Represas del Río Madera: la resistencia desde el ecologismo de los pobres

Dan las siete de la mañana del domingo 10 de julio de 2011 en el Distrito de Iata, en el amazónico Estado de Rondônia, Brasil. Se van congregando mujeres, hombres y niños al borde del camino. Se les recibe entregándoles una tacita para el agua y un folleto de cánticos. Entre los carteles que traen, se distinguen fotos de luchadore/as sociales que perecieron en la Amazonía en defensa de los derechos de los Pueblos, como Chico Méndez. Una hora más tarde, más de tres mil personas inician la “Romaria Da Terra e Das Águas de Rondônia”(1), una marcha popular que constituye una auténtica expresión de lo que Martínez Alier denomina el “Ecologismo de los Pobres”. Es la novena vez que se congrega esta manifestación impregnada de un profundo sentido social y ambientalista, convocada por la Diócesis de Guajará-Mirim, la Diócesis de Ji-Paraná, el Arzobispado de Porto Velho, la Comisión Pastoral de la Tierra, el Consejo Indígena Misionario y el Sínodo Luterano da Amazônia.

Las y los participantes son de comunidades y parroquias de todo el Estado, así como representantes de los 54 Pueblos Indígenas de Rondônia que integran la Coordinación de Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña (COIAB), del Movimiento de Afectados por las Represas (MAB), del Movimiento de los Sin Tierra (MST), del Movimiento de los Pequeños Agricultores (MPA), de la Pastoral de los Migrantes y de varias otras organizaciones.

Convocada con el objetivo de defender los ríos y territorios de la Amazonía, “romeras” y “romeros” marchan hasta Nova Mamoré, sobre las riberas del Río Madera, en frente de la Cachuela Ribeirao. Del otro lado del inmenso río asoma la selva boliviana, mejor preservada que la brasileña pero en igual peligro de destrucción. En efecto, es aquí donde se podría construir la cuarta hidroeléctrica del “Complejo del Río Madera”…

¿Qué es el “Complejo del Río Madera”?

Ampliemos un poco el espectro a la perspectiva regional. El “Complejo del Río Madera” incluye las represas de Santo Antonio y de Jirau, una línea de transmisión entre las dos represas, y la navegabilidad entre las ciudades de Porto Velho (Brasil), Guajará-Mirim (Brasil) y Guayaramerín (Bolivia) (2). Además, prevé líneas de transmisión entre las represas y los polos industriales del oriente brasileño y una represa binacional sobre Cachuela Ribeirao.

Este Complejo de megarepresas constituye uno de los más preocupantes conflictos sociales, económicos y ambientales implicados por el pujante desarrollo e integración de las megainfraestructuras en América del Sur, en el marco de la Iniciativa para la Integración de las Infraestructuras Regionales Sudamericanas (IIRSA). Dicha iniciativa implica la interconexión con los centros urbanos y los puertos de exportación, de las zonas menos integradas de América del Sur, pero estratégicas del punto de vista de la extracción de recursos naturales y del tránsito de mercancías. Diseñada de acuerdo con una “visión de negocios”, prioriza una vinculación con los mercados globales. Si bien promueve activamente la inversión privada, en su seno cobra gran importancia el financiamiento público y consecuente incremento de la deuda externa de los países de la región(3).

Tanto las hidroeléctricas de Santo Antonio como de Jirau forman parte desde 2007 de un gran número de megainfraestructuras contempladas en el Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC) de Brasil. En diciembre de ese año, el proyecto de Santo Antonio fue adjudicado al Consorcio MESA - Madeira Energia S.A. Las empresas constructoras y suministradoras de maquinaria que intervienen en Santo Antonio son: Odebrecht, Andrade Gutierrez, Alstom Hydro Energia Brasil, Bardella S.A. Indústrias Mecânicas, Areva Transmissão e Distribuição de Energia, Siemens Ltda, Va Tech Hydro Brasil Ltda., y Voith Siemens Hydro Power Generation Ltda. El Séptimo Informe 2009 (enero-abril) del PAC señala que esta represa tiene por objetivo una generación de 3.150 MW(4).

Localización de las represas hidroeléctricas del “Complejo del Río Madera” en Brasil y Bolivia

En lo que refiere a Jirau, que tendría una generación de 3.450 MW, el proyecto fue adjudicado en mayo de 2008 al consorcio Energia Sustentable de Brasil (ESBR), liderado por la transnacional francesa GDF-Suez (Suez Energy South America Participações Ltda.) (50.1%), conjuntamente con Eletrosul Centrais Elétricas S/A (20%), compañía Hidro Elétrica do São Francisco - Chesf (20%), y Camargo Corrêa Investimentos em Infra-Estrutura S/A (9,9%). Está siendo construida a 130 kilómetros de la ciudad de Porto Velho, en un área de densa vegetación denominada “Isla del Padre”(5). Alcanzaría su capacidad máxima en 2016.

Por su parte, en 2008, el gobierno boliviano, mediante la Empresa Nacional de Electricidad (Ende), encargó en 2008 por un monto de 8.2 millones de dólares a la empresa canadiense Tecsult, la realización de un estudio de factibilidad y diseño final del proyecto hidroeléctrico Cachuela Esperanza, sobre el Río Beni, el cual desemboca en el Madera. La represa tendría una capacidad instalada de 990 MW y un costo de 2.465 millones de Dólares.

Un caso de justicia ambiental

Lejos de representar opciones de desarrollo real en las áreas de afectación, las represas son un medio para generar electricidad destinada a alimentar los polos industriales de Brasil, algunos de ellos a miles de kilómetros de distancia del Río Madera y para asegurar el transporte fluvial de los productos de exportación. De hecho, varios de los participantes en la “9ª Romaria Da Terra e Das Águas de Rondônia” observaron que ni estaban seguros de que los habitantes de las comunidades afectadas tuvieran acceso a la electricidad tras la construcción de las represas. En el caso de Cachuela Esperanza, cabe recordar que la demanda máxima del Sistema Interconectado Nacional (SIN) es de 1.000 MW a nivel de toda Bolivia, y el consumo de las tres ciudades del Norte-Amazónico (Guayaramerín, Riberalta y Cobija), no supera los 20 MW. Por tanto, de acuerdo con la propuesta de Tecsult, el proyecto de Cachuela, con sus 990 MW sería rentable a condición de que más de 95% de la energía generada sea exportada a Brasil (ENDE, 2011).

En los últimos años, la implementación del “Complejo del Río Madera” ha generado un gran número de protestas sociales, tanto en Bolivia como en Brasil. Esto se debe a que, del punto de vista socioeconómico, ambiental y cultural, los impactos son de una magnitud que no ha sido contemplada por las autoridades brasileñas, y que afectan de manera sustancial no solamente a Brasil, sino también al territorio boliviano, sin que ello sea reconocido por el Gobierno brasileño. Son sobre todo las poblaciones más empobrecidas y vulnerables quienes sufrirán de los impactos, por lo que nos encontramos ante un grave problema de Justicia Ambiental.

En el caso de Jirau y Santo Antonio, por ejemplo, las afectaciones al régimen hidráulico implican la sobreelevación del agua en el tramo binacional, con el riesgo de inundar parte de la Amazonía boliviana. Esto sería aún peor si se construye la represa binacional en Riberao, la cual de momento se encuentra en estado menos avanzado que las otras tres.

Resulta preocupante que megaproyectos de tal magnitud no cuenten con un proceso de estudio riguroso sobre las áreas de inundación, y menos aún con información adecuada al respecto que pueda guiar el accionar de las poblaciones afectadas. La característica del “Complejo del Río Madera” parece ser la total falta de transparencia y la ausencia de procesos de consulta adecuados. En el caso de las tres represas brasileñas, se ha revisado a la alza el área de inundación, una vez comenzada la construcción, pero no se dispone de informaciones fiables y exactas. De acuerdo con CIPCA (2011), el área de afectación total de Jirau y de Santo Antonio sería de 7.932km2, es decir 793.221 hectáreas. En lo que refiere a Cachuela Esperanza, Tecsult estima que el área de inundación de la represa sería de 1.016 km2. Sin embargo, de acuerdo con CIPCA (2011), si se añaden las áreas de afectación media y de afectación por proximidad, esta se extiende a 2.211 km2, es decir, 221.100 hectáreas. Esto afectaría a 100.000 personas en 50 comunidades. Por otra parte, si se toman en cuenta los efectos del “El Niño”, que ha azotado a la Amazonía boliviana en los últimos años, el área total de afectación de Cachuela Esperanza sería de 5.3 millones de hectáreas. Hoy, las y los habitantes de las riberas del Madera y del Mamoré, cerca de Guayaramerín y de Guajará-Mirim, se interrogan sobre la extensión de la inundación en el caso en que se implemente la represa binacional. Lo mismo ocurre con las y los habitantes de Puerto Román, comunidad situada sobre el Río Beni y que será afectada por la represa de Cachuela Esperanza (véase foto).

Asimismo, desde la primera etapa de construcción de Santo Antonio, se ha evidenciado la pérdida de fauna acuática e incrementado el riesgo de contaminación del agua por mercurio, lo cual puede implicar riesgos para la salud de los lugareños, tanto en la ingestión directa de agua, como mediante la pesca. La inundación representa también la pérdida de tierras para la producción agrícola y ganadera, y para la recolecta de castaña, que es una fuente de trabajo real para gran parte de la población. Se corre también el riesgo de propagación de enfermedades infecciosas ya presentes en la región (en particular la malaria), que pueden extenderse gracias al estancamiento de aguas generado por las represas. Dadas las condiciones de marginación de la población local, que cuenta con escasos recursos y con un acceso a centros de salud muy reducido, su vulnerabilidad ante las enfermedades mencionadas es aún mayor.

El proyecto está implicando una expulsión de las poblaciones locales y su migración hacia las zonas urbanas, realidad ya visible en el área de construcción de las represas en Brasil. Así por ejemplo, las propias medidas de reasentamiento de lo/as afectado/as por Santo Antonio está provocando la deforestación de bosque nativo en Morrinhos y Santa Rita. La población protesta actualmente por la destrucción del bosque y por el hecho de que el agua que se provee en los reasentamientos organizados por las empresas constructoras les llega contaminada. Por otra parte, la revuelta de los trabajadores que construyen Jirau en marzo de este año ha desvelado el grado de explotación laboral de los casi 22.000 operarios (CPT 2011).

Preocupan también los resultados arrojados por diferentes misiones organizadas por la Plataforma Dhesca Brasil en el área de Porto Velho. En 2011, la Plataforma constató una migración hacia Porto Velho 22% más importante de lo que se había previsto al evaluar el impacto de las represas de Jirau y Santo Antonio; y un aumento de 44% de los homicidios (entre 2008 y 2010), y de 18% de la explotación sexual de menores de edad (Dhesca-Brasil, 2011). Durante la 9ª Romaria, un representante del MAB, movimiento que festejó sus 20 años de lucha por los derechos de las personas afectadas por las hidroeléctricas, recordó que la construcción de las grandes represas en el Brasil obedece a un patrón de violación de los Derechos Humanos.

Los impactos socioambientales afectarán también gravemente los territorios de los Pueblos indígenas de ambos lados de la frontera, Pueblos cuya existencia se ignora de manera reiterada en las políticas desarrollistas implementadas en la Amazonía. Al respecto, una representante a nivel del Estado de Rondonia de la Coordinación de Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña (COIAB), señaló durante la Romaria:

“Estamos aquí para mostrarles que los Pueblos Indígenas estamos vivos. Desde la época de nuestros antepasados, han venido aquí, a la Amazonía para llevarse las riquezas. Nosotros no venimos aquí en son de revancha, sino para reivindicarnos como ciudadanos brasileños que defienden la selva, que no es una mercancía. En nombre del capitalismo, de los grandes proyectos están destruyendo la Amazonía. ¿Cuántos pueblos han sido destruidos en nombre de la civilización? Somos seres humanos, y somos el futuro de Brasil. No queremos ni represas ni créditos de carbono. Buscamos la justicia, la autonomía y la igualdad para todos los Pueblos (…). Tampoco queremos los créditos de carbono, es un proyecto de muerte y nosotros estamos por la vida (…)”.

Las hidroeléctricas y el avance de la frontera agrícola sobre la Amazonía

Las hidroeléctricas en la Amazonía tienen entre sus principales objetivos el transformar a los principales ríos de la región en hidrovías, para impulsar el comercio internacional (Carvalho 2011). Efectivamente, se trata de asegurar las rutas de la agro-exportación hacia los puertos brasileños que se vinculan con Europa y Asia. Tal como lo señalamos anteriormente, las represas tienen por función, además de la generación de la hidroelectricidad, de asegurar la navegabilidad entre Guajará-Mírim y Porto Velho. ¿Por qué Guajará-Mírim? Esto se debe a que los monocultivos de soya en el Mato Grosso ya cruzaron la frontera de Rondônia y van aumentando. Su ruta de salida, con menos costos económicos, se vería facilitada con la navegabilidad del Río Mamoré y Madera, hacia Porto Velho, desde donde ya es posible navegar hasta Manaus y el Puerto de exportación de Santarem. En los entornos de las represas de Jirau y Santo Antonio, la cantidad de tierras públicas en torno a la carreteras BR – 364, que ha pasado a estar bajo el control de las empresas que construyen las hidroeléctricas es muy importante (Carvalho 2011, 3).

Por tanto, se denota la intención de potenciar el avance de la frontera agrícola. Así, CIPCA nos recuerda que de acuerdo con el consorcio Furnas & Odebrecht, en los Departamentos bolivianos de Pando y Beni se podía habilitar, en el marco de las represas, cerca de 8 millones de nuevas hectáreas para el monocultivo de soya(6). Al respecto, no podemos obviar los desastrosos impactos socioambientales generados por la agroindustria que ya son una realidad desde hace varios años en las zonas soyeras de Brasil, Argentina, Bolivia y Paraguay. Nos encontramos ante un modelo que ya ha mermado la soberanía y la seguridad alimentaria en estos países y que busca ganar cada vez más tierras sobre la Amazonía. Al punto que los grandes proyectos de infraestructructuras promueven un “profundo reordenamiento territorial”, donde la pequeña producción familiar y el extractivismo (de castaña, etc.), entre otros, tienden a ser reemplazados por actividades económicas intensivas en capital y en el uso de recursos naturales (Carvalho 2011, 5).

Durante la 9ª Romaria, un representante del Estado de Rondonia del Movimiento de los Pequeños Agricultores (MPA), movimiento que se coordina con la Vía Campesina subrayó que en la Amazonía la presencia del gran capital se articula mediante los agronegocios, los hidronegocios y el capitalismo verde.

“No estamos de acuerdo con las grandes hidroeléctricas porque no generan desarrollo para el ser humano, sino para las grandes corporaciones internacionales (…). Aquí en la Amazonía también está llegando el capitalismo verde, con el mercado de carbono. Llega con la máscara de cierto ambientalismo, pero tiene por objetivo el control de los territorios indígenas y de las comunidades campesinas. La gente está perdiendo el acceso a los recursos naturales. El agronegocio, que ya acabó con la tierra en el Sur del país, llega y expulsa a la gente que migró hace años hacia la Amazonía (…). Nuestras grandes enemigas en Brasil son las grandes corporaciones como Cargill, Syngenta, y otras. En Brasil, a quien se criminaliza es a los pobres (…). El bioma amazónico debe ser respetado. La Amazonía es patrimonio de la Humanidad. En concreto, el objetivo del MPA es la producción de alimentos sanos, libres de agrotóxicos, para las y los trabajadore/as del la ciudad y del campo. Defendemos la Soberanía Alimentaria”.

Por su parte, un representante del Movimiento de los Sin Tierra (MST) que también participó en la Romaria, recordó que los megaproyectos se están realizando en el contexto de la apropiación por parte de las élites brasileras de las mayores riquezas del país, en detrimento de los más empobrecidos. Por ello se requiere más que nunca la coordinación entre las y los trabajadore/as del campo y de la ciudad. Apeló al sentimiento de indignación ante las injusticias que están ocurriendo. Por ejemplo, señaló que:

“Las y los brasilero/as están consumiendo, sin saberlo, agrotóxicos aplicados por la agroindustria. Cada ciudadano/ brasilero/a consume cada año en promedio cinco litros de agrotóxicos (…). Yo les pregunto: ¿desde cuando es necesario usar venenos para producir en la agricultura?”.

Anticooperación española en el “Complejo del Río Madera”

En el caso de “Complejo del Río Madera” nos importa subrayar el papel del capital no solamente brasileño, sino también europeo, y español en particular. Empresas y bancos interfieren una vez más negativamente en el bienestar y posibilidades de alcanzar el “Buen Vivir” en los países y regiones más empobrecidas.

Tal como se señaló anteriormente, la transnacional francesa Suez está participando en la construcción de la repesa de Jirau. Por otra parte, es importante subrayar el papel activo que ha jugado, en el financiamiento del “Complejo del Río Madera”, el Banco Santander, el cual llegó a tener 10% de las partes del Consorcio que obtuvo la licencia para la construcción de la represa de Santo Antonio, habiendo además contemplado participar en la construcción de Jirau. Probablemente a raíz de la presión de la sociedad civil, el Banco disminuyó su participación, hasta vender la totalidad. No obstante, mantiene un papel importante, ya que es el “Banco-Agente”, liderando al grupo de entidades bancarias que financian a Santo Antonio. El protagonismo del Santander en este caso indica el incumplimiento de las Convenciones y Protocolos Internacionales a las cuales pretende acogerse de acuerdo con su propia política de “Responsabilidad Social y Ambiental”, además de los “Principios de Ecuador”, que ha suscrito, y que indican la necesidad de verificar la sostenibilidad de los proyectos de alto y medio impacto socioambiental antes de proceder al financiamiento (Vargas, Reyero y Maeso 2010).

A su vez, la transnacional española Abengoa, que tuvo un papel protagónico en el año 2000 durante la Guerra del Agua de Cochabamba, participa en 51% en la construcción de la línea de transmisión eléctrica que vincula a lo largo de 2.375 km la ciudad de Porto Velho con aquella de Araraquara, cerca de Sao Paulo. Se trata pues de llevar la energía de las represas del Madera hacia la lejana industria presente en el Sur de Brasil. Finalmente, la Compañía Española de Seguros de Créditos a la Exportación (CESCE) evalúa desde junio del 2010 el apoyar la construcción de la línea de transmisión de Abengoa(7).

Se debe resaltar asimismo la no-intervención del Gobierno español en el caso del Madera, lo cual se sitúa en contradicción con el Plan Director de la Cooperación Española (2009-2012) (8), y en particular con el principio asumido de “Coherencia de Políticas para el Desarrollo”. De hecho, más que “cooperar”, el gobierno y las empresas españolas “anticooperan” (Llistar 2009). El Gobierno ha firmado y ratificado un número importante de Instrumentos y/o Declaraciones Internacionales, que son incumplidos en el caso del Madera. Peor aún, la actual política gubernamental de respuesta a la crisis económica tiene, entre sus componentes principales, el apoyo con fondos públicos a las empresas españolas, buscando promover su internacionalización. Estas políticas son aplicadas sin tener en cuenta que 9 de las 27 empresas europeas juzgadas en Madrid en mayo del 2010, ante el Tribunal Permanente de los Pueblos, eran españolas(9). Fueron denunciadas por violaciones sistemáticas de los Derechos Humanos y de los derechos de los Pueblos. Así, la irresponsable participación del Santander y de Abengoa en el “Complejo del Río Madera”, no es una excepción, sino más bien una práctica reiterada en el actuar de las empresas transnacionales españolas en los países del Sur.

A manera de conclusión

Al enfrentar a los megaproyectos en la Amazonía, Carvalho (2011) nos recuerda que sus impulsores conforman un bloque de fuerzas políticas y económicas, nacionales e internacionales, que busca actualmente el apoyo popular a las megainfraestructuras, con el argumento de un supuesto “desarrollo”. Se busca así generar una nueva ola de expansión del capital en la región, tal y como ocurrió en la época de la dictadura militar, cuando una masa empobrecida ingresó en la Amazonía. Además se trata de un bloque que tiene articulaciones a nivel internacional. Es por ello que la resistencia debe también actuar a diferentes escalas. Hoy, la agresión del capital llega por diferentes canales a la Amazonía, en pos del acaparamiento de sus riquezas y en detrimento de sus Pueblos. Esto no solo ocurre en Brasil y Bolivia, sino en el conjunto de países amazónicos. Es importante tener un máximo de información sobre quién participa y financia los megaproyectos, articular los esfuerzos desde los países-sede de las empresas y bancos que obtendrán las ganancias, y los países afectados, para poder hacer denuncias, tejer la resistencia, multiplicar iniciativas como la “9ª Romaria Da Terra e Das Águas de Rondônia”, y revertir este proceso.

Mónica Vargas Collazos
Observatori del Deute en la Globalització
tac.gdo@sagrav.acinom

Notas:

(1) Se puede ver y descargar imágenes de la “9ª Romaria Da Terra e Das Águas de Rondônia” aquí.

(2) La navegabilidad y consecuente establecimiento de una hidrovía se vincula en este caso con las represas hidroeléctricas al ser previsto un sistema de esclusas para la navegación (BIC, 2009).

(3) Véase aquí

(4) BNDES-Noticias, 18 de diciembre de 2008.

(5) BIC. “UHE Jirau”, disponible aquí

(6) CIPCA (2001). Op. Cit.

(7) Véase aquí

(8) Véase aquí

(9) Véase aquí