Protestan por detención de líderes indígenas
Tras la detención repentina de las autoridades indígenas Luis Pacheco y Héctor Chaclán a pedido de la Fiscalía, cientos de campesinos bloquearon al menos 11 carreteras exigiendo su inmediata liberación.
Al menos 11 carreteras han sido bloqueadas en Guatemala este 28 de abril por cientos de campesinos en rechazo a la detención de los líderes indígenas Luis Pacheco y Héctor Chaclán.
Ambos son exdirigentes de la organización que encabezó las protestas en 2023 reclamando la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras y una transición pacífica de poder del actual presidente Bernardo Arévalo.
Pero ahora, a solicitud de la fiscalía encabezada por Porras, han sido ligados a proceso por los delitos de terrorismo y obstaculización de la justicia, y cumplirán prisión preventiva mientras son investigados por dos meses.
La Fiscalía contra el Crimen Organizado dice que las protestas de 2023 fueron planificadas y dañaron el patrimonio de los ciudadanos, y mostró como evidencias mensajes en redes sociales de ciudadanos refiriéndose a los bloqueos.
La movilización en rechazo que, por el momento, bloquea 11 carreteras en diversos puntos del país centroamericano fue convocada la semana pasada en que se efectuaron las detenciones por el Comité de Desarrollo Campesino (Codeca).
Codeca aglutina, según sus propias bases, a más de 200.000 personas y en las elecciones presidenciales de 2019 obtuvo el cuarto puesto mediante su brazo político, el extinto partido Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP).
La protesta de los campesinos exige la liberación de las autoridades indígenas detenidas, un acto calificado por organizaciones internacionales como “represalia” por defender la voluntad popular en 2023.
No obstante, también tienen otras demandas como la renuncia de Consuelo Porras, la derogación del aumento salarial de los diputados y la no renovación de la concesión de explotación petrolera en Petén a la empresa Perenco.
El presidente Bernardo Arévalo también ha condenado la detención de ambos indígenas, catalogándola de espuria y sin fundamento, y llamando “cuadrilla de criminales” a los miembros de la cuestionada fiscalía.
La embajada británica en Guatemala dijo estar profundamente preocupada por la persecución a autoridades indígenas y que el “uso del sistema de justicia como arma socava el Estado de Derecho”.
Mientras que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se solidarizó con los detenidos asegurando que es parte de la política exterior de su país “defender la autodeterminación de los pueblos”.
Cabe resaltar que la fiscal general Consuelo Porras ha sido sancionada junto a jueces y fiscales por 42 países, incluidos la Unión Europea y Estados Unidos, por obstaculizar la lucha anticorrupción y socavar la democracia en Guatemala.
En 2023, las protestas que exigían su renuncia se dieron porque Porras era acusada de liderar los intentos de un “golpe de Estado” por haber tomado acciones desde la Fiscalía para anular al partido de Arévalo e invalidar los resultados electorales.
Fuente: Servindi