Organizaciones ambientales reclaman al gobierno uruguayo una nueva posición sobre Bioseguridad

Las organizaciones incluyeron a CEADU (Centro Estudios y Análisis del Uruguay), ITeM (Instituto del Tercer Mundo), CEUTA (Centro Uruguayo en Tecnologías Apropiadas), CLAES (Centro Latino Americano de Ecología Social), Redes - Amigos de la Tierra, RAPAL (Red Acción Plaguicidas América Latina), quienes elevaron una nota a los Ministerios del Ambiente, de Relaciones Exteriores, y Ganadería y Agricultura.

La nota presenta un conjunto de puntos que deberían ser tenidos en cuenta por el gobierno uruguayo al negociar un protocolo en bioseguridad. Esos puntos incluyen:

Reconocer la importancia y legitimidad de las medidas de protección ambiental.

Soberanía en la evaluación y control, donde Uruguay debería asegurar que el Protocolo permita mantener la capacidad del país de evaluar, y rechazar los OVM cuando considere que son peligrosos o nocivos, o potencialmente peligrosos o nocivos, para el ambiente y la salud.

Aplicación del Principio Precautorio, compartiéndose las posiciones que alertan sobre la insuficiencia de los datos sobre los impactos ambientales de estos cultivos en los complejos ecosistemas Latinoamericanos.

Desvincular al Uruguay del Grupo de Miami, del cual ha venido formando parte en el proceso de negociación.

Mantener las exigencias de desmantelamiento de las barreras comerciales y subsidios perversos que otros países mantienen, y que desembocan en efectos negativos sobre el ambiente, pero también sobre sectores productivos nacionales.

Equidad en las evaluaciones y exigencias, así como en responsabilidades y obligaciones, entre exportadores e importadores de productos modificados genéticamente.

Establecer claros mecanismos de asignación de responsabilidades, tanto a países exportadores como a sus empresas.

En el plano de las políticas nacionales, las organizaciones ambientales consideran que la postura de Uruguay en bioseguridad se debe vincular con las estrategias del país en desarrollo agropecuario y gestión ambiental. En ese sentido, las instituciones reclaman:

Reconocer el paso positivo de haber creado una comisión mixta, con ministerios y representantes de empresarios, entidades agropecuarias y la central sindical, para analizar las negociaciones con la OMC y el comercio exterior. Sin embargo se reclama un espacio en esa comisión para las organizaciones ambientales y de consumidores. También se reclama fortalecer y ampliar los vínculos entre varios ministerios, debido a la desarticulación que se ha evidenciado entre ellos.

Las organizaciones proponen establecer un sistema de Seguros Ambientales.

Como parte de su legislación nacional, Uruguay debe establecer un sistema que evite que los posibles impactos ambientales de los organismos modificados genéticamente sean transferidos al Estado y el resto de la sociedad, y sean asumidos por sus responsables. En este sentido, se promueve el establecimiento de un sistema de Seguros Ambientales obligatorio, bajo amplios márgenes de tiempo, y basado en los seguros de corriente aplicación para actividades de riesgo ambiental en la Unión Europea. Este sistema incluye no solamente los aspectos económicos, sino que obliga a tareas de recuperación y reparación ambiental, además de influir en los análisis de costo/beneficio de este tipo de emprendimientos.

Finalmente, las organizaciones ambientales reclaman evaluar la conveniencia de introducir nuevos cultivos transgénicos en Uruguay. Hasta la fecha en Uruguay solo se cultiva una pequeña superficie con soja modificada genéticamente (calculada en menos de 10 mil hectáreas). Pero ese cultivo pone en riesgo importantes sectores agroindustriales exportadores, que han hecho de su condición natural un argumento para fomentarlos. En ese sentido son particularmente sensibles sectores exportadores tradicionales (carnico y arroz) y potencialmente nuevos (aceites). A juicio de las organizaciones ambientales, los aspectos negativos en estos cultivos, y los niveles de incertidumbre sobre sus potenciales beneficios o impactos, no ameritan poner en riesgo la calidad ambiental del país, la salud o el desarrollo económico agropecuario.