ONG salvadoreña reitera que debate de ley de agua sea público y participativo
Miembros de la Alianza Contra la Privatización del Agua en El Salvador reiteraron este martes que la discusión de una propuesta de ley de agua, enviada por el Gobierno de Nayib Bukele, deber ser pública y participativa.
El Ejecutivo envió el viernes el proyecto de la Ley General de Recursos Hídricos, el cual será analizado en una comisión especial de la Asamblea Legislativa y no en la Comisión de Medio Ambiente.
Amalia López, miembro del ente no gubernamental que agrupa a organizaciones de la sociedad civil y medioambientales, a la iglesia y a la academia, señaló que temen que la discusión se realice de "forma cerrada" y que se "tomen acuerdos que atenten contra el derecho que las personas tenemos al acceso digno y justo al agua".
López denunció que en la propuesta de ley del Ejecutivo -que cuenta con 164 artículos- se propone la creación de un ente rector del agua "sin participación ciudadana" y el cual será administrado desde la Presidencia.
"¿A quién está defendiendo esta ley? Aquí no es un ente público, sino la Presidencia y eso no es conveniente", apuntó.
Subrayó que en el debate debe ser público y se debe garantizar la participación de la ciudadanía, de las organizaciones que "por años hemos luchado por la no privatización del agua", la iglesia, la academia y los miembros de las juntas comunitarias de agua.
Las juntas comunitarias de agua nacieron a partir de la falta de acceso al agua potable en las zonas rurales de El Salvador, con el fin de abastecer del vital liquido y de acercar el recurso a los pobladores.
Según datos de organizaciones ambientalistas, existen alrededor de 2.500 juntas comunitarias que dan agua a más de 2 millones de salvadoreños que habitan en zonas rurales.
El anuncio de la presentación de la normativa de parte del presidente Bukele generó diversas reacciones en el país, ya que, a juicio de ambientalistas y expertos, no cumple con las necesidades de las mayorías y lo que en realidad busca es "beneficiar a unos pocos".
La propuesta que era analizada en el Congreso, que tenía el avance de 111 artículos acordados de un total de 160 y cuya aprobación se retrasó por diversos motivos, fue enviada al archivo el 13 de mayo por la Comisión de Medio Ambiente con el argumento de que los artículos no estaban "acorde con la realidad del país".
Los expertos prevén que el 80 % del país experimentará estrés hídrico en 2022 debido a la reducción de las lluvias, como efecto de la crisis climática.
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), El Salvador tiene el mayor grado de deterioro ambiental en las Américas, después de Haití, con solo un 3 % de bosque natural intacto, con suelos arruinados por prácticas agrícolas inadecuadas y con más del 90 % de las aguas superficiales contaminadas.
Fuente: SWI swissinfo.ch