México: asesinan a defensores del agua en el Cerro del Coyote

Ante los ataques que reciben los habitantes que defienden la gestión del agua bajo usos y costumbres, “es fundamental que actúe el mecanismo de protección de derechos humanos del Estado de México”, señala Antonio Lara, del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero.

El alcalde Alfredo Anguiano aprobó en una asamblea fraudulenta una resolución para que el municipio se apodere del manejo del agua, que pretende destinar a las “Ciudades Bicentenario” (Zumpango, Huehuetoca, Jilotepec, Atlacomulco y Almoloya de Juárez) e industrias. Cuando los manifestantes bloquearon una autopista para exigir diálogo, la respuesta fue con gases lacrimógenos, hostigamiento y amenazas.

Coyotepec significa cerro del coyote. Este municipio mexiquense de origen nahua es el último pueblo del viejo imperio mexica; más allá de la vista del parque estatal Sierra de Tepozotlán comienzan los pueblos hñähñu. La iglesia del lugar oculta un centro ceremonial. Detrás de ella, a unos siete kilómetros, se encuentra la Reserva Natural Laguna de Zumpango.

“El municipio mexiquense de Coyotepec es una joya”, expone Paulino Solano, ingeniero y habitante del municipio. Por el ejido del pueblo pasan ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) y tres líneas eléctricas de alta, media y baja tensión. También lo atraviesan fibras ópticas (por el Cerro del Jorobado), una porción de la Sierra de Tepozotlán y parte del sistema de drenaje profundo del Distrito Federal.

“La intención es irse sobre el agua. Es a lo que le tiran: la urbanización y la industrialización”, comenta Solano. El ingeniero explica que su municipio, al igual que otros del norte del Estado de México, es avasallado por el fenómeno metropolizador por el que crece la ciudad y se desborda sobre el Estado de México.

El 31 de julio de 2007, Enrique Peña Nieto, entonces gobernador mexiquense, decidió formar el proyecto Ciudades Bicentenario en Zumpango, Huehuetoca, Jilotepec, Atlacomulco y Almoloya de Juárez. Juntas pretenden albergar tres millones de personas, lo que fue denunciado en 2010 y 2011 en diversos medios de comunicación, como Proceso. Solano denuncia que cada nuevo gobernador, presidente municipal y diputado local intentan quitar el agua del uso actual y expropiar los ejidos a la comunidad para otorgar agua a estas ciudades. Hay, además, planes para un basurero regional.

“En el municipio dicen que nos oponemos al progreso, pero lo que hacemos es defender esta belleza”, precisa Solano mientras señala los bosques y las tierras amplias aptas para el cultivo de maguey y maíz.

La defensa del agua

El presidente municipal de Coyotepec, Alfredo Anguiano Fuentes, pretende municipalizar tres pozos de agua del barrio de Chantongo a tan sólo medio año de su periodo de gobierno.

Sergio Velázquez, habitante de Coyotepec, apunta que la diferencia entre el uso del agua por usos y costumbres y la municipalización es que en el actual estado de cosas, el pueblo decide si el agua se va a otros municipios o si se privatiza, todo mediante asamblea donde se vota con credencial de elector y recibo de agua pagada.

Eliseo Cristóbal, activista del municipio, acusa que el edil creó una asamblea ficticia para aprobar la municipalización del agua, lo cual causará que el pueblo ya no pueda decidir sobre el recurso. A la asamblea, celebrada el nueve de junio, llegaron empleados del ayuntamiento y acarreados de otros municipios.

Anguiano hizo una votación a mano levantada, mientras afuera alrededor de 800 personas protestaron contra lo que consideran una imposición. “Va en contra de la tradición de Coyotepec”, señala Eliseo Cristobal. “Le dijimos, presidente, hay que mediar, no puede ser así. No hubo respuesta”.

Ante la negativa de Anguiano, la población se manifestó en el kilómetro 50 de la autopista México-Querétaro. Alrededor de 200 agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana reprimieron a los manifestantes con gases lacrimógenos y palos, los siguieron hasta adentro de su pueblo y tiraron con un helicóptero gases lacrimógenos dentro de las casas.

“Queremos la desaparición del ayuntamiento de Coyotepec por violar los derechos humanos de los habitantes del municipio y su derecho a elegir”, exclama Sergio Velázquez, también habitante del municipio. El 18 de junio presentaron el recurso legal para conseguirlo de acuerdo con la ley orgánica municipal del Estado de México, pero no han recibido respuesta del gobernador Eruviel Ávila.

“El agua potable es sólo la punta de lanza. Hay muchos otros intereses. Somos pacíficos, respetuosos de la ley, pero exigimos que se nos haga caso”, remata Velázquez.

Mortal represión

En el mes que lleva de lucha, el movimiento “Nueve de junio” ya lleva dos muertos. Desde esa fecha, en la que hubo niños y personas de la tercera edad, los habitantes se mantuvieron en plantón. Tres días después, un joven apareció muerto en Tula, Hidalgo. La familia no quiso denunciar y pidió no hacer público su nombre por miedo a represalias.

El día primero de julio, Clemente Arreola -a quien los habitantes identifican como trabajador de Anguiano- asesinó a Alfredo Cruz e hirió a Agustín Binza, integrantes del movimiento. “La impotencia es grande, nadie nos escucha. El primero de julio falleció mi sobrino. Anguiano dio dinero para que sus asesinos salieran. Ya pagaron. Le metieron cuatro plomos, lo patearon como perro, le dieron con una piedra en la cabeza”, lamenta Vicente Moreno, tío del fallecido

Los activistas reciben amenazas en sus celulares, son perseguidos por patrullas estatales cuando salen de Coyotepec a actividades de difusión de su caso, y algunas personas denuncian presencia de sujetos armados afuera de sus casas.

El 10 de julio, los manifestantes llegaron al Palacio Municipal para resguardar el plantón y esperar un diálogo público con autoridades de gobernación del Estado. Antes de la llegada de cualquier autoridad, un grupo de choque de alrededor de 20 personas atacó el campamento. Tres personas fueron golpeadas y amenazadas con armas de fuego. Un día, antes la policía municipal agredió a señores que impidieron la entrada del presidente municipal.

No existe posibilidad de diálogo en Coyotepec, considera Eliseo. Los gremios de comerciantes quisieron presentar a Anguiano proyectos para abrir un corredor ecoturístico en la sierra, instalar mesas de lectura y formación de música, teatro y escultura. A cambio, recibieron amenazas.

“Es fundamental que actúe el mecanismo de protección de derechos humanos del Estado de México. Se necesita protección de policía federal a los compañeros”, señala Antonio Lara, del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, que sigue de cerca el caso y denuncia las lesiones, amenazas y hostigamiento contra habitantes del municipio.

Eliseo Cristóbal anuncia que no se rendirán e invitan a una la fiesta de San Cristóbal Mártir en la que se celebrará una asamblea con población. “Convocamos para buscar la forma de pedir justicia y el respeto de nuestras tradiciones y costumbres como pueblo”, finaliza.

Fuente: Desinformémonos