Soberanía alimentaria para territorios sanos

Soberanía alimentaria implica producción sana, comercio justo, economías locales, semillas criollas, políticas públicas para los sectores populares del campo, redistribución de tierras, acceso y gestión de territorios en manos de campesinos. 

El nuevo paradigma puso en jaque el discurso dominante de la misma FAO (organismo de Naciones Unidas para la agricultura y la alimentación), que prioriza la “seguridad alimentaria”, que implica el acceso a los alimentos pero siempre dentro del libre mercado y sin cuestionar el modelo agropecuario global.

En estas casi tres décadas de recorrido, la soberanía alimentaria se instaló como bandera de lucha (y prácticas) en numerosos países y lugares, desde organizaciones campesinas hasta el mundo académico y político. Tres países ( Ecuador,  Venezuela y  Bolivia) lo han incluido en sus Constituciones como un derecho ciudadano.

¿Quiénes son los que más producen alimentos?

Muy lejos de lo que suelen publicitar las empresas y los grandes medios de comunicación, los mayores productores de alimentos no son las compañías del agronegocio sino las familias campesinas, pueblos indígenas y pescadores. Este sector produce el 70% de los alimentos del mundo, a pesar de contar con sólo el 25% de la tierra, según reveló la ONG internacional  Grupo ETC en su investigación “¿Quién nos alimentará? ¿La red campesina alimentaria o la cadena agroindustrial?”. También detalla, en contraposición, que las empresas del agronegocio cuentan con el 75% de la tierra pero sólo producen el 25% de la comida. La propia FAO reconoce que  la agricultura familiar produce el 80% de los alimentos del mundo.

De ahí la afirmación, con alto consenso internacional, de que no puede haber soberanía alimentaria sin presencia y fortalecimiento de los sectores populares de la ruralidad.

¿Cómo se desarrolla la soberanía alimentaria?

Territorios aptos y suficientes, semillas en manos de los pueblos, agroecología, infraestructura rural y control de la cadenas de comercialización. Políticas públicas adecuadas y sostenidas en el tiempo, igualdad de género, rechazo a los transgénicos, agrotóxicos y ultraprocesados, independencia de las corporaciones del agronegocio y acceso al agua. Son algunos de los ejes comunes de las políticas en pos de la soberanía alimentaria de los pueblos.

Leonardo Melgarejo, investigador, ingeniero agrónomo e integrante de la organización Ciencia Ciudadana de Brasil, explica: «La soberanía alimentaria exige que los pueblos se organicen al punto de controlar los mecanismos de acceso a una alimentación adecuada, sana y de calidad, respetando las culturas alimentarias y desarrollando prácticas de base agroecológica, con cuidado de los ecosistemas y los bienes naturales comunes. Implica el control sobre las bases y cadenas de producción y considerar la historia, la cultura y las particularidades de los distintos territorios».

Melgarejo, que es también parte de la Unión de Científicos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina ( Uccsnal), precisa que la garantía de acceso a los derechos humanos en general y a la alimentación en particular, adquieren una dimensión política donde la población exige su responsabilidad y participación directa (organizada regionalmente) en las decisiones relacionadas con la producción y distribución de alimentos. En ese sentido, la soberanía implica la autonomía de los pueblos y gestión comunitaria de semillas, agua, insumos y gestión territorial, entre otros bienes comunes que no pueden confundirse con mercancías ni ser apropiados.

Aún no existe una forma de medir «el estado de situación de la soberanía alimentaria mundial». Sí hay avances segmentados en cuanto a procesar variables y hacer lecturas cualitativas por países o regiones.

En Argentina existe la Red Calisas (Cátedras Libres de Soberanía Alimentaria), más de 50 espacios en universidades públicas de todo el país. Desde 2022, publican su «Informe Anual de la Situación de la Soberanía Alimentaría» en el país. Entre los datos salientes, remarca que el 90% de la población argentina vive en entornos urbanos, 43 millones de personas, y que dependen de sus ingresos económicos para satisfacer sus necesidades nutritivas. Y precisa que el aglomeramiento en las ciudades ocurre en un país que se encuentra en el octavo lugar con mayor superficie cultivable a nivel mundial, con 39 millones de hectáreas, y se posiciona en el tercero en exportaciones netas de alimentos, con 32 mil millones de dólares en 2020. También ocupa la tercera posición de siembra de semillas transgénicas, atadas al uso de agroquímicos, con más de 24 millones de hectáreas.

La investigación detalla que las tierras de producción pecuaria y ganadera están cada vez más concentradas en pocas manos y los alimentos se comercializan bajo la lógica del mercado internacional, que demanda materia prima para la producción de agrocombustibles y deja de lado la necesidad nutritiva de millones de personas. La agricultura familiar y campesina participa solo en el 24%de la superficie cultivada. A pesar de ello, produce el 59%de las verduras y hortalizas consumidas por los argentinos.

El gobierno de Ecuador es un caso muy particular, casi único: realiza  un informe oficial sobre el nivel de cumplimiento de soberanía alimentaria. Toma seis pilares, con 16.6% de ponderación cada uno. En su última medición (2023) tras sumar la valoración dada a los pilares: Alimentos para el pueblo (acceso y disponibilidad), Valorización a los proveedores locales de alimentos, Localizar los sistemas alimentarios (desarrollo de cadenas locales), Situar el control a nivel local  (autonomía en la toma de decisiones), Promover el conocimiento y las habilidades (promoción de prácticas agroecológicas) y Compatibilidad con la naturaleza (prácticas agropecuarias sostenibles), da un total de 44.76% (sobre 100).

El trabajo no hace una crítica explícita a qué falta y cómo mejorar el estado de la soberanía alimentaria en Ecuador. Tampoco precisa qué políticas públicas propone para elevar los cinco parámetros que están muy lejos del ponderado 16.66%.

Una fecha emblemática para la soberanía alimentaria

Cada 17 de abril se conmemora el Día Internacional de las Luchas Campesinas, en memoria de lo sucedido en esa fecha de 1996 en Brasil, cuando la policía disparó contra campesinos del Movimiento Sin Tierra que reclamaban por su territorio. Fueron asesinadas 21 personas y heridas más de 70. Para  La Vía Campesina, organización que nuclea a agricultores de 81 países, es un día fundamental y de movilización internacional en pos de la soberanía alimentaria.

«La tierra, el agua y el territorio no son sólo mercancías. Son la base de nuestras comunidades, culturas y soberanía alimentaria. El derecho a la tierra es fundamental para que trabajadores del campo y comunidades rurales sigan  produciendo alimentos saludables a través de la agroecología campesina», señala la convocatoria de este año.

Un eje principal de lucha es la «reforma agraria popular, integral y enfocada en la soberanía alimentaria», con seis acciones principales:

• Considerar las dimensiones sociales, económicas y ambientales del uso de la tierra. 
• Enfrentar las causas estructurales de las desigualdades, las expulsiones y los despojos.
• Devolver la tierra a los pueblos y comunidades que han sido desplazadas.
• Reconocer los derechos de las comunidades campesinas e indígenas sobre sus tierras y territorios.
• Promover políticas públicas ambiciosas de redistribución de tierras agrícolas en favor de los productores de alimentos a pequeña escala, con especial atención a jóvenes, mujeres y diversidades.
• Poner fin a los acaparamientos de tierras y territorios. 

¿Por qué es necesaria la soberanía alimentaria?

«Las cifras del hambre se mantienen persistentemente altas por tres años consecutivos»,  reconoció la FAO. Afecta a 733 millones de personas en el mundo y denunció que «se está muy lejos» de alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible de (ODS2), de  Hambre cero, para 2030. El informe incluso demuestra que «el mundo ha retrocedido quince años, con niveles de subalimentación comparables a los de 2008».

En América Latina y el Caribe el hambre afectó (en 2023) al 6.2% de la población (41 millones de personas). Esto representa una disminución de 0.4%(2.9 millones de personas) con respecto a 2022. Además, la FAO precisa que 187 millones de personas en la región experimentaron inseguridad alimentaria moderada o severa. Desglosado por subregión, 110 millones de personas enfrentaron esta situación en América del Sur, mientras que 51 millones de personas en Mesoamérica y 26 millones en el Caribe.

Desde las organizaciones campesinas y académicos críticos encuentran una línea directa entre el incentivo al modelo de agronegocio (que hace eje en la exportación de commodities) y la falta de alimentos para los pueblos. 

Leonardo Melgarejo destaca que en Brasil, entre 1994 y 2024, las políticas públicas y los recursos estatales subsidiados hicieron que el área ocupada por la soja creciera de 11 a 45 millones de hectáreas, mientras que el cultivo de frijol (rubro esencial en la cultura alimentaria del país) se contrajo de 5.6 a 2.8 millones de hectáreas. «La elección de la soja frente a otros alimentos de la canasta básica muestra lo equivocado de las interpretaciones que ocultan las razones más profundas del hambre. Inherentes al capitalismo y alimentadas por la insuficiencia de medidas cortoplacistas de ‘mercado’, esas opciones actualizan un sistema colonial de saqueo aplicado históricamente a regiones donde se concentran la pobreza y el hambre», afirma.

Fuente: Saludable Saberlo