Perú: ¿Por qué el Estado protege a las industrias extractivas?

Por Patricia Saavedra

Servindi, 30 de junio, 2016.- ¿Por qué el Estado protege a las industrias extractivas? Para contestar esta interrogante debemos entender antes cómo estas industrias ejercen su poder sobre el Estado y las decisiones de gobierno al más alto nivel hasta impactar en las políticas públicas o logrando que los organismos reguladores limiten su función fiscalizadora.

Esta compleja dinámica de relaciones de poder fue explicada por Francisco Durand en el taller: “El poder de las puertas giratorias y el lobby en las industrias extractivas”, donde el investigador además presentó los hallazgos de su último libro "Cuando el Poder Extractivo captura el Estado", en el cual reconstruye el rastro dejado por estas conexiones de poder.

La captura del Estado

Según Durand, la captura ocurre cuando hay una influencia extrema de las élites económicas sobre las decisiones que toma el Estado, generando un sesgo en las políticas públicas y declinando en favor de los intereses de grupos particulares: “La captura del Estado por élites se puede entender como una influencia excesiva en sus asuntos, al punto que pueden dictar leyes”, indicó.

De igual forma, explicó cómo históricamente se han instaurado prácticas que otorgan todo el poder al Ejecutivo para decidir: “El Perú es un país de tradición decretista. El ‘decretismo’ y las decisiones políticas son una vieja tradición latinoamericana donde el modelo de república y democracia concentra poderes en una rama del estado y el ejecutivo”, remarcó.

Finalmente, esta captura —según señaló Durand— se da a través de tres mecanismos: la financiación electoral, el lobby o gestión de intereses y a través de las “puertas giratorias”. En el caso de los dos primeros sostuvo que era difícil establecer pruebas de ello. Pero en el caso de las “puertas giratorias” era posible reconstruir el rastro dejado por las relaciones de poder entre los actores y las lógicas ocultas detrás de sus decisiones.

“Puertas giratorias”

Se trata de un mecanismo que ha calado en la política y se refiere al paso de políticos y altos funcionarios del sector público al privado, o viceversa. Dicho tránsito puede implicar conflictos de intereses. “La puerta giratoria tiene la ventaja de ser más visible y ser identificada con más claridad, y uno puede ver en qué campos o redes se mueve (el ‘funcionario’)”, puntualizó Durand.

La Ley 30230 o ‘paquetazo ambiental’

Para evidenciar esta captura del Estado y el fenómeno de “puertas giratorias” se analizó el caso de la Ley 30230, conocida como “paquetazo ambiental”, promulgada en julio de 2014. La norma impulsada con el fin de “establecer medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país” abarca amplios aspectos como el ambiental, social y tributario, y tiene un efecto sobre los diversos niveles de gobierno y grupos sociales.

Por ejemplo, la simplificación administrativa que refiere esta ley “le da una serie de poderes al Ministerio de Economía y Finanzas – MEF que obliga a los distintos ministerios y organismos a presentar reportes en plazos fijos e introduce un mecanismo de sanción al funcionario público que no cumple con los debidos plazos”, indicó Durand, autor del texto presentado.

Por su parte, Vladimir Pinto, coordinador del Programa de Derechos Territoriales de Oxfam, explicó en su intervención que se ha ido propalando el discurso de que somos un país “sobre regulado”, para así lograr que “en todos los casos la idea sea disminuir condicionantes de la inversión extractiva”.

De otro lado, la periodista Milagros Salazar, del portal de periodismo de investigación Convoca, consideró que “con la Ley 30230 se premió el mal comportamiento de empresas."

"En sus ocho primeros meses (de la ley) se había dejado de cobrar más de 55 millones de soles tanto en el sector hidrocarburos como minería”, enfatizó Salazar. Como se recuerda, dicho portal de noticias fue premiado recientemente por su investigación Excesos sin castigo, referido al sector de industrias extractivas.

Por su parte, Vladimir Pinto advirtió que en la política peruana es constante “una reconcentración de las decisiones en torno a los recursos extractivos en el Estado."

"Cada vez que ha habido un esfuerzo por descentralizar las decisiones ha habido una contra de los poderes fácticos para recentralizar. Cada vez que los gobiernos sub nacionales han querido tomar algún papel protagónico en la gestión de los recursos naturales ha habido una contra ofensiva quitándoles esas competencias”, aseveró.

Perjuicios ambientales y pueblos indígenas

Entre los principales perjuicios de la referida ley están los vinculados a medio ambiente y pueblos indígenas. “Si vas a sacar una ley que va a afectar a los pueblos indígenas, ¿por qué no hablas con los pueblos indígenas?, ¿no tienen acaso igual derecho de ser consultados? Entonces ahí nosotros vemos que eso tiene una determinada orientación que busca ante todo acelerar las inversiones grandes del sector privado corporativo”, expresó Durand.

Afirmó que la norma está orientada principalmente a disminuir los condicionantes a la inversión, reconcentrar el poder y flexibilizar los limitantes que ha habido sobre la propiedad comunal.

“Son extensísimas áreas del país que se consideran que están ociosas. (Alan) García lo graficó en los artículos del perro del hortelano, pero no es muy diferente a lo que acaba de decir el futuro ministro (Alfredo) Thorne. Para nosotros la 30230 va en ese sentido y ha sido una radicalización de todas estas medidas y un impulso a todo aquello que no se pudo hacer antes”, dijo al respecto Vladimir Pinto.

Asimismo, señaló que “en las zonas rurales hay muchísimos problemas de catastro y de delimitación de la propiedad. Entonces, ¿tú puedes decir que cualquier título que esté mal otorgado es revisable para darle la ventaja a un proyecto de inversión? Este asunto era tan escandaloso en materia de los pueblos indígenas, que tienen una protección especial de los territorios, que se interpuso una acción de inconstitucionalidad”.

Pinto también recordó que la ley impone en su artículo 19 la reducción de facultades del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y posterga las multas por 3 años desde su promulgación.

Al cierre del debate, Alejandra Alayza, Coordinadora Regional de Políticas y Campañas a de Oxfam, a manera de conclusión, agregó que el balance con esta ley es que “tenemos un retroceso en la constitución de una institucionalidad ambiental."

Asimismo, enfatizó que “tenemos una agenda frente a ella en este nuevo gobierno" y resaltó que la norma ha dañado la institucionalidad ambiental.

Fuente: Servindi