México: Los megaproyectos violan derechos humanos y generan muerte, señala Red de Afectados

“En Guerrero sus gobernantes históricamente han tenido la piel gruesa para dar respuestas sobre los temas relacionados con las terribles violaciones de derechos humanos que ahí ocurren todos los días, y que son visibilizadas por las víctimas y por los medios de comunicación”, opinó Rema en su comunicado.

El miércoles, en el 39 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la relatora especial sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, Victoria Tauli-Corpuz, resaltó que los megaproyectos de la presa hidroeléctrica La Parota y las concesiones mineras en la comunidad de San Miguel del Progreso, municipio de Malinaltepec, violan los derechos de los pueblos indígenas, sobre todo el derecho a la consulta, consentimiento, libre determinación y territorio de las comunidades indígenas de Guerrero.

Al día siguiente, el gobernador Astudillo Flores declaró que no ve la violación a los derechos de los pueblos indígenas en los megaproyectos como el de La Parota y las concesiones mineras en San Miguel del Progreso.

Rema señaló que las denuncias reportadas y visibilizadas ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, por la relatora especial sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, Victoria Tauli-Corpuz, “son muestra clara del tamaño de la impunidad que opera en Guerrero”.

“Claro que el gobernador y la clase gobernante en el estado en su conjunto no ve violaciones a los derechos, y no las ve porque forman parte de un sistema que violenta sistemáticamente los derechos de los pueblos no sólo con megaproyectos, sino con la omisión al no atender ni darle seguimiento ni hacer nada por todos los casos de secuestros, asesinatos, crímenes y demás vejaciones en donde las instituciones federales, estatales y municipales, son incapaces de atenderlas”, dijo la agrupación.

La Red Mexicana de Afectados por la Minería indicó que el gobernador no ve las violaciones a los derechos de los pueblos indígenas con los megaproyectos porque él mismo ha sido partícipe “leguleyo” de las poderosas empresas mineras que operan en el estado.

“El gobernador también fue comparsa del conflicto laboral ocurrido en la minera de la empresa Torex, el cual acabó con siete asesinatos y hasta la fecha nadie sabe nada de los asesinatos de tres de los opositores masacrados por las guardias de seguridad de la empresa, abiertamente relacionados con los Guerreros Unidos”, señala.

Recordó que, además, hace una semana dos trabajadores de la empresa Goldcorp/Leagold y un ejidatario de Carrizalillo, municipio de Eduardo Neri, fueron asesinados por fuerzas especiales en Mezcala, “pero como siempre, pronto salieron a endilgarles vínculos con el crimen organizado porque para las fuerzas del orden eso sí justifica que tengan permiso para asesinar”.

Agregó que el gobernador tampoco ve lo que sucede en más de 110 comunidades de las regiones Tierra Caliente, Centro y Norte del estado, en donde ya operan ocho de las megaempresas mineras “que tanto defiende con orgullo, pero en sumisión plena a ellas a pesar de la gravísima crisis relacionada con el despojo, el desplazamiento forzado, los secuestros, las extorsiones y las desapariciones”.

Critica que en esas regiones el gobernador no es cuidadoso de los derechos humanos, “es copartícipe de la impunidad más rampante”.

Rema agregó que en realidad sería una sorpresa que el gobernador hablara mal de las empresas y sus megaproyectos, “esas que no sólo violan derechos, sino que los desaparecen para siempre”.

Fuente: El Sur