México: riesgo de desalojo en Bachajón

En San Sebastián Bachajón, los ejidatarios afines al gobierno Están actuando con violencia y de manera armada” contra los tzeltales, que defienden su territorio de un mega proyecto turístico, afirma el abogado Ricardo Lagunes. El secuestro de un joven y la amenaza de desalojo a un banco de grava son los más recientes episodios de un conflicto que ya cuenta un muerto y varios presos en su haber.

El día 5 de noviembre de 2013, Herminio Estrada Gómez, de 18 años de edad e hijo de Bartolo Estrada Silvano, fue secuestrado en el Ejido San Sebastián Bachajón. Los raptores son Santiago Álvaro Moreno, suplente del comisariado ejidal oficialista, Juan Álvaro Moreno, Manuel Jiménez Moreno y Santiago Álvaro Gómez. También le quitaron su vehículo, denuncian ejidatarios tzeltales. “Hasta este momento no sabemos si se encuentra en buenas condiciones físicas y de salud”, denuncian los indígenas.

La comunidad de San Sebastián Bachajón decidió, informa Ricardo Lagunes, abogado de los tzeltales, “fundar un nuevo banco de arena llamado Nah Chawuk en las tierras ejidales, pues defienden su derecho a utilizar sus recursos propios”. En 2011, el banco principal fue tomado por un indígena afín al gobierno, pero “hubo resistencia de los pueblos que son adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona”. Los ejidatarios denuncian que dos personas, Alejandro Moreno Gómez y Samuel Díaz Guzmán, están solicitando el desalojo, con la fuerza pública, del nuevo banco de grava. Lagunes informa que “a los pueblos los están amenazando de desalojo, están actuando con violencia y de manera armada”.

Los ejidatarios explicaron en un comunicado que la fundación de Nah Chawuk “es en ejercicio de nuestro derecho como indígenas y ejidatarios de controlar y proteger nuestro territorio, y en respuesta a los malos manejos que se hacen con el banco de grava”, que en ese tiempo fue entregado a Francisco Guzmán Jiménez, ex comisariado ejidal, así como las tierras despojadas desde el 2 de febrero de 2011 -donde se construyó una caseta de cobro que administra la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.

“Ellos decidieron utilizar el banco de arena como parte de la resistencia”, explica su defensor jurídico. También “es un medio para llevarles sustento a sus familias, que decidieron iniciar este proyecto al mismo tiempo que luchar por los presos”.

Alejandro Moreno, comisario ejidal oficialista, comenzó a convocar asambleas para desalojar el banco de grava por medio de una acción del ejido, relata el abogado. Sin embargo, “no hubo respaldo. Y al darse cuenta que no convocó, organizó a un grupo de choque que no está respaldado por la asamblea para que actúe de manera violenta para el desalojo, como lo hicieron también en el 2011”, explica Lagunes. Se trata de una estrategia, revela el abogado, para que “el comisariado salga sin la responsabilidad por los hechos violentos”.

El defensor jurídico advierte que los ejidatarios oficialistas “están actuando armados y con mucha impunidad”, por lo que los ejidatarios decidieron informar a la opinión publica de los intentos de desalojo y agresión, y de las amenazas de muerte, “Son recursos para desmovilizar, están sembrando miedo en las comunidades. Estamos en una alerta y hacemos un llamado” a la sociedad civil.

En las comunidades existe una organización fuerte, informa el abogado, después de los seis meses del encarcelamiento de Antonio Estrada Estrada y Miguel Demeza Jiménez. “Se han convocado reuniones y asambleas, también para tener en la memoria a Juan Vázquez Guzmán”, señala.

Los presos

Con la salida de la cárcel de Alberto Patishtán, expone el abogado del ejido San Sebastián Bachajon, “se da una conquista de los pueblos indígenas, y permite evidenciar todas las fallas del sistema occidental de justicia, la discriminación y el desprecio de las personas más desfavorecidas que no cuentan con igualdad de oportunidades para defenderse”.

En el caso de Antonio Estada, preso desde 2011, apunta Lagunes, está por resolverse en el Tercer Tribunal Colegiado en Tuxtla Gutiérrez un amparo interpuesto contra la sentencia. Estrada fue sentenciado a siete años de prisión por asalto y delincuencia organizada. Vecino de la comunidad Sasamtik, está recluido actualmente en el Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados número 17 “El Bambú” (CERSS 17) en Playas de Catazajá, Chiapas.

El 7 de agosto de 2011, Estrada fue detenido ilegalmente por elementos de la policía especializada, adscritos a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas, que se dicen agraviados. El indígena tzeltal fue aprendido cuando se encontraba caminando afuera de su domicilio, sin una orden judicial y sin estar cometiendo algún delito en flagrancia. No solamente fue privado arbitrariamente de su libertad, sino que también lo golpearon y torturaron con la finalidad de que firmara una declaración ministerial en la que se autoincrimina de diversos delitos. A Antonio Estrada no se le garantizó la asistencia de un defensor y un traductor oficial o habilitado que conocieran su lengua y cultura.

Los agentes lo tuvieron detenido ilegalmente. Lo presentaron ante el Ministerio Público en Palenque, Chiapas, hasta el siguiente día, 8 de agosto. Ahí se le fincaron los delitos.

Desgraciadamente, expone Lagunes, existen sentencias elaboradas de antemano “en los juzgados, y eso en definitiva viola los diversos derechos reconocidos a nivel constitucional e internacional; la presunción de inocencia, el acceso a la justicia y el tener un juicio justo”.

El 12 de noviembre, el Tercer Tribunal Colegiado decidirá la sentencia. “Estamos esperando una respuesta satisfactoria del tribunal, que invalide la declaración ministerial incriminatoria en donde se le obligó a firmar un documento donde atestigua que él cometió el delito”, sentencia el defensor.

En su comunicado, los ejidatarios aclaran: “no vamos a dar un paso atrás en nuestra lucha, ni vamos a permitir que nos humillen y discriminen por nuestra lucha y organización”.

“Nuestra organización no busca la confrontación, sino es el mal gobierno y las autoridades ejidales oficialistas, que sólo buscan como destruir la organización”, finalizan en su comunicado. “Ellos son los verdaderos provocadores de la violencia en nuestro pueblo y buscan que siempre exista la división, porque no quieren que el pueblo se una en contra de su corrupción y saqueo de nuestro territorio”.

Fuente: Desinformémonos