México: El extractivismo amenaza a los indígenas en Puebla

México. Ante la amenaza que representa el trío compuesto por ciudades rurales, minas e hidroeléctricas, los indígenas de la Sierra Norte de Puebla protagonizan la defensa de su territorio en movilizaciones y asambleas, que se extienden por diferentes comunidades. La reciente agresión a los opositores a la presa en Olintla es solamente un eslabón en la estrategia para implementar megaproyectos interconectados en esta zona.

“Estamos en una etapa de resistencia contra las empresas; diferentes actores se están articulando y generan información para los pueblos”, indica Gabriel Hernández García, del Centro de Investigación y Capacitación Rural (Cedicar). Las empresas con mayor capital en los proyectos de la Sierra son FRISCO, de Carlos Slim, y Comex Hidro, que recibe capital estadunidense.

En febrero de 2011, la empresa Comex Hidro quiso imponer una hidroeléctrica a indígenas chinantecos del estado de Oaxaca -de los ejidos Los Reyes, Santa Úrsula y Paso Canoa-, que se resistieron.

Para oponerse a las imposiciones de estas empresas surgió el Consejo Tiyat-Tlali (Tierra, tierra) por la Defensa del Territorio, que articula, a la Cooperativa Tosepan, la Unidad Totonaca Náhuatl (UNITONA) y la Universidad de Tierra, entre otras organizaciones.

Las minas y la tierra

En Puebla, 25 por ciento del territorio está concesionado por el gobierno federal a empresas mineras, tanto nacionales como extranjeras, pues en el sexenio de

Vicente Fox se autorizaron 271 títulos para explotar 817 mil 148 hectáreas, según la Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía.

El gobierno estatal ha dado concesiones para la minería a cielo abierto y la construcción de hidroeléctricas que abastecerían las minas en los municipios de Huehuetla, Cuetzalan, Zacapoaxtla, Tetela, Zautla, Zapotitlán de Méndez, Tlapacoya, Hermenegildo Galeana y Zaragoza, en la Sierra Norte de Puebla.

“Un factor clave para la entrada de las mineras es que en la Sierra Norte no existe la propiedad social de la tierra, no hay ejido ni comunidad, todos son pequeños propietarios”, explica Gabriel. “La empresas entran con un convencimiento individual, no existe una asamblea ejidal o comunal. Les ofrecen caminos, dinero, y de esa manera entran”.

La violencia, la falta de acceso a la justicia y el aumento de la miseria son grandes problemas que existen en la Sierra Norte, que comprenden una marcada represión por parte de grupos paramilitares. Además, la agricultura de subsistencia y la producción de café -principales actividades económicas de la población- no satisfacen las necesidades de la población; a esto se suma la oferta de dinero a las comunidades para la venta de tierras.

Lupe, la china expulsada de la sierra

En Tlamanca, municipio de Zautla, el proyecto de reapertura de la mina de oro y plata “Lupe”, de la empresa china JDC Minerales, fue rechazado por los habitantes de ese lugar.

Un documento de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales sobre el Proyecto de Reactivación Minera Mina “Lupe” informa que en 2005, la empresa Minerales La Luz adquirió los derechos de la concesión minera “Lupe” -después de realizar estudios de cuantificación sobre los terreros del lote minero del mismo nombre- y realizó inversiones por tres años en infraestructura, como acondicionamiento del camino de acceso, extensión de línea eléctrica de 500 metros con banco de transformación de 112.5 kilovatios, acondicionamiento de obras hidráulicas y del antiguo recinto de beneficio, así como el montaje de un pequeño taller de beneficio para el tratamiento de los terreros a una capacidad inicial de 8 toneladas por turno.

Este proyecto consiste en reabrir una antigua mina -donde anteriormente se extraían oro, plata y cobre- en dos fases. La primera es procesar más de 65 mil toneladas de terreros y colas, lo que tardaría entre un año y medio y dos años; la segunda es ampliar las obras al interior de la mina, previos estudios geológicos, de mecánica de suelos, evaluación y localización de vetas. Este proceso tiene una vida útil de más de 25 años.

A pesar del discurso de sustentabilidad -el no uso de sustancias tóxicas persistentes, como el cianuro, y el cuidado de elementos de flora de tipo boscoso-, la comunidad rechazó tajantemente la apertura de esta mina.

El 4 de noviembre, una contundente movilización de autoridades y grupos organizados de las 32 comunidades del municipio de Zautla respaldó rotundamente la decisión de la comunidad de Tlamanca de rechazar la explotación minera. La votación, hecha en presencia de los empresarios chinos, tuvo 240 votos de un total de 270 por el No a la mina en el cerro Aquiogüisn (Cerro del agua).

Proyectos actuales y resistencias

En la comunidad de La Cañada, a cinco kilómetros del municipio de Tetela de Ocampo, también perteneciente a la Sierra Norte, existe una concesión para extracción de oro y plata a cielo abierto de alrededor de 10 mil hectáreas entregada a Frisco, una empresa del Grupo Carso (del consorcio de Carlos Slim Helú), cuya razón social es Minera Espejeras, según queda evidenciado en el “Informe Preventivo del Proyecto de Exploración Minera ‘Espejeras’”.

A finales de agosto de 2012, cerca de 700 personas se dieron cita en el foro “Sierra Unida: No a la Mina, Sí a la Vida”, donde rechazaron la minería a cielo abierto existente en el cerro de Espejeras

En septiembre, una inusual manifestación se generó en la comunidad: cientos de estudiantes de secundaria, con letreros en manos, rechazaron la minería en su comunidad.

En octubre de 2012, la asociación civil Comité Tetela Hacia el Futuro denunció que otra empresa pretende iniciar la explotación de yacimientos de oro y plata a cielo abierto en esa región, lo que resultaría en consecuencias nocivas para el ecosistema y la economía de la población.

Ese mismo mes los trabajos de exploración para oro y plata fueron detenidos. La Minera Frisco también quedó en pausa hasta que la empresa no presente un nuevo Manifiesto de Impacto Ambiental que cumpla con la normativa vigente.

Mientras, en el municipio de Zapotitlán de Méndez, el sábado 6 de octubre se realizó la primera asamblea comunitaria con el objetivo de informar, acordar y decidir sobre el proyecto hidroeléctrico San Antonio, de la empresa Ingdeshidro. El proyecto incluye los ríos Zempoala y Ateno, dentro de los municipios de Xochitlán, Zapotitlán, Nauzontla, Atlequizayan y Zoquiapan.

Por otro lado, dos concesiones se ejecutan en el municipio de Zacatlán, en la comunidad de San Miguel Tenango, donde la Minera Real del Plata hace exploraciones de oro y plata, y se extrae feldespato en el predio Ranchito Velázquez para Feldmex.

Otra más es la concesión para la exploración de oro y plata otorgada en Camocuautlaque a Almaden Mineral, de origen canadiense, que además está a cargo, junto con Pinnacle de México –también canadiense-, de la búsqueda de oro, plata y cobre en el municipio de Ixtacamaxtitlán, concretamente en los pueblos de Santa María y San Miguel Tuligtic.

Ante esto, el Consejo Tiyat Tlali por la Defensa del Territorio organizó una asamblea informativa a la que asistieron más de 250 personas oriundas de las 14 comunidades nahuas y totonacas de este municipio, que rechazaron los “proyectos de muerte”, como los calificaron en esa asamblea.

Un mismo proyecto, ciudades rurales e hidroeléctricas.

Gabriel Hernández ejemplifica tres elementos de despojo en la comunidad de Xonotla, que en 1999 “fue reubicada por los deslaves frecuentes en esa zona” a raíz de las lluvias que se suscitaron en la sierra y que provocaron la destrucción de las parcelas y de muchos poblados. El gobierno estatal promovió, junto con la Fundación Amparo, la edificación de la Unidad Habitacional Manuel Espinoza Yglesias (UHMEY), en el municipio de Zacatlán. Los recintos se construyeron para que los habitaran los damnificados nahuas, totonacos y mestizos de diversos municipios afectados severamente por las lluvias. Las 200 familias reubicadas tuvieron que dejar sus parcelas y sus comunidades de origen para vivir en casas de 40 metros cuadrados, que fueron construidas con materiales de muy baja calidad.

Para Gabriel Hernández, “son los mismos lugares donde quieren hacer minas e hidroeléctricas” donde desalojan a comunidades, instalan ciudades rurales y establecen hidroeléctricas para generar la energía que necesita la mina para trabajar.

La resistencia

“En las comunidades indígenas de distintas zonas del país existen juzgados indígenas que son los responsables jurídicos en la resolución de conflictos”, señala Gabriel Hernández. “Son los consejos de ancianos y el consejo pastoral del municipio de Hermenegildo Galeana, Huehuetla, que imparten justicia y ahora le están entrando a la defensa del territorio”.

“En Cuetzalan está la sede de la pastoral social y se trabaja con la teología india; este actor desarrolla la resistencia, sobre todo donde no hay presencia de organizaciones de producción o sociales”, menciona Gabriel Hernández. “Como en otras parte de la república, los proyectos mineros se imponen sin consultar a los pueblos indígenas, en este caso los nahuas y totonacos”.

En defensa de los territorios ancestrales

Actualmente, la explotación indiscriminada de los recursos naturales pone en riesgo la supervivencia de las culturas y de los mismos pueblos, apunta Gabriel Hernández; el gobierno federal y los el gobierno locales “están rematando las riquezas de los territorios ancestrales a las empresas trasnacionales”.

En Puebla, menciona el investigador, “en el cerro sagrado de Cozoltepec se realiza la ceremonia al patrón de todos los cerros”, y es ahí donde quieren establecer la mina. “Ese lugar es el granero donde se encontraron todas las semillas y donde se hacen peticiones de la lluvia”.

En la Sierra Norte de Puebla, la defensa del territorio abarca lo económico, lo productivo y lo simbólico -la defensa de los lugares sagrados-. “La gente está enojada; ya en Tetela salieron 2 mil personas y en Tepextla hubo enfrentamiento con la policía; la siguiente etapa puede ser de enfrentamientos directos”, concluye Gabriel Hernández.

Publicado el 11 de febrero de 2013

Fuente: Desinformémonos