Movilización de la UTT: "El Gobierno no responde y hay que salir a la calle"

“Venimos a regalar nuestras verduras, a ser solidarios. Somos trabajadores de la tierra. Esa es nuestra profesión, dar de comer al pueblo.” “El reclamo es sencillo. Las políticas del gobierno están matando al campo que alimenta”. Las voces se suceden micrófono en mano frente a la Secretaría de Agricultura, vaciada de políticas para la agricultura familiar desde la asunción de Javier Milei. Las voces son de productoras y productores de la Unión de Trabajadores de la Tierra  (UTT) que volvió a salir a las calles con un “verdurazo” y una movilización que unió los símbolos del desarme de la política para la agricultura familiar en los 500 días de gobierno de La Libertad Avanza: de la Secretaría de Agricultura al Ministerio de Capital Humano, del INTA —que atraviesa un “golpe institucional”— al Congreso, para entregar verduras en otro miércoles de marcha de jubilados.

Uno de los capitales políticos del gobierno de La Libertad Avanza es la baja de la inflación, algo que entró en crisis con la última cifra de los precios de los alimentos publicadas por el Indec (5,9 por ciento de aumento), pero llegado desde Zárate, donde es productor frutillero, Deimar Condori pone en cuestión que la inflación no haya sido un problema para él y sus compañeros en el año y medio de políticas de libre mercado: “El gasoil subió, la nafta subió, los insumos subieron, todo está cotizado en dólares y por eso sube. Y el campo sufre porque nosotros no vendemos en dólares, vendemos en pesos. Veo mal al campo. La gente no tiene plata y la verdura no puede venderse”, resume.

Los productores y productoras de alimentos llegaron hasta el bajo de la Ciudad de Buenos Aires, la calle Paseo Colón, desde el cordón hortícola de La Plata, desde Campana, Pilar Zárate, Escobar San Vicente, Cañuelas y Exaltación de la Cruz. “No estamos acá porque nos guste. Es difícil sacar al productor del campo que es donde trabaja, donde vive, pero la realidad nos obliga a hacernos ver para tener el derecho a trabajar la tierra”, dice Gigliola Sempertegui, integrante de la regional La Plata de UTT.

El granizo y la lluvia abundante que cayeron la semana pasada sobre el cordón hortícola bonaerense provocó pérdidas para los productores hortícolas, frutícolas y florícolas. Campos inundados, producción perdida e invernaderos rotos. No es la primera vez y no será la última. Hace solo un mes  Bahía Blanca quedó bajo el agua. Pero las políticas públicas para atender la producción frente a la emergencia climática también fue desterrada para los pequeños productores. 

“Con el gobierno anterior teníamos nexo para poder trabajar en situaciones de desastre. La gestión actual nos cortó todos los canales de comunicación, estamos huérfanos de todo tipo de ayuda o de socorro. Nos hemos cansado de llamar, de seguir los caminos institucionales para impulsar las políticas que habíamos empezado a trabajar”, grafica Sempertegui.   

Desde la asunción de Sergio Iraeta como secretario del área, todo quedó atado a decisiones que se toman en niveles más altos de gobierno, con funcionarios que no tienen firma y rumores de más desmantelamientos (hay versiones que apuntarán al Instituto Nacional de Semillas --Inase--). El camión de la UTT, cargado de verduras, se enciende y los productores, sin respuestas, ponen en marcha para continuar. “Nosotros vamos a seguir trabajando porque nuestra profesión es producir alimentos. ¿Si no estamos en el campo a dónde vamos a ir? ¿A ser más en los barrios pobres? Tenemos que seguir trabajando para no ser otros desocupados”, asegura Deimar.

El Estado puesto en manos del agronegocio

“Importaciones de alimentos. Devaluación. Inafci e INTA vaciados. El modelo nos destruye”, se lee en la bandera que va al frente de la movilización, es un resumen de la política pública actual para el sector. La sostienen los productores con una mano y en las otras tienen lechugas, flores, puerros. En alto. 

La columna dobla por Independencia para subir hasta 9 de Julio y llegar al Ministerio de Capital Humano. Algunos hacen una parada en una verdulería, el otro extremo de la cadena de comercialización. Ariel es el que la atiende, evita la consulta pero deja entender que todo sigue igual, con precios que suben y ventas que bajan. Para tener una referencia sí responde que la jaula de acelga la está pagando 10.000 pesos en el Mercado Central.

“En el campo nos pagan 4000 pesos la jaula de acelga”, contrapone Soledad Portal, productora del cordón hortícola de La Plata, y queda clara la diferencia entre el productor y la góndola. Y la baja del consumo afecta también al campo: “Antes sacábamos 50 jaulas de acelga y ahora solo diez”. La baja del consumo no mantiene relación con la suba del alquiler de la tierra: “El Gobierno desreguló los alquileres y se incrementaron. Una hectárea que se pagaba 50 mil pesos ahora es hasta 150 mil”.  

El edificio del Ministerio de Capital Humano queda atrás, pero los productores recuerdan entre sus palabras cómo la asistencia del ProHuerta les permitía acceder a semillas en momentos críticos. El programa que desarrollaban técnicos del INTA con financiamiento de ese ministerio quedó eliminado en abril del año pasado, en los mismos días en que el Gobierno anunciaba la  baja de aranceles para importar glifosato.  

“El sistema se mantiene y lo que cambió este Gobierno fueron medidas que fortalecen el esquema del agronegocio, medidas en función de libre mercado, de la liberación de todo a nivel financiero y económico, lo que permite importación de alimentos frescos y la devaluación que impacta en los costos de producción. El Estado está puesto en función de garantizar las reglas de juego para los poderosos”, resume Nahuel Levaggi, coordinador de la UTT.  

La  política de importación de alimentos fue aplicada en paralelo al cierre de las políticas de agricultura familiar, sin planificación productiva ni resultados en reducción de precios. “Las importaciones son irracionales, no tienen que ver con una planificación temporal de abastecimiento, como pudo ser el caso del limón meses atrás, es la liberación para que un empresario compre un lote barato de cualquier alimento sin que eso impacte en los precios, no pueden decirnos que los vecinos comen más barato por la importación”, analiza Levaggi. 

“El Gobierno no responde y hay que salir a la calle. Si todos los compañeros dejan de producir, mañana no hay más alimento en la Argentina”, alerta y destaca que sí hay un plan desde las organizaciones campesinas y cooperativa que integran la  Mesa Agroalimentaria Argentina, un  “Programa Agrario para el Alimento”, que fue presentado cuando en plena campaña se discutía qué camino seguía el país. “Con este Gobierno atrasamos veinte casilleros. En el gobierno del Frente de Todos podríamos haber adelantado un montón, pero quedamos en el mismo lugar. El programa es el mismo solo que ahora estamos más a la defensiva que a la ofensiva”, señala el integrante de la Mesa Agroalimentaria.   

El INTA, la última ventanilla del Estado para la agricultura familiar 

El vocero presidencial, Manuel Adorni, comunicó en marzo pasado el cierre del Inafci y luego en diciembre un “plan de modernización” para el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Aquel día también apuntó contra el sector de quienes producen alimentos y cuida la tierra: “El INTA se enfocó en temas que nada tenían que ver con la productividad agrícola, como las cuestiones de género, los falsos mapuches y la agricultura familiar”. 

“El avance sobre las estructuras del Estado que responden al sector funcionan bien o mal, pero es una ventanilla a la que los productores podemos acudir. Si esas ventanillas desaparecen no tenemos nada donde ir a reclamar ante cualquier tipo de situación”, señala Levaggi, mientras la columna de la UTT sigue en marcha para entrar por Rivadavia hasta la sede central del INTA, donde se encuentran con los trabajadores de ATE-INTA en el marco de otra jornada de protesta.  

Desde diciembre pasado, los sindicatos ATE-INTA y la Asociación del Personal del INTA (Apinta) denuncian el desguace que desde el Ministerio de Economía quieren llevar adelante. El órgano rector del organismo es su Consejo Directivo, donde están sentados el presidente, Nicolás Bronzovich, y la vicepresidenta, María Beatriz Giraudo, ambos provenientes de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid), ligada al agronegocio. 

“Quieren instalar un modelo de INTA, un modelo de Estado y un modelo de país que está dirigido a las grandes producciones y no a la agricultura familiar”, denuncia Julieta Boedo, delegada de ATE, en la puerta del organismo. 

Hasta el momento se logró resistir el despido de 230 trabajadores y el cierre de estaciones experimentales. Luego del  primer embate contra el INTA en diciembre, las reuniones mensuales de Consejo Directivo fueron bajando propuestas que siguen contemplando la reducción de personal y el cierre de áreas como la Estación Experimental AMBA —que trabaja con el cordón hortícola platense— y el Centro de Investigación para la Agricultura Familiar (Cipaf).

Pero las maniobras del Gobierno buscan avanzar en su plan sin el control de la Dirección Nacional del organismo, que por ley está integrada por técnicos de carrera. Para eso primero se intentó inventar un órgano consultivo, que se rechazó en febrero, y en marzo se creó una Secretaría de Coordinación para tener control sobre de decisión, algo que fue aprobado la semana pasada en una reunión virtual extraordinaria. 

“El gobierno tomó el control total del INTA echando por tierra la institucionalidad, la gobernanza y la objetividad técnica que se mantuvo durante 70 años. Desde el inicio del gobierno de Milei el organismo viene sufriendo el desfinanciamiento de programas clave para el desarrollo en los territorios”, completa Boedo entre los cantos de productores y trabajadores unidos en la calle Rivadavia.   

Las maniobras que los sindicatos denuncian como un “golpe institucional” tuvieron el apoyo de  representantes con silla en el Consejo Directivo como la Sociedad Rural, Coninagro y CRA, entre otros, y solo el voto en contra de la Federación Agraria Argentina (FAA) y la Facultad de Veterinaria de la UBA.  Los representantes de la agricultura familiar nunca tuvieron una silla que los represente en el INTA. 

“Es mucha y es larga la lucha. Este Gobierno, a diferencia de cuando le toca gestionar a otros más propios, está totalmente decidido a hacer lo que vino a hacer. Eso nos tiene que fortalecer en la resistencia en unidad y saber que cuando se recuperen las estructuras del Estado no hay que tener miedo a que el pequeño productor acceda a la tierra, a mejorar los sueldos a avanzar en la agroecología”, convocó el referente de la UTT a su turno en la puerta del INTA. 

Alimentos para todos 

Iván Fernández es productor hortícola de Parada de Robles en Exaltación de la Cruz, viajó 82 kilómetros para llegar hasta el Congreso a plantear la deuda por una Ley de Acceso a la Tierra y caminó desde la Secretaría de Agricultura al frente de la marcha cargando una carretilla repleta de verduras para compartir con los jubilados en su marcha de cada miércoles. “Nos da gusto dar lo nuestro y colaborar con los jubilados porque, como a nosotros, a ellos les recortaron todos los beneficios”, dice el productor. 

Ya formando la fila a la espera de la entrega de verduras, mientras los cajones van bajando del camión para improvisar la feria sobre la Plaza del Congreso, una jubilada sostiene un cartel que resume la respuesta del Estado desde que, en septiembre, comenzó la marcha de los jubilados: “Qué feo debe ser pegarle a un jubilado para poder comer”. 

El mensaje es para la Policía, la misma que con escudos, cascos y palos persiguió a la columna de la UTT durante tres horas de movilización. Con la cosecha de los productores florihortícolas en mano, Hernán Somoza sigue repartiendo flores a los transeúntes como hizo durante el camino entre los autos que esperaban que la marcha pasara. “Les digo que los de azul son los malos y no nosotros”, explica el productor de la UTT de Cañuelas previendo la represión de cada miércoles. 

“Yo trabajo en la tierra, con el cuerpo, da miedo salir y que te lastiman o te saquen un ojo. Pero el miedo lo estamos perdiendo después de lo de Pablo Grillo. Hay que perder el miedo”, alienta Hernán y frente al Congreso baja bolsones de verdura para ofrecer a los jubilados como Verónica y Damián que vieron la movilización en Crónica TV y salieron a la plaza a buscar alimentos.  

“No alcanza para la comida, no alcanza ni a mitad de mes. Agradecemos a los productores porque la verdulería está muy cara y ellos también reciben menos de lo que deben por lo que producen”, dice con una sonrisa de alivio. “No es solidaridad solamente. Es compartir la lucha por un pueblo, por un país justo y soberano para todos y todas: sea un abuelo, un trabajador del Estado o una familia productora”, condensa Levaggi. 

Fuente: Agencia Tierra Viva