Por el derecho a saber qué comemos

Por Álvaro Corzo V.

Se calcula que fueron más de dos millones de manifestantes de todas las edades los que salieron a protestar en más de 400 ciudades de 52 países en la tercera marcha global en contra del uso de pesticidas y agroquímicos, como el glifosato, y a favor de la protección del campesinado local y del medio ambiente, así como de la etiquetación de alimentos modificados genéticamente, conocidos como GMO.

Al preguntarle por qué Monsanto es el blanco de estas protestas, el colombiano fundador de Pachamama Culture y organizador de la marcha en Berlín, Mauricio Lizarazo, explica: “Monsanto es una corporación que basa su modelo de desarrollo en la expansión de sus patentes sobre las semillas modificadas genéticamente fabricadas en sus laboratorios, lo cual le ha permitido lograr un control cada vez mayor del cultivo y producción de alimentos esenciales como el maíz, la soya y la canola en el mundo entero. Su poder radica en que sus productos, provenientes de semillas modificadas genéticamente, hacen parte del 75% de todas las comidas procesadas que se consumen en el mundo. Es por eso que su negativa rotunda a la etiquetación de este tipo de productos y alimentos lo hace un adversario de la salud humana”.

Partidarios de la etiquetación de alimentos modificados genéticamente explican los riesgos que conlleva ingerir alimentos de los cuales se desconocen con certeza los efectos que puedan traer para la salud humana a largo plazo. “Si son tan seguros como aseguran estas corporaciones, por qué hacen hasta lo imposible para negar nuestro derecho a saber lo que consumimos. Debemos luchar por el derecho a decidir de manera informada sobre nuestros alimentos”, decían las miles de pancartas que se tomaron las calles alrededor del planeta. “El que nada debe nada teme”, concluye Lizarazo al elevar su preocupación por las declaraciones de Monsanto sobre los avances alcanzados en la última fase de la modificación genética del trigo, último alimento esencial de la cadena que se mantiene intacto.

El ruido de esta nueva fecha de acción global en contra de Monsanto llega a escasos días de un hecho histórico en contra de los alimentos transgénicos en los Estados Unidos. El pasado 8 de mayo Vermont logró, en contra de todos los pronósticos y luego de muchos intentos fallidos en distintos lugares de ese país, aprobar y sancionar una ley que exige una etiqueta en el empaque de todo alimento modificado genéticamente. La ley, que entrará en vigencia en julio de 2016, les da un espaldarazo a las iniciativas de otros 24 estados que en este momento promueven legislaciones similares en el afán de regular este tipo de alimentos.

No obstante, horas después de que el gobernador de Vermont, Peter Shumlin, sancionara la ley, la Asociación Nacional de Comestibles de Estados Unidos (GMA), que agremia a los grandes de la agroindustria como Monsanto, General Mills, Cargill y Nestlé, entre otros, presentaba una demanda ante una corte federal en contra del gobierno de ese estado, con el fin de bloquear su implementación, alegando que estos alimentos son completamente seguros para el consumo humano y que los consumidores que quieran evitarlos simplemente deben buscar la etiqueta de productos orgánicos libres de GMO.

Estudios aseguran que un programa de etiquetación de este tipo de productos transgénicos en los Estados Unidos llevaría a elevar los precios de dichos alimentos en el orden de los US$500 dólares por familia cada año, según un informe de la Organización de la Industria de la Biotecnología, con sede en Washington D.C.

Por su parte, en el Congreso estadounidense, y auspiciado por los grandes de la agroindustria, corre un proyecto de ley que pretende bloquear en todos los estados la capacidad de regular este tipo de alimentos. Este proyecto, liderado por el republicano Mike Pompeo, representante a la Cámara por el estado de Kansas, busca, según sus críticos, perpetuar un escenario donde el consumidor no tenga control alguno sobre lo que come, explica Debra Cohen, cofundadora de Activate CT, organizadora de la marcha en el estado de Connecticut.

A pesar de que durante las últimas dos décadas los GMO han sido considerados por la Food and Drug Administration (FDA) de Estados Unidos, al igual que por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), como alimentos seguros, las preguntas acerca de sus efectos a largo plazo siguen en aumento. Un grupo de científicos estadounidenses liderados por Elson J. Shield, entomólogo de la Universidad de Cornell, se queja de la imposibilidad de realizar investigaciones independientes con semillas modificadas genéticamente, debido a cláusulas de derechos de propiedad que los obligan a buscar la aprobación inicial de estas compañías si quieren realizar una investigación.

En Europa, así como otros lugares del mundo, el escepticismo contra los GMO sigue en ascenso. Desde diciembre pasado China ha rechazado cerca de 2.000 toneladas de insumos transgénicos provenientes de EE.UU., elevando las pérdidas para la industria agroquímica de este país al orden de los US$1.000 millones, según un reporte del National Grain and Feed Association (NGFA), con sede en Washington.

De igual forma, el Parlamento francés acaba de aprobar una ley que prohíbe el cultivo de toda variedad de maíz genéticamente modificado en este país, sumándose así a la lista de 26 países donde están restringidos de alguna forma el cultivo o la comercialización de cultivos transgénicos incluyendo Suiza, Australia, Austria, China, India, Alemania, Hungría, Grecia, Italia, México y Rusia.

Así, mientras gran parte de los consumidores del mundo entero siguen en la lucha por tener el conocimiento de los alimentos que llevan a su boca, en lugares como África y Suramérica el silencio sobre esta realidad es casi absoluto. ¿Sabemos qué estamos consumiendo?

Fuente: El Espectador