Represión judicial contra movimiento anti-minero en Argentina y Ecuador
Noticias recientes de las acusaciones y allanamientos que están provocando las empresas mineras en contra de los movimientos contra la minería en Esquel, Argentina (el segundo lugar después de Tambogrande, Perú donde se realizó una consulta popular sobre la minería, aunque la minera Meridian no lo quiera reconocer) y en el Intag, Ecuador (donde hay un fuerte movimiento comunitario contra la transnacional Ascendant)
Estimados/as compañeros/as,
Aquí les reenvío unas noticias recientes de las acusaciones y allanamientos que están provocando las empresas mineras en contra de los movimientos contra la minería en Esquel, Argentina (el segundo lugar después de Tambogrande, Perú donde se realizó una consulta popular sobre la minería, aunque la minera Meridian no lo quiera reconocer) y en el Intag, Ecuador (donde hay un fuerte movimiento comunitario contra la transnacional Ascendant).
Favor reenviar el mensaje. Seguro que serían muy bienvenidos los mensajes de solidaridad a la gente de Esquel - ra.moc.oohay@leuqsesos - y a la gente de Intag - ten.yoh@nioced
Saludos solidarios,
Sandra
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La minera judicializa el NO A LA MINA de Esquel
SI TE OPONES A LA MINA TE HAGO UN JUICIO
Esquel, Chubut – 22/10/06. La empresa Minera El Desquite S.A., subsidiaria de la canadiense Meridian Gold Inc.[1], inició una demanda a seis vecinos de esta ciudad acusándolos de haber difundido los planes de la minera para “torcer la voluntad de Esquel” ante el juzgado correccional nacional Nº 11 de la ciudad de Buenos Aires, a cargo del Juez Luis Schelgel,
Dos de los vecinos querellados son periodistas de FM Station que difundieron la grabación denunciada por los vecinos en una conferencia de prensa. El audio corresponde a una reunión de ejecutivos y asesores de la multinacional realizada en setiembre del 2003 en la que elaboraban estrategias para conspirar contra esta comunidad y torcer la voluntad del pueblo de Esquel que rechaza rotundamente la actividad minera por el saqueo y la contaminación que provoca.
En ese cónclave dan cuenta de sus contactos con los candidatos chubutenses a gobernador de las elecciones de ese año, al igual que con varios ministros y funcionarios del gobierno nacional. También establecen utilizar a sus empleados y familiares para incidir en las juntas vecinales, entre otras medidas tendientes a lograr lo que ellos llaman “licencia social para operar”. Pero la perversidad de lo denunciado por los vecinos queda demostrado cuando uno de sus ejecutivos puntualiza textualmente que “en Esquel no se deben enterar que vamos a torcer la voluntad del pueblo”.
A raíz de de estos acontecimientos los vecinos de Esquel realizaron este fin de semana una concurrida asamblea donde se comenzaron a analizar estrategias para rechazar y denunciar este complot contra la comunidad por parte del sector minero. Entre las medidas se decidió continuar con las habituales marchas de los días 4 y otras acciones locales y nacionales.
Una conspiración respetuosa
En un comunicado emitido por Meridian Gold luego de conocido el resultado de la consulta popular del 23 de marzo de 2003 donde el 81% de la población rechazó su proyecto minero, la empresa afirmó “respetaremos la voluntad del pueblo de Esquel”.
Sin embargo, unos meses después del plebiscito en esa reunión ejecutada en Buenos Aires en septiembre del 2003, la minera planificó de qué manera iba a revertir el rechazo popular a su proyecto de explotación de una mina de oro y plata. En ella participaron directivos locales y de Estados Unidos, junto con integrantes de su consultora norteamericana Business for Social Responsability (BSR)[2] y de la argentina Braga Menéndez y Asociados[3].
Si tocan a uno tocan a todos
La persecución a media docena de vecinos es interpretado en la ciudad como una embestida contra el conjunto de la comunidad que mensualmente realiza marchas por el NO A LA MINA[4].
De esta manera, se pone en evidencia la decisión de judicializar y perseguir con el Código Penal cualquier oposición a proyectos extractivos y, lo que es más grave, ignorar la voluntad soberana de los esquelenses que tomaron una determinación rotunda en contra de los emprendimientos mineros.
La demanda ratifica la total veracidad de las decisiones tomadas en aquella reunión del 2003 y pone de manifiesto la existencia de una conspiración para ejecutar el emprendimiento minero a pesar de que usará el método de explotación a cielo abierto y lixiviación con cianuro que está prohibido por la legislación provincial[5].
Primera embestida judicial contra vecinos
Mientras a lo largo del país suman decenas las comunidades que se levantan pacíficamente contra proyectos mineros, esta demanda es el primer caso de una arremetida judicial contra vecinos.
Esta persecución tiene sus raíces ideológicas en la misma legislación minera argentina que coloca por encima de cualquier interés comunitario o regional la preeminencia de la actividad minera junto con inconcebibles beneficios fiscales, cambiarios y arancelarios a las empresas, sean nacionales o extranjeras.
En ese sentido, la política minera oficial acompañada por los gobiernos provinciales y patrocinada por el conjunto del sector minero, genera todo tipo de hostigamientos a las comunidades que resisten en defensa de las producciones sustentables y bienes naturales como el agua y el suelo.
ASAMBLEA DE VECINOS AUTOCONVOCADOS DE ESQUEL
ra.moc.oohay@leuqsesos / www.noalamina.org
Contactos, anteponer 02945 a todos los teléfonos: Matilde Lenzano 453713 - Pablo Quintana 15696341 - Andres Campos 15502363 - Lino Pizzolon 453679 - Silvia Perez 454811– Chuni Botto 452521.
[1] En el texto de la demanda a los vecinos, la empresa manifiesta que entre sus accionistas se halla un grupo con la denominación Meridian Gold Holdings (Cayman) Ltd., lo cual refiere a su probable sede en las Islas Cayman que es un conocido paraíso fiscal y centro financiero para el lavado de dinero.
[2] Tiene sede en San Francisco y se especializa en “práctica social responsable” asesorando a empresas que enfrentan o prevén conflictos por su actividad. Entre sus clientes figuran American Express Company, The Coca-Cola Company, Exxon Mobil Corporation, Ford Motor Company, General Electric Corporation, General Motors Corporation, IBM, Shell International, Sony Corporation y las grandes mineras Newmont Mining Corporation, Placer Dome Inc., Rio Tinto plc, entre otras de diversos rubros.
[3] Esta consultora asesora a empresas, gobiernos y también a diversas figuras de la política nacional y provincial, siendo quienes diseñaron la campaña electoral del actual presidente Néstor Kirchner.
[4] Cabe recordar que la minera permanece en Esquel con oficinas y depósitos, el gobierno no canceló la concesión del yacimiento ni las habilitaciones comerciales y los mineros realizan permanentes maniobras y conspiraciones para poder explotarlo.
[5] La Ley Provincial 5001 establece en el Artículo 1°: Prohíbese la actividad minera metalífera en el ámbito de la Provincia del Chubut, a partir de la sanción de la presente Ley, en la modalidad a cielo abierto y la utilización de cianuro en los procesos de producción minera.
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Minera Ascendant Cooper continúa persecusión a pobladores de Intag
BOLETÍN DE PRENSA
Quito, 18 de octubre de 2006
Por Hna. Elsie Monge
Directora Ejecutiva de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, CEDHU
CIUDADANA ESTADOUNIDENSE VINCULADA A LA TRANSNACIONAL MINERA ASCENDANT COOPER CORPORATION PRESENTA FALSAS ACUSACIONES EN CONTRA DE LÍDER DE INTAG CARLOS ZORRILLA. 11 POLICÍAS IRRUMPEN EN SU DOMICILIO.
Dentro de la campaña de persecución, amedrentamiento y agresiones, iniciada desde el año 2004 por la empresa minera canadiense Ascendant Cooper Corporation S.A. contra líderes y pobladores, opuestos desde 1995 a la actividad minera en la zona de Intag, la ciudadana estadounidense Léslie Brooke Chaplin, basada en acusaciones falsas, presentó una acción judicial; esta vez, en contra de Carlos Zorrilla, habitante de Intag e integrante de la organización ambientalista DECOIN (Defensa y Conservación de Intag).
Léslie Brooke Chaplin, quien se infiltrara en la manifestación inteña en contra de la minera, realizada el día 13 de julio de 2006 en la parte baja del Ministerio de Energía y Minas, e irresponsablemente provocara a los manifestantes repartiendo hojas volantes a favor de la minería, presentó el día 23 de agosto de 2006, diez días después de este significativo evento poblacional, una acusación en contra de Carlos Zorrilla, por supuesto robo y lesiones.
El interés por deslegitimar y causar daño a los dirigentes de la población de Intag, se refleja no sólo en la presentación de esta nueva falsa denuncia, sino en el retorcido camino que tienen que seguir unas diligencias basadas en la calumnia y la mentira: designación de un "abogado de oficio" para que teóricamente Carlos Zorrilla receptara las notificaciones de las que nunca se enteró sino hasta el día 17 de octubre de 2006, cuando a las 6:15 a.m., alrededor de 11 policías irrumpieron violentamente en su domicilio, a fin de extraer "supuestas pruebas". En efecto, ante el asombro de la esposa de Carlos Zorrila y de su hijo, uno de los policías exhibió un paquete diciendo que era marihuana. En otro momento y en el cuarto del joven, otro policía dijo haber encontrado un arma. Con todo lo cual se prevé nuevas acusaciones en base a estos objetos aparecidos repentinamente en la vivienda. Además, los 11 policías allanaron sin orden judicial, la vivienda de una familia vecina.
La manifestación del 13 de julio de 2004, fue pacífica de principio a fin, los manifestantes ni siquiera ocuparon la calle Juan León Mera, sino la plazoleta del mismo edificio del Ministerio de Energía y Minas. A lo sumo, cuando esta ciudadana, de forma inoportuna e irresponsable, se infiltró en la manifestación tratando de distribuir hojas volantes a favor de la Ascendant, las y los manifestantes se limitaron a quitarle ese material, tal como lo presenciaron varias organizaciones de Derechos Humanos, efectivos policiales y alrededor de las más de 300 personas inteñas, presentes en el evento.
Indigna el hecho de que esta ciudadana Leslie Brooke Chaplin, a más de haberse infiltrado irresponsablemente en la manifestación inteña, ahora aparezca como la acusadora de un dirigente con una transparente trayectoria de dedicación y entrega a las comunidades inteñas. Reconocido por sus méritos e incesante servicio a la comunidad. Gestor de proyectos productivos alternativos como el cultivo y procesamiento del café orgánico, que se exporta a Europa, Asia y Estados Unidos; defensor de las reservas hídricas y de la riqueza natural de los bosques nublados de la zona de Intag, impulsador de proyectos que reportan ingresos a las mujeres campesinas.
Pero indigna, aun más, el hecho de que nuestras instituciones judiciales y policiales se vean inmersas en estos retorcidos procesos en contra de pobladores inteños, constituyéndose en piezas útiles de la empresa minera Ascendant Cooper Corporation, cuyo único interés, es el de extraer minerales de la zona de Intag y procurar jugosas ganancias a como de lugar, aun a costa de la vida, libertad, bienestar y más derechos fundamentales de la población inteña y sus dirigentes.
Este juicio, al que esta vez, la Ascendant lo disfraza como de "robo y lesiones", es en el fondo una arremetida más en contra de la causa colectiva por la defensa de Intag.
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