México: Puebla, donde el ejército resguarda a las empresas

La utilización del ejército en comunidades poblanas para imponer por la fuerza la construcción del gasoducto, perteneciente al Proyecto Integral Morelos, pretende enviar el mensaje de que “no hay marcha atrás”, pero las comunidades ratifican su negativa a la obra y fortalecen su organización sin caer en provocaciones, evalúa Miriam Vargas, activista del Frente de Pueblos en Defensa del Agua y de la Tierra, Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDATMPT).

El detonante de la represión contra opositores al gasoducto –no sólo la entrada del ejército, sino las detenciones de activistas poblanos en abril, y la agresión policiaca a habitantes de Amilcingo, Morelos- tiene que ver con que en un mes vence la prórroga de la concesión otorgada a las empresas, y si no inician las obras, las concesionarias pueden demandar al gobierno, informa Miriam Vargas.

El 27 de mayo, personal y 12 máquinas de la empresa constructora Bonetti entraron a las comunidades de San Juan Amecac, San Marcos, San Bartolo, Cohuecan y Acteopan, escoltados por tanquetas del ejército y policías estatales. El uso de la fuerza pública para amedrentar a los pobladores –que en Amecac ya expulsaron una vez a los empleados- es ilegal, pues las autoridades comunitarias y ejidales no han dado permiso para que la obra comience, considera Miriam Vargas.

“Y aunque en esta ocasión se dio de esta forma, en comunidades como Zacatepec, Nealtican y Calpan llegan las tanquetas del ejército a rondar; en Zacatepec, lo hicieron la noche previa a una asamblea comunitaria. Es parte de la estrategia de intimidar y provocar a la gente”, informa la activista.

René Trujillo, estudiante de sociología amenazado por su participación en contra del gasoducto, recalca que el rechazo de las comunidades a la obra es tajante. “¿Qué garantías tenemos, si ni siquiera se respetan las legales?”, cuestiona Vargas. “Para nosotros, no hay estado de derecho, ni justicia alguna para nuestros presos”, reclama.

Las comunidades perciben la entrada el ejército como una especie de ultimátum para que dejen de oponerse a la obra, considera el estudiante. Sin embargo, la reacción –más allá del miedo que, consideran los entrevistados, pretende imponer el gobierno- es de indignación. “La gente se está organizando para ver cómo hacerle frente. No hubo confrontación porque los habitante priorizan el diálogo, pero éste no se da”, describe Trujillo.

Vargas considera que la entrada del ejército, además de intentar infundir miedo, es una provocación para que las comunidades se desvíen de su lucha, lo mismo que la detención de opositores. Los procesos penales contra Juan Carlos Flores, Enedina Rosas y Abraham Vélez se alargan, pues “parece que no los quieren dejar salir hasta que esté en marcha la obra”, valora la activista.

“No se permitirá que se imponga algo que la gente no quiere, y la entrada del ejército lo que hizo fue reafirmar la oposición”, anuncia la activista. “Hay mucha precaución en las comunidades, y ahora lo que se necesita es que las instancias de derechos humanos visibilicen el tema”.

Un proyecto con límite de tiempo

El Proyecto Integral Morelos (PIM), de carácter energético, atraviesa 80 pueblos de los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala. Prevé la construcción de dos centrales termoeléctricas de ciclo combinado de 620 megavatios (MW), ubicadas en Huexca, Morelos; un gasoducto de 160 kilómetros que transportará 9 mil 61 millones de litros de gas al día y cuyo trazo atraviesa a 60 pueblos de estos estados, en la zona de riesgo del volcán Popocatépetl; y un acueducto que transportará 50 millones de litros de agua al día a través de 19 pueblos del municipio de Ayala, Morelos.

La responsable del PIM –que abarca una inversión de mil 600 millones de dólares- es la Comisión Federal de Electricidad (CFE); las concesionarios son las empresas transnacionales Elecnor, Enagas y Abengoa.

El gasoducto va con un desarrollo paulatino, informa Trujillo. Ante la resistencia de los pueblos, la empresa intenta desviarse o dar la vuelta, pero se vuelve a encontrar con el rechazo de las comunidades. El tiempo presiona, pues la prórroga de la concesión vence dentro de un mes; las empresas tendrían ese tiempo para iniciar los trabajos y seis más para terminarlos; si no lo logran pueden demandar al gobierno por no existir las garantías para el inicio de las operaciones.

San Juan Amecac rechazó en pleno el paso del gasoducto desde agosto de 2013. Para marzo de 2014, la constructora Bonatti y la CFE intentaron iniciar la obra, pero fueron echados de la comunidad. En Puebla hay entre 30 y 35 pueblos que decidieron no permitir el paso del gasoducto, informa Miriam Vargas. “Por eso, ahora usan al ejército”, considera.

Represión, la constante

Con episodios de represión previa en Huexca, Jantetelco, Cuautla y Amilicingo (donde la policía usó armas de fuego), en Morelos, en abril de 2014 tocó el turno a Puebla. El 5 de abril fue allanada la casa del comisariado de Bienes Comunales de San Juan Amecac, Avelino Velázquez Tapia.

Entre el 6 y el 8 de abril fueron detenidos Juan Carlos Flores Solís,del Frente de Pueblos en Defensa del Agua y de la Tierra, Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDATMPT), la comisariada ejidal de San Felipe Xonacayuca, Enedina Rosas Vélez, y Abraham Cordero Calderón, del Frente Campesino de Ejidatarios y Pequeños Propietarios del Valle de Texmelucan y la Sierra Nevada. Además, el profesor investigador Ricardo Pérez Avilés, del departamento Universitario de Desarrollo Sustentable del Instituto de Ciencias de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), así como los estudiantes Jesús René Trujillo Prado, Alberto Melchor Montero e Iliana de Jesús Lozano –quienes realizan investigaciones en torno a la conflictividad social y los megaproyectos- fueron amenazados.

“Como no paramos la oposición al gasoducto con las detenciones de nuestro compañeros, ahora entran con el ejército”, denuncia la integrante de Frente.

Estas detenciones y allanamientos se suman a la aprobación de la llamada “Ley Bala”, iniciativa del gobernador panista Rafael Moreno Valle para regular el derecho a la manifestación y legalizar el uso de la fuerza pública para disolver manifestaciones que, a su juicio, sean violentas. “No escatiman ningún recurso. Van con todo, ante la situación tensa que este gobierno generó en Puebla con las minas, el gasoducto y la autopista”, expone Miriam Vargas.

Hasta el cierre de esta edición, el ejército permanece en Amecac. “El panorama es duro. El gobierno no quiere ceder en nada, pero los movimientos ya mostraron que no dejarán su lucha. Aquí, nadie se echa para atrás”, finaliza.

Fuente: Desinformémonos