Paraguay: Semillas, transnacionales y soberanía
Todos identifican en Paraguay el problema de la tenencia de la tierra, no sólo como histórico, sino como uno de los más graves e injustos existentes en el país mediterráneo.
Desde las arremetidas de colonos nacionales y extranjeros contra las comunidades indígenas para arrebatarles sus tierras hasta la presente realidad de un territorio sembrado paralelamente de grandes latifundios y haciendas, pero también de asentamientos de labriegos viviendo en carpas con toda su familia, la inequidad en la distribución de terrenos es la realidad.
La falta de un catastro confiable no permite confirmar cifras globales aunque se maneja la del uno por ciento de propietarios rurales acaparando el 77 por ciento de la tierra cultivable y hasta algunos aseguran la cuasi increíble noticia de existir un número tan alto de títulos de propiedad irregulares que abarca más que la extensión oficial del territorio nacional.
La batalla por la tierra se mantiene en el día a día del campo paraguayo, en condiciones de desventaja para campesinos sin una sola hectárea o pequeños productores frente a la voracidad de latifundistas protegidos muchas veces por laudos judiciales o intervenciones de la fuerza pública.
En estas últimas semanas, un trascendente elemento se unió a las razones de esa lucha al legalizar el gobierno de Federico Franco, surgido tras la expedita destitución del presidente constitucional, Fernando Lugo, la importación de semillas transgénicas para el cultivo del algodón y anunciarse extraoficialmente que ello se ampliará para otras siembras.
Durante años, las organizaciones sindicales y del resto de la sociedad civil, junto a partidos políticos de izquierda y el propio gobierno ahora derrocado de Lugo, se opusieron a esa autorización.
En el corto tiempo de ocupación del poder, Franco decidió lo que muchos consideran aquí como una alianza con los intereses de las transnacionales, que ven ahora un camino más viable para consumar grandes negocios en el esquema agroexportador de la agricultura paraguaya y en la obtención de beneficios singulares en los campos hídricos y de energía.
En el caso de las siembras con semillas transgénicas, el gobierno actual favorece a la transnacional estadounidense Monsanto, aliada a los grandes productores de soja, principal cultivo paraguayo, lista a cobrar los royalties correspondientes por ser productores de esas semillas y suministradores de los agroquímicos correspondientes, además de afianzar su presencia en las grandes operaciones comerciales algodoneras.
Esa posición se defiende a tal extremo por Franco que firmó un decreto presidencial para la inmediata llegada al país de las mencionadas semillas y obvió los planteamientos de las organizaciones campesinas y de varios especialistas en la materia.
La llegada impuesta de las semillas liquida, en primer lugar, a las de producción nacional, libres de modificaciones genéticas y con un costo menor al cual pueden acceder los pequeños productores.
Ello impedirá que cuenten con los recursos económicos para adquirir las foráneas o deban ceder sus tierras a productores quienes sí pueden pagar el precio correspondiente.
Pero también, de acuerdo con los estudios presentados por la oposición, implican un riesgo para la salud de los agricultores, acompañado por el ya existente a causa de los agrotóxicos vendidos por Monsanto en Paraguay, que tienen, además, la característica de afectar los terrenos e impedir su uso para cualquier otra siembra, según denuncias de campesinos.
En un estudio sobre el tema presentado por el Frente Guasú, coalición de partidos y organizaciones de izquierda, se apuntan elementos trascendentes sobre los perjuicios ocasionados por esta concesión a Monsanto.
La presunción de que el uso de la semilla de algodón Bollgard II resultará milagrosamente en la recuperación de la producción algodonera nacional y en copiosos beneficios para nuestros agricultores, señaló, carece de fundamentos serios, pues los otros elementos que conforman el paquete tecnológico no se proveerán o implementarán en nuestro medio.
Agregó que ellos son fertilización óptima, irrigación o provisión de agua a niveles óptimos, aplicación oportuna de agrotóxicos y herbicidas, y mecanización de la cosecha.
Donde se aplica este paquete tecnológico, los campesinos reciben un fuerte apoyo estatal en la forma de créditos blandos y de cobertura de los costos de preparación de suelos, cosecha y comercialización, pero nada de eso recibirán los pequeños productores apegados a la agricultura familiar promovida durante el gobierno de Lugo, subrayó.
La liquidación de la semilla nacional la considera, igualmente, como una cesión de la soberanía del país a una poderosa multinacional que ganará cada vez mas influencia en la producción y exportación agrícola, siempre de acuerdo con los potentados del agronegocio y con el Ejecutivo.
Por su parte, la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas planteó que existen evidencias científicas de posibles riesgos para la salud humana, la seguridad y soberanía alimentaria y los daños a la biodiversidad con el uso de la semilla aprobada.
La Federación Nacional Campesina, la otra gran central del sector, también llamó a oponerse a lo que considera una entrega de la soberanía nacional a la trasnacional norteamericana.
La historia de Monsanto no da posibilidad de creer mucho en la bondad de sus recomendaciones si se recuerda que fue una de las empresas contratadas por Washington para la fabricación del célebre Agente Naranja, usado durante la guerra de Vietnam, el cual, rociado sobre el territorio asiático, causó 400 mil muertos y medio millón de niños nacidos con deformaciones, además de arrasar la vegetación del país.
Javier Rodríguez, corresponsal de Prensa Latina en Paraguay.
Fuente: Prensa Latina