México: Sentencia, ASPY violentó los derechos del pueblo maya

Sentencia del Juez Segundo de Distrito en el estado de Yucatán reconoce que el ASPY violentó los derechos colectivos del pueblo maya peninsular.

¿Por qué demandamos la protección de la justicia?

Una de las razones para demandar el Acuerdo es la discriminación que como pueblo maya sufrimos día a día y que en este acto se pone de manifiesto al decidir por nosotros y sin nosotros, siendo que las acciones previstas se emprenderán en los territorios que hemos ocupado y usado ancestralmente.

El Juez que emitió la sentencia reconoce que hablar de la Península de Yucatán es hablar de los mayas, el segundo pueblo mesoamericano de México en términos numéricos, pues se estima que los mayas somos casi un millón y medio de personas. Por esto, nos concedió el amparo solicitado ya que los Gobernadores de Yucatán, Campeche y Quintana Roo no cumplieron con su obligación de consultar a los pueblos y comunidades indígenas que habitamos la Península de Yucatán antes de la creación del ASPY, con lo cual nos colocan en una situación de grave vulnerabilidad socioambiental.

De acuerdo con el Juez “es una obligación de los Estados consultar con los pueblos indígenas, de buena fe y con el objetivo de llegar a un acuerdo u obtener su consentimiento sobre asuntos que les afecten en distintos contextos.” Los pueblos originarios tenemos el derecho reconocido en las leyes de participar en los asuntos que pueden llegar a afectar nuestra vida y el derecho de dar nuestro consentimiento o negarlo cuando esas acciones ponen en riesgo nuestra supervivencia como pueblo.

En ese sentido, los gobiernos incluso dieron a conocer el ASPY a directivos y académicos de universidades y empresarios del sector privado, pero nunca a las comunidades mayas. Nosotros sólo aparecemos en el Acuerdo como parte de los paisajes bioculturales que desean cuidar para el turismo sustentable.

Preguntamos a los gobiernos ¿por qué es más importante para ustedes la alianza con los académicos y las empresas que respetar los derechos del pueblo maya?

Otra de las razones por las que interpusimos la demanda de amparo fue porque a pesar del tono beneficioso con el que se presenta el tema de la sustentabilidad, la realidad es que detrás del Acuerdo hay una intención de los gobiernos de participar y lucrar en los llamados “mercados verdes” y permitir la entrada de empresas de “tecnologías limpias” al territorio maya peninsular.

Para los mayas que habitamos desde tiempos ancestrales la Península de Yucatán, el territorio y todo lo que en él se encuentra: la tierra, los árboles, el sol, los animales,el agua y el viento, son elementos sagrados que permiten la reproducción de nuestra vida y nuestra cultura. A diferencia de nosotros, quienes ordenan y deciden sin consultar a nadie desde las instancias gubernamentales, creen que todo lo que hay en nuestros territorios es mercancía que puede ofertarse al mejor postor, incluida la fuerza de los vientos y la captura de carbono que hacen los árboles. Así lo hemos visto venir desde hace unos años con el Pago por Servicios Ambientales (PSA), programa cada vez más extendido en los ejidos y en el que deben destinarse grandes áreas del territorio a la “conservación” sin informarles que en realidad están entrando, a través del proyecto REDD+ impulsado por la ONG internacional The Nature Conservancy, al mercado de carbono en el que los beneficios reales no son para los ejidos. Así lo hemos visto venir también con la llegada de las empresas que comienzan a instalar sus parques eólicos y páneles solares en nuestros territorios.

Volvemos a preguntar ¿por qué la sustentabilidad que gobiernos y empresas proponen es a costa del despojo de las comunidades mayas?

¿Qué celebramos?

Por eso, hoy celebramos que la Justicia de la Unión haya decidido emitir el 23 de octubre de 2017 a través del Juez Segundo de Distrito del Estado de Yucatán la sentencia que reconoce el carácter invaluable y, desde sus propias palabras: “…la persistencia de [nosotros] los mayas, producto de una continua e inteligente actitud de resistencia” ante los intentos de desdibujar y acabar con nuestra cultura milenaria.

Celebramos que, en apego al principio de igualdad y no discriminación contenido en la Constitución Política de nuestro país, la Declaración de Naciones Unidas de los Pueblos Indígenas, el Convenio 169 de la OIT y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se nos dé la razón al reclamar el derecho que como pueblo originario tenemos a participar en la toma de decisiones que afecten nuestra vida y nuestros territorios, recordándole a los gobiernos la obligación que tienen de consultarnos a los pueblos y comunidades mayas que habitamos estos territorios antes de planificar y ejecutar las estrategias a seguir para lograr lo que ellos llaman sustentabilidad.

Demandantes del Acuerdo General de Coordinación para la Sustentabilidad de la Península de Yucatán

Fuente: EDUCE