Piden declarar Derecho a la Alimentación prioridad nacional en Guatemala

Además, advierten que deben detenerse la violencia y las amenazas en contra de lideres sociales, comunitarios, indígenas, campesinos y sindicales, y reforzar la protección efectiva de las defensoras y los defensores de derechos humanos.

El informe de la misión fue entregado el día 8 de marzo en Ginebra al Relator Especial del derecho a la alimentación de Naciones Unidas, Olivier De Schutter, y es presentado en Guatemala el día 9 de marzo, en un foro co-convocado con la Comisión Presidencial de Derechos Humanos de Guatelama (COPREDEH). Entre las principales recomendaciones del informe al Estado de Guatemala, se destacan:

·Declarar la promoción y protección del derecho a la alimentación una prioridad nacional, garantizando su aplicación consecuente y coherente en todas las políticas y actuaciones del Estado que tengan un impacto en la situación alimentaria a nivel de hogar, comunidad, municipio, departamento o la nación.

·Adoptar políticas de desarrollo rural integral, siendo necesario un presupuesto apropiado para la ejecución de las aprobadas Políticas Agrarias y de Desarrollo Rural Integral, y la pronta aprobación de la Ley del Sistema Nacional del Desarrollo Rural Integral.

·Declarar una moratoria a los desalojos forzosos, mientras que no exista una legislación y procedimientos administrativos coherentes con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos en materia del derecho a la alimentación y vivienda, y elaborar, en coordinación con organismos internacionales de derechos humanos y la sociedad civil, directrices legales y administrativas para la aplicación y protección de derechos humanos en el marco de conflictos agrarios.

· Adoptar a nivel municipal, departamental y nacional planes de ordenamiento territorial que prioricen la democratización del acceso y tenencia de la tierra y la realización de la reforma agraria integral, fomenten la agricultura familiar campesina, protejan las tierras y los territorios de los pueblos indígenas y preserven los recursos naturales. Estos planes deberían ser elaborados con plena participación de la población rural y las organizaciones que la representan.

· Detener la expansión de la producción de agrocombustibles, dando prioridad a la producción sostenible de alimentos y a la superación de la crisis alimentaria mediante el fomento de la agricultura y de la economía campesina e indígena.

· Revisar la Ley de Minería a partir del pleno reconocimiento del Convenio 169 de la OIT y de los resultados de las consultas comunitarias, considerando la prohibición del uso de cianuro en la minería, garantizando el derecho a la alimentación y al agua, previniendo procesos de desertificación y de deterioro ambiental, y asegurando una justa distribución de las ganancias.

· Considerando que hay una deuda histórica con las mujeres, es necesario que todas las políticas públicas y programas incorporen efectivamente la dimensión de género y los derechos igualitarios de las mujeres, con énfasis en las mujeres campesinas, indígenas y las madres en situación de vulnerabilidad social.

· Que las políticas y programas sociales que impulsa el gobierno sean más equitativos y democráticos, y que se conformen a los principios de derechos humanos de la participación, transparencia, no discriminación y rendición de cuentas, evitando su instrumentalización con fines políticos.

· Tomar medidas para asegurar la efectiva protección de los defensores y las defensoras de derechos humanos e institucionalizar la Instancia de Análisis de Ataques contra Defensores de Derechos Humanos.

· Detener y prevenir cualquier actuación conducente a la criminalización de defensores y defensoras de derechos humanos y activistas del movimiento campesino, indígena y sindical.

· Que las denuncias relativas a violaciones de los derechos humanos sean prontas y eficazmente investigadas y asumidas con responsabilidad con el fin de poner término a la impunidad, aun en situaciones en que exista interferencia de intereses económicos y políticos.

· Fortalecer, democratizar y diversificar el sistema de recaudación fiscal, para incrementar las capacidades públicas del Estado, especialmente en los aspectos destinados a mejorar las condiciones de vida de los sectores más vulnerables de la sociedad.

El informe fue elaborado por una amplia coalición de organizaciones internacionales: la Organización Internacional por el Derecho a la Alimentación (FIAN), el movimiento internacional La Vía Campesina, la red europea Iniciativa de Copenhague para Centroamérica y México (CIFCA), la Coalición de Agencias Católicas para el Desarrollo (CIDSE), la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), incluido el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (FIDH-OMCT) y la Asociación de las Agencias de Desarrollo ligadas al Concejo Mundial de Iglesias (APRODEV).

La misión internacional compuesta por estas redes visitó Guatemala a invitación de varias redes y organizaciones guatemaltecas: el Comité de Unidad Campesina (CUC), la Coordinadora Nacional Indígena Campesina (CONIC), la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (CNOC), la Pastoral de la Tierra Interdiocesana, la Plataforma Agraria, el Centro Internacional de Investigaciones de Derechos Humanos (CIIDH), la Coordinación de ONG y Cooperativas (CONGCOOP), la Red de Soberanía Alimentaria (REDSAG), la Campaña “Guatemala sin Hambre”, ActionAid Guatemala, la Mesa Nacional Alimentaria, la Fundación Guillermo Toriello, el Centro de Acción Legal y Derechos Humanos (CALDH), el Comité de Derechos Humanos de Guatemala y la Unidad de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA).

El informe completo es accesible en: FAIN International

Para ver el informe sobre Guatemala presentado por el Relator Especial del derecho a alimentación de Naciones Unidas al Consejo de Derechos Humanos por favor consultar Aquí

9 de marzo

Fuente: FAIN