Reportaje desde Bolivia: la Asamblea Constituyente ¿herida de muerte?

“Herida de muerte” por las fuerzas de la derecha (según el vicepresidente de la república, Álvaro García Linera) se empeñan en salvarla el propio gobierno —que cifra en él la posibilidad de reelección del presidente Evo Morales—, parte de las organizaciones campesinas e indígenas que desde los setenta pelean por el reconocimiento de sus derechos en una nueva Constitución, y una parte de las fuerzas políticas representadas en los partidos políticos tradicionales (muy maltrechas luego de la rebelión popular de octubre de 2003 que llevó a la caída del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada), que lograron tomar nuevos aires mediante el proceso constituyente.

Para algunos intelectuales, para las principales organizaciones indígenas y para fuerzas sociales otrora muy poderosas como la Central Obrera Boliviana (COB), la AC fracasó desde que la ley de convocatoria privilegió a los partidos para el registro de candidaturas, lo que obligó a los movimientos sociales a negociar con ellos su inclusión en las listas partidarias.

Unos días antes del 2 de julio de 2006, en que se eligió a los 255 constituyentes, el dirigente nacional de la COB, el minero Pedro Montes, advertía: “los que luchamos en las jornadas de octubre [de 2003] hemos pedido una AC con participación de las organizaciones sociales, no hemos luchado para hacer revivir a los partidos tradicionales…”

El entonces dirigente del Conamaq —Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Qollasuyu—, Martín Condori, declaró al periódico indianista Pukara, la “traición” del presidente Morales al incumplir el pacto de incluir en las listas de su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), a los candidatos elegidos por las comunidades.

Sin embargo, ni el Conamaq (que representa a pueblos indígenas de tierras altas, aymaras y quechuas) ni la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) que representa a pueblos originarios de las tierras bajas, rompieron con el gobierno de Morales, y a través de algunos constituyentes salidos de sus filas trabajan por concretar sus demandas en una nueva Constitución.

También se realizó un referéndum sobre la autonomía departamental, promovido por el Comité Cívico Pro Santa Cruz, con más de medio millón de firmas, en el cual el SI por las autonomías ganó en Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando (la denominada media luna) y el NO en los otros cinco departamentos del país.

El MAS obtuvo poco más del 53% de la votación. Su bancada incluye un buen número de indígenas, campesinos, colonos, dirigentes vecinales, sin ninguna experiencia legislativa, lo que fue criticado por muchos comentaristas en diversos tonos de racismo y clasismo, llegando a hablar de la “irresponsabilidad de pretender que legislen los analfabetos” como señaló Manfredo Kempff, ex diplomático y colaborador del dictador Hugo Banzer.

La AC llegó al pasado 6 de agosto, fecha en que debía entregar la nueva Constitución, sin haber aprobado un artículo de la misma. El foro se entrampó nueve meses en la discusión sobre las modalidades de la votación. El asunto se zanjó estableciendo la aprobación por mayoría absoluta en comisiones y “en grande” por la plenaria; y por dos tercios “en detalle” por la plenaria de los artículos.

El gobierno logró negociar con la oposición derechista de Poder Democrático y Social, que controla el Senado, una ampliación del plazo, hasta el 14 de diciembre, al costo de quitarle en los hechos lo “originario y plenipotenciario”, al ceder que sea el Congreso y no la propia AC la que formule las preguntas para el referéndum que habrá de dirimir si se aceptan o no las propuestas de cambio a la Constitución vigente.

La AC sigue sin aprobar un solo artículo, rehén ahora de la demanda de capitalidad (traslado de los poderes Ejecutivo y Legislativo de La Paz a Sucre, capital formal del país), añeja exigencia que estuvo archivada y que fue oportunamente instalada en la agenda constituyente por la oligarquía de Santa Cruz, vía los asambleístas de Podemos.

El grupo que comanda la prefectura (gubernatura) y a los cívicos cruceños, parece apostarle al fracaso de la AC, para evitar que haya los más mínimos cambios a un orden que le es históricamente favorable, y tener el pretexto de poner en marcha “de facto” su proyecto autonómico, que más que desembocar en la descentralización de competencias parece apuntar a crear un Estado independiente, como de rato en rato anuncian los radicales de la “Nación Camba”.

Desde su instalación la AC logró sin embargo aprobar en comisiones informes por mayoría y minoría. El pasado octubre, García Linera creó, con otras 14 fuerzas y partidos políticos tradicionales representados en el foro, una Comisión Suprapartidaria (CS) en que se logró consensar algunos temas conflictivos, que representarían un 85 por ciento de los cambios: la caracterización del Estado, el sistema económico, las autonomías y descentralización.

Dichos acuerdos no apuntan a una refundación sino apenas a algunas reformas que incluyan a los pueblos originarios, reconozcan algunos de sus derechos y modernicen el propio Estado. Y podrían quedar en nada si naufraga la AC, con lo que los conflictos volverían a las calles.

La caracterización del Estado acordada en la CS, que para algunos analistas es “una ensalada”, dice que “Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, autonómico y descentralizado, democrático, libre, independiente, soberano e intercultural. Se funda en la pluralidad y en el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico dentro del proceso integrador del país”.

Lázaro Tacoo, responsable por la CIDOB de darle seguimiento a los trabajos de la AC, comentó a Ojarasca que las cinco demandas de los pueblos indígenas que debe incluir la nueva Constitución son “el Estado plurinacional, tierra-territorio, recursos naturales, derechos colectivos, autonomías indígenas y representaciones directas”.

Esas demandas consiguió incluirlas en las comisiones de la AC y faltaban sólo las representaciones directas en el Congreso. Sin embargo eso no se refleja en los acuerdos de la CS.

Por ello, CIDOB y Conamaq emitieron un “rechazo enfático” a los acuerdos de la CS referidos a las autonomías indígenas que “pretenden vulnerar” los derechos de las naciones y pueblos indígenas consagrados en el Convenio 169 de la OIT y la declaración de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, que ya es ley en Bolivia.

Exigieron la constitucionalización de sus sistemas políticos, participar directamente en el Congreso y en los distintos niveles de gobierno del Estado, pues de lo contrario “pierde sentido la fundación de un Estado plurinacional”, y que se respeten “los informes de mayoría aprobados en las comisiones que incorporan nuestras propuestas en el debate constituyente”.

Ambas organizaciones y otras de vecinos, colonos, campesinos, gremiales, cocaleros, se declararon en emergencia y anunciaron que se movilizarían a Sucre a defender la Constituyente, que se ha visto impedida violentamente por los partidarios de la capitalidad, de reanudar sus sesiones.

“No es solamente el interés de los pueblos indígenas, es de todos los sectores sociales que han sido siempre excluidos. Nosotros estamos convencidos que es un proceso, no vamos a conseguirlo todo pero sí tenemos que salvar la AC y que entregue al país una nueva Constitución”, afirmó Tacoo.

Rosa Rojas, La Paz, 11 de noviembre

Fuente: La Jornada, sumplemento Ojarasca