Repsol-YPF fuera de Bolivia

Con motivo de la visita del nuevo presidente de Bolivia, Evo Morales, a Madrid queremos recordar que la empresa Repsol-YPF tiene acumulado en el país andino una enorme Deuda Ecológica. Y antes de hablar de "inversiones" y "garantizarlas", la Moncloa está obligada a investigar, juzgar y penalizar las violaciones de los derechos humanos y ambientales cometidos por la empresa petrolera en Bolivia y garantizar el cumplimiento del Derecho Internacional y los Convenios Internacionales ratificados por el Estado español.

En la actualidad el Gobierno boliviano instruye una investigación a Repsol-YPF por el presunto daño ambiental a una comunidad guaraní del Chaco boliviano, como informó hace dos meses la anterior ministra de Desarrollo Sostenible de Bolivia, Martha Bozo. El pasado noviembre la Asamblea del Pueblo guaraní de Itika Guasu denunció que Repsol-YPF viola los derechos indígenas. Decía el comunicado: "Hacemos saber que Repsol-YPF, sin respetar a la cultura guaraní, ha provocado una serie de daños a nuestro medio ambiente, destruyendo nuestros bosques, ahuyentando a los animales silvestres que son fuente de nuestra subsistencia y violentando nuestra forma de vida comunal, es decir, esta matando nuestra cultura. No es cierto que Repsol-YPF haya traído beneficios al pueblo guaraní, todo lo contrario, esta destruyendo nuestro territorio y lo hace violando de manera franca las leyes nacionales y los convenios internacionales”. Todo indica que Repsol-YPF realizó nuevos trabajos dentro de las Tierras Comunitarias de Origen sin una consulta previa a las comunidades indígenas y sin información sobre el tema como lo exige la nueva Ley de Hidrocarburos. Hechos similares se han ido repitiendo a lo largo de los últimos años en Bolivia.

Según el investigador sobre las actividades de Repsol-YPF, Marc Gavaldá, "en Bolivia existen 21 áreas protegidas con una extensión que representa el 15.2% del territorio nacional que hoy se ven amenazadas por la creciente actividad petrolera. Esas zonas son ricas en biodiversidad y en su territorio albergan a comunidades originarias que viven de forma sostenible. En total 11 áreas protegidas fueron invadidas por las empresas petroleras”.

Entre las compañías transnacionales que operan en Bolivia, Repsol-YPF es de las que más territorios ha intervenido. La compañía tiene un total de 22 bloques petroleros con un total de 4.973.511 hectáreas, concesiones que se superponen en 17 Tierras Comunitarias de Origen repartidas en las regiones amazónica y chaqueña. La fragilidad ecológica de los ecosistemas amazónicos coincide con la fragilidad cultural de los grupos étnicos que los habitan. Por ejemplo, durante la construcción del primer pozo exploratorio la empresa se dedicó a comprar las piezas que la comunidad guraraní cazaba para alimentarse. Desde entonces, ya no cazan para la subsistencia sino para vender las piezas a la compañía y comprar alcohol a los comerciantes que entraban a vender productos al campamento petrolero, explica Gavaldá.

En la región chaqueña, Repsol invade varios territorios guaranís, como Charagua Norte, Kaami, Itikaguasu y Tapiete. Estos territorios también son afectados por la construcción de dos gasoductos. Las leyes nacionales (Ley de Medio Ambiente y Reglamento Ambiental del Sector Hidrocarburos) e internacionales (Convenio Nº 169 de la OIT) obligan a las empresas petroleras a realizar consultas y actas de acuerdo con las comunidades afectadas. En la práctica, Repsol-YPF practica todo tipo de engaños para conseguir las firmas.

Ecologistas en Acción disiente con las apreciaciones del gobierno español que está "plenamente convencido" de que el desarrollo económico y social de Bolivia es "compatible" con los intereses de las empresas españolas. El objetivo de las transnacionales de expandir sus negocios, aumentar sus beneficios, repatriarlos a España, exportarlos a paraísos fiscales o invertirlos en especulaciones bursátiles, no es compatible con las reformas necesarias para afrontar la crisis en Bolivia. Los retos de la lucha contra la pobreza, así como la conservación del medio ambiente, pasan por un control público de los recursos naturales para su explotación sostenible.

El ministro Montilla manifestó que confía en que se preserven los intereses empresariales españoles en Bolivia con "los convenios existentes". Según las conversaciones que Ecologistas en Acción ha mantenido con la Coordinadora en Defensa del Gas de Bolivia, el movimiento social protagonista de las movilizaciones contra la privatización del gas en 2003 y 2005, "mantener los convenios existentes sería romper el consenso de los movimientos sociales y no respetar la voluntad del pueblo boliviano de recuperar el poder sobre sus recursos".

Nos parece además una aberración que el secretario de Estado de Comunicación, Fernando Moraleda, indique que el Gobierno español defiende de manera "irrenunciable" los intereses de todas las empresas españolas en el extranjero, elevando por lo tanto los intereses corporativos al rango de interés público.

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