México: presionan trasnacionales para explotar la riqueza lacandona

San Cristobal de las Casas, Chis., 16 de enero. Pasada la polvareda que provocaron las declaraciones del presidente Vicente Fox en la ciudad de Ocosingo el pasado día 11, en relación con que el EZLN "es cosa del pasado", quedó en evidencia el papel del gobierno federal en la división de las comunidades, la orientación asistencialista de la política social y el despojo de tierras y recursos naturales a poblados indígenas para darles uso turístico. Además, estudiosos y diversos organismos civiles han denunciado reiteradamente la presión que ejercen grandes trasnacionales sobre el gobierno mexicano para permitirles explotar las riquezas de la selva Lacandona.

Al establecerse el Grupo Operativo de Trabajo en junio de 2004, coordinado por la Secretaría de Reforma Agraria (SRA), con el secretariado técnico del gobierno de Chiapas (que viene a sustituir a la mesa ambiental heredada del sexenio pasado), quedó claro de nueva cuenta a qué grado el asunto de Montes Azules y anexas resultan prioritarios para el gobierno. Participan Semarnat, Sedeso, Sectur, Sagarpa, Conafor, Profepa, Conadepi y la mitad de las secretarías del gabinete estatal. De manera no explícita forman parte del aparato gubernamental la Secretaría de Defensa Nacional (que acordona masivamente la zona), la Policía Federal Preventiva y las procuradurías general y estatal de Justicia.

Por otra parte, las dimensiones institucionales y declarativas del problema realzaron el carácter de gestoría y reparto de dinero que posee, en los hechos, la denominada Coordinación para el Diálogo y la Negociación en Chiapas, a cargo de Luis H. Alvarez (a la que se sigue asociandoformalmente con el diálogo de paz y la reconciliación).

En su informe anual de 2004, Alvarez dio conocer el número de solicitudes de apoyo a diversas dependencias federales. La ventanilla itinerante del comisionado recibió 168 peticiones del municipio de Ocosingo, 43 de Huitiupán y 36 de Altamirano y Simojovel. También se detallan Tumbalá (29), Palenque (25), Mitontic (24), Cancuc (23), Tila (19), Playas de Catazajá (17), San Andrés Larráinzar (16), San Andrés Duraznal (14), Chenalhó (diez), Sitalá, Yajalón y Aldama (siete cada uno).

En este peculiar "diálogo de paz", el comisionado destaca que recibió en Ocosingo solicitudes tan variadas como la construcción de carreteras a San Caralampio y San José; la pavimentación de la vía Ocosingo-San Quintín-Emiliano Zapata (donde está la laguna de Miramar, en Montes Azules); la erección de puentes vehiculares en Las Tazas y San Jacinto, y la reapertura de oficinas de la Sedeso en la selva. Otras peticiones son de lámina, cemento, despensas, canchas de básquetbol o energía eléctrica.
Asunto de soberanía nacional y popular

Las "reubicaciones" voluntarias en Montes Azules y el manejo general del asunto por el gobierno sigue generando dudas y críticas, a pesar del triunfalismo "humanista" del Ejecutivo federal. "La reserva de Montes Azules y la selva lacandona son un asunto de soberanía nacional y popular", consideró la organización Maderas del Pueblo, al pronunciarse este fin de semana en relación con la gira del presidencial por los alrededores de la selva lacandona.

Para la organización ambientalista, la "expropiación" de 2 mil 875 hectáreas realizada por el gobierno federal a la llamada "comunidad lacandona", para regularizar los poblados Loma Bonita y Trece de Septiembre, asentados ahí desde hace más de 25 años, por lo cual la SRA pagó a los lacandones 28 millones de pesos, es "absolutamente irregular, en tanto el decreto presidencial, que en noviembre de 1971 dio la titulación a la Comunidad Lacandona, se basó en un enorme y doloso fraude agrario que respondía entonces a los intereses gubernamentales en la explotación de maderas preciosas". Aclara que las tierras expropiadas y los dos poblados mencionados no se encuentran dentro de Montes Azules, sino en los "bienes comunales" de la llamada zona lacandona.

"Esta expropiación sienta un precedente para que los lacandones vuelvan a exigir (como ya lo han hecho) el pago de otras 113 mil hectáreas, de las que supuestamente fueron despojados. Esto significaría "indemnizar" a los lacandones con unos mil millones de pesos". El proceso de reubicación de comunidades indígenas asentadas, éstas sí dentro de Montes Azules, que lleva a cabo la SRA, "ha estado plagado de irregularidades, imposiciones y despojos, como la fuerte presión ejercida contra ejidos de la región Marqués de Comillas para aplicar el Procede y detectar 'demasías' en los territorios ejidales, privando de éstas a hijos de ejidatarios que ya han creado derechos sobre las mismas".

Tal es precisamente el caso del anexo Loma Linda, sobre cuyo territorio el gobierno estableció el poblado Nuevo Magdalena, o la adquisición sobrevaluada de terrenos que el gobierno federal hizo a Roger Grajales, actual secretario de Economía del gobierno de Chiapas, para fundar la colonia Once de Julio, donde en un futuro inmediato se reubicarán los poblados Ocotal y Suspiro, hoy dentro de Montes Azules, Nuevo Tumbalá y Nuevo Petlalcingo, localizados en la zona lacandona. Otro asentamiento más, llamado Ruinas Sol Paraíso, que se quiere hacer pasar ante la opinión pública como poblado, es un rancho privado".

Este jueves, curiosamente, el mencionado secretario Grajales lamentaba, al comparecer ante el Congreso del estado, que en Chiapas "no se ha consolidado una visión empresarial" (¿como la suya?), e incluso declaró que el gobierno local no es empresario, y si lo es, dijo, es un "mal empresario" (Expreso, 14 de enero).

Más allá del riesgo para los derechos agrarios, humanos e indígenas de las comunidades en Montes Azules y la zona lacandona, durante años amenazadas con el desalojo violento y hoy sujetas a las presiones y promesas de la llamada reubicación "voluntaria", el asunto rebasa el ámbito local. Para Maderas del Pueblo la existencia en ese territorio selvático de valiosos y estratégicos recursos naturales hace de la región un botín cuya apropiación y control es ambicionado por corporaciones agroalimentarias, farmacéuticas, petroleras, embotelladoras y generadoras de energía eléctrica.

La solución de fondo, según la organización no gubernamental, "consiste en que la conservación de esos recursos pase primero por dirimir en manos de y para beneficio de quién se van a preservar y restaurar Montes Azules y la selva lacandona. ¿Para beneficio privado, lucro y control político territorial por las corporaciones multinacionales encubiertas bajo el verde manto de la filantropía ecologista? ¿O bien para el goce y disfrute del pueblo, en forma de bienes y servicios gratuitos, así como la construcción de un proyecto de nación basado en una real sustentabilidad y el control de esos recursos naturales?"

Fuente: La Jornada, México