Sigue la represión y el hostigamiento contra el pueblo mapuche

Ejemplo de esto son los hechos ocurridos el jueves 7 de enero: mientras el Tribunal Oral de Angol daba a conocer el veredicto del juicio por el caso de Camilo Catrillanca (comunero mapuche asesinado en 2018), condenando a dos ex sargentos del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) por “homicidio simple consumado” y “disparos injustificados”, y a cuatro policías y un abogado por obstruir la investigación del caso. En tanto, fueron allanadas y reprimidas más de seis comunidades mapuche que se dirigían a la ciudad de Angol para presenciar la lectura de la sentencia del caso. En la localidad de Temuco, la Policía de Investigaciones (PDI) se llevó detenida a la propia familia de Camilo Catrillanca (su viuda, su madre y su hija de 7 años de edad).

Este hecho de violencia institucional del Estado chileno contra la familia de un comunero mapuche asesinado pudo ser captado y sacado a la luz por el fotógrafo independiente Camilo Tapia, que el pasado 27 de enero fue localizado en su domicilio por la misma PDI y llevado al cuartel policial para declarar como testigo por las fotografías que tomó el día del operativo que buscaban impedir la movilización de las comunidades mapuche.

Lo que queda claro es que, mientras se lleva adelante el proceso constituyente, el pueblo nación mapuche vuelve a ser el enemigo interno a destruir para un Estado terrorista y colonial, que no sólo utiliza su aparato represivo, sino que también emprende montajes jurídicos-policiales para intentar vincular a la resistencia mapuche con el narcotráfico. Así lo expresó la CAM en su último comunicado, publicado el 18 de enero de este año: “Estas operaciones político-policiales se enmarcan en una fuerte campaña institucional de carácter racista que pretende vincular a la causa mapuche con el narcotráfico y el crimen organizado. Un escenario donde se vislumbra, aparte de la estigmatización social de los medios de comunicación, la emergencia de las voces del empresariado, del latifundio y de las autoridades de gobierno, quienes sostienen que la lucha mapuche es ilegítima, terrorista y delincuencial. Una estrategia que combina distintas formas de funcionamiento; por un lado, la política-represiva y, por otra, la política-intervencionista-integracionista. No obstante, ambas tienen como eje central intentar desarmar nuestros planteamientos y arrinconar las expresiones del weichan mapuche”.

Esta grotesca vinculación persigue el objetivo de imponer de manera artificial la realidad del narcotráfico en el territorio mapuche, para, de este modo, legitimar un futuro accionar del Estado y su aparato represivo “contra las redes criminales” que operan en la zona.

En el comunicado, la Coordinadora Arauco Malleco y las comunidades en resistencia alertaron sobre la presencia e influencia de agentes externos en las comunidades, tratando de introducir drogas, principalmente en los weche (jóvenes), con el fin de transformarlos en consumidores y armar bandas dedicadas al tráfico. En el comunicado, se identificó a las drogas como un flagelo del sistema capitalista que azota a los sectores populares y que, de introducirse en la vida de las comunidades en resistencia, destruirá la matriz social, política y cultural del pueblo nación mapuche: “Entendiendo que este sistema y su orden jurídico, militar e institucional pretende exterminar física y políticamente a nuestro pueblo de cualquier modo, no trepida en introducir todos los males que están a su disposición. Hacer frente a este flagelo es también hacer frente al sistema de sumisión winka y a todas sus expresiones que han desestructurado a nuestra realidad”. 

Por otro lado, la organización autonomista mapuche manifestó su indignación con ciertos “dirigentes rastreros”, “operadores políticos” y “pseudo-intelectuales mapuche” que pretenden “teñir de multiculturalismo el proceso constituyente que han instalado los chilenos”. Identificaron al proceso constituyente y sus escaños reservados para los pueblos indígenas como la expresión de la dinámica de cooptación que la institucionalidad capitalista ha montado para la continuidad colonial. Las bancas reservadas significan la cuota de participación indígena que el Estado chileno ofrece para la gestión del capitalismo en el país, en el marco de una mayor consolidación de la lucha revolucionaria mapuche, con la práctica del sabotaje (destrucción de maquinaria y camiones) a la industria forestal y el enfrentamiento con las fuerzas represivas como algunas de sus manifestaciones de resistencia y de defensa del territorio ancestral.

En el comunicado, apuntaron que “los escaños reservados y la participación en la constituyente representan más de lo mismo; surgen desde el poder winka y para el poder winka. Y vemos con rabia y dolor cómo nuevamente en esta coyuntura se instala este artilugio en la política queriendo convencernos de que es la vía para lograr nuestros derechos fundamentales. Una vez más, cierta dirigencia, la cual no tiene las prerrogativas ganadas en la lucha territorial, sedienta de poder, intentan encausar al movimiento mapuche a la vía institucional, desconociendo una lucha que ha significado la muerte de nuestros weichafe, la cárcel política, la tortura y la represión de las comunidades en lucha”.

“Hacemos un llamado a nuestro pueblo nación a dar continuidad a la lucha autonomista y revolucionaria fortaleciendo la resistencia al capitalismo, ejerciendo el verdadero control territorial, disputando y combatiendo contra nuestros verdaderos enemigos –finalizaron-. Esta es la única vía para reconstruir nuestra nación en su matriz cultural sostenida por nuestros espacios territoriales y políticos, una vez liberados. Debemos romper con las estructuras de poder colonial, insubordinarnos a la cultura winka y sus basuras enajenantes”.

Fuente: La Tinta