunidad se caracteriza por un pequeño centro al que rodean 28 calles con lotes de entre 10 y 5 ha. Desde hace 7 años ha sido gradualmente rodeada por monocultivos de soja, debido a que todos los latifundios vecinos han sido deforestados y mecanizados. La ganadería extensiva anteriormente dominante en dichos latifundios se trasladó al Chaco expandiendo la frontera agrícola en un ecosistema con alta fragilidad. Los ganaderos siempre dejaban isletas de monte nativo por el caso de sequía que el ganado se alimentara de los recursos del bosque. Desde 2002 se ve el fenómeno de cambio productivo hacia la agricultura permanente. La comunidad está aislada por este anillo de propiedad privada extremadamente vigilada, teniendo sólo una ruta por donde acceder al pueblo y la falta de acceso a los recursos del monte genera pobreza al no poder cazar y pescar.

El día 18 de agosto, cuatro campesinos salieron de la comunidad para ir a cazar a su lugar habitual, un monte ubicado dentro de un latifundio de 93 mil ha, llamado Agroganadera Aguaray, propiedad de Euvaldo de Araujo, brasilero viviendo en Sao Paulo. Este latifundio ha sido deforestado mayoritariamente para implementar grandes monocultivos con rotación de soja RR con maíz o trigo. A las 8 de la noche y ya rumbo a casa, los cuatro fueron emboscados y disparados sorpresivamente por guardias del latifundio que se habían apostado en un escondite construido con ramas a un lado del camino. Éstos habían estado en la guardia sentados con sus escopetas de calibre 12 esperando a sus víctimas, así como se caza en cualquier coto de caza, pero esta vez las presas eran seres humanos.

Pedro Antonio Vázquez de 39 años, recibió una bala con nueve balines en la cabeza, que le atravesó por varios lugares el cráneo y probablemente lo mató inmediatamente. Cristino González de 48 años recibió otro tiro por la espalda y cayó al suelo. Los hijos de él fueron las otras víctimas. Crescencio de 18 años, iba delante, un balín le rozó la mandíbula y él cayó por el impacto pero rápidamente se levantó y huyó corriendo. Juan Ramón, un joven de 16 años, que iba último tuvo tiempo de volverse y esconderse en un yuyal.

Crescencio corrió los 10 km a casa y dio aviso a la familia y la comisión vecinal -él tuvo tiempo para darse cuenta lo que había ocurrido-. Sin embargo, el miedo y la impotencia retuvieron toda la noche al grupo de familiares y vecinos. Recién a la mañana siguiente, acompañados por muchos miembros de la comunidad, pudieron entrar en la hacienda a rescatar a los dos cadáveres tirados en la vera del camino. Al llegar al lugar de la tragedia y ver sólo dos cuerpos, la familia se dio cuenta que Juan Ramón se había salvado y a gritos lo empezaron a llamar hasta que el pobre salió aterrado de su escondite. De esta forma lo relatan los dos jóvenes cuando los entrevistamos en su casa que queda solo a 200 metros de la hacienda.

Ellos cuentan que con el padre cazaban frecuentemente, así como lo hacen muchos otros campesinos de la comunidad. En la familia son 12 hermanos y sólo tienen 5 ha de tierra, por ello la caza y la pesca son esenciales para la sobrevivencia de la economía familiar. No hay otro monte en las cercanías; todo ha sido desmontado a favor de la soja. Lo mismo relatan los parientes de Pedro, la otra víctima, que era soltero y vivía con su madre. Sus parientes nos muestran sus redes y anzuelos y nos cuentan lo bueno que era pescando en el río Aguaray, el único cauce en un radio de 10 km donde se puede pescar.

La población de San Vicente esta conmovida y asustada por este crimen, pero no es la primera vez que toma lugar un acto violento como este. El abogado de DDHH, Juan Martens, pudo registrar hasta 12 casos de violencia por conflictos de tierra. Se suman 5 asesinatos y 7 heridos sólo en esta comunidad, todos perpetrados por los guardias armados de los grandes propietarios. Estos asesinatos demuestran cómo la exclusión del pueblo de los bienes comunes como el bosque o el agua degrada las condiciones de vida de la población campesina. La propiedad privada y el no dar permiso de entrada quita a la gente importantes recursos de subsistencia.

Los latifundistas pretenden ignorar que desde que se asentó la población en el lugar, los campesinos pescaban y cazaban en los montes alrededor de los pueblos. Asimismo, cuando se expidieron en la Secretaría del Ambiente (SEAM) los permisos de deforestar toda la superficie alrededor del pueblo, nunca se consideró los impactos socioambientales que sufriría la población. Los vecinos relatan con nostalgia cómo era el paisaje anterior; cómo vivían rodeados de selva, donde podían satisfacer gran parte de sus necesidades. En cambio, en la actualidad los vecinos colindantes con el latifundio padecen de afecciones por los agrotóxicos de las fumigaciones masivas, sufren de la sequía consecuente con la gran perdida de masa forestal y se sienten inseguros en sus propias casas sabiendo que los guardias privados, armados como paramilitares son agentes criminales que actúan impunemente. El latifundio no ha dejado en pie la mínima cortina viva para frenar la deriva de agrotóxicos.

En toda la región de San Pedro, los dirigentes denuncian la devastación ecológica que el avance de la frontera de la soja esta produciendo. El monocultivo se está expandiendo y produce la fuerte expulsión de campesinos. Comunidades enteras están a punto de desaparecer tragadas por los sojales. La soja ha avanzado en los latifundios pero cada vez son más frecuentes los casos de brasileros que quieren comprar terrenos dentro de las comunidades expandiendo su modelo productivo devastador.

Este proceso de compra de tierras y desmonte de latifundios para expandir la soja y también los monocultivos de caña, está fuertemente promovido por la demanda de agrocombustibles en el mercado internacional. Hay que recordar que San Pedro ha sido una de las zonas calificadas por el gobierno como potencia para producir etanol y que el propio presidente del país inauguró hace algunas semanas una primera planta de biodiésel de pequeña escala (una pequeña procesadora de tártago) en la localidad vecina de Lima. Después de esta pequeña inversión vienen otras que no son pequeñas, tales como la megaplanta del Polo Agroenergético de San Pedro, que tendrá una capacidad de 200 millones de litros de etanol por año. Estos planes y la alta cotización de la soja en la bolsa de Chicago han generado mucha especulación por la tierra y por todo el departamento, agroempresarios extranjeros, principalmente brasileros, andan ofreciendoles miles de dólares a las familias por sus parcelas.

En San Vicente, el sábado 25 se mantuvo un encuentro local con más de 120 personas, con participación de dirigentes de base de varias organizaciones. El objetivo era reforzar la conciencia de la población y generar resistencia a la expansión del modelo sojero y su violencia por los terribles hechos ocurridos una semana atrás. El día anterior, se había realizado un encuentro departamental en Resquín con los mismos objetivos.

Gregorio Fernández, un dirigente local de la coordinadora de productores agropecuarios de San Vicente es concejal independiente y esta promoviendo una ordenanza contra las fumigaciones. Esta coordinadora cuenta con 28 bases y esta trabajando fuertemente en los ejes de capacitación sobre los impactos de la fumigación y el proceso fragmentador de la entrada del monocultivo, planteando un ordenamiento territorial que proteja a los asentamientos campesinos y promueva la agricultura campesina que genera alimentos para la población.

De la misma forma, por todo el departamento esta resurgiendo la Coordinadora Departamental en Defensa de la Soberanía, una instancia de múltiples organizaciones campesinas que han retomado la posta de las luchas del año 2004, cuando miles de campesinos en San Pedro salieron a la calle exigiendo acceso a la tierra y freno a la expansión del monocultivo de soja y las fumigaciones. Ahora esta nueva coordinadora se alza con los ejes puestos en las leyes de antiterrorismo, los agronegocios y los agrocombustibles. Tal como plantea Diego Segovia en su último artículo, no es casual que las nuevas reformas del código penal impulsen cárceles de 5 años por invasión de inmuebles privados y anulan la posibilidad de exigir medidas sustitutivas a la prisión. Estas nuevas leyes atentan directamente contra la población paraguaya sin tierra, sobre todo los jóvenes campesinos, y solo garantizan medidas extremas para proteger a tanta nueva inversión.

Aunque en la prensa en Paraguay, los agrocombustibles se mencionan como combustibles ecológicos, muchas organizaciones campesinas en el Departamento de San Pedro tienen claro que tanta oferta esconde trampas. Se especula mucho y se están otorgando muchos créditos nuevos para producir cultivos de agrocombustibles, repitiendo el esquema de la expansión de la soja RR desde del 2000 en la zona oriental del Paraguay, donde finalmente los créditos especulativos con altísimos intereses lograron sacar de la tierra a la gente que no quería vender. En este momento se promueve una diversidad infinita de cultivos para salvar el clima mundial: tártago, mbokayai, canola, soja, piñón, maní, algodón o mandioca. Se promete que se comprará todo y que este mercado incluirá tanto a los grandes y como a los pequeños, pero nunca se concreta que garantías tendrá el campesino. Las consecuencias ya se pueden constatar en el Brasil donde los precios de la caña bajaron un 35% por una sobreproducción del 7 %. Este hecho, lo tuvo que reconocer el propio Rodríguez en su conferencia en Asunción, donde el propuso ligeramente que hay que forzar la creación del mercado internacional de los agrocombustibles.

Se promociona fraudulentamente y no se evalúan los impactos indirectos que esta industrialización de la agricultura acarreará para el sector campesino. Estos impactos ya los sufre la población de San Vicente con sus asesinados, la especulación de la tierra, la contaminación, la sequía, la pérdida de biodiversidad y la soberanía territorial. Así lo denunció la Coordinadora de Productores Agropecuarios de San Vicente, el 20 de agosto al congreso del Paraguay, esperando una vez más respuesta del Estado Paraguayo para que proteja a su población.

moc.oohay@areivaj

Base Investigaciones Sociales

Asunción, 28 de agosto del 2007

Fuente: Rebelión