Marchan para pedir absolución de acusados por masacre de 2012 en Paraguay

Organizaciones campesinas, estudiantiles y sindicales, así como religiosos artistas y representantes de partidos políticos de izquierda y de grupos de defensa de los derechos humanos presentes en la marcha denunciaron que no existe ninguna prueba que les incrimine, y por lo tanto reiteraron su petición de absolución.

Los once procesados están acusados por los delitos de homicidio doloso, asociación criminal e invasión de inmueble ajeno, y la Fiscalía pide para ellos penas de entre 5 y 30 años de prisión, mientras que la defensa solicita que sean absueltos.

La acusación se refiere a los hechos ocurridos el 15 de junio de 2012, cuando varios centenares de policías acudieron a desalojar a unos 70 campesinos que ocupaban unas tierras del distrito de Curuguaty (este) para pedir que se integraran a la reforma agraria.

Durante el desalojo murieron en un tiroteo once campesinos y seis policías, pero la Fiscalía no investigó las muertes de los labriegos.

Mariano Castro, padre de los acusados Néstor y Adalberto Castro, y de Adolfo Castro, fallecido durante la masacre, recordó a Efe que los procesados son en realidad las víctimas de la matanza, que resultaron heridas durante el tiroteo, o perdieron en él a sus familiares.

"No vamos a descansar hasta aclarar qué pasó en Curuguaty. Si no hay libertad de nuestros compañeros, no nos quedaremos de brazos cruzados. El lunes termina el juicio, y esperamos que los jueces tengan conciencia y hagan justicia", afirmó.

La marcha de hoy se detuvo ante las sedes de la Fiscalía paraguaya y del Ministerio del Interior para denunciar que ambos entes actuaron al servicio de los latifundistas que promovieron el desalojo que desembocó en la masacre.

"Todo el sistema judicial está siendo utilizado para criminalizar la lucha social, y defender los intereses de la oligarquía, que son sobre todo latifundistas", expresó Marcial Gómez, de la Federación Nacional Campesina.

Agregó que la base del caso Curuguaty es la lucha por la tierra y la confrontación entre dos modelos de desarrollo económico: el propuesto por los campesinos, basado en la producción de alimentos y materia prima industrializable; y el defendido por las empresas agroexportadoras, basado en el monocultivo de soja en latifundios.

Por su parte, Alicia Amarilla, de la Coordinadora de Mujeres Rurales e Indígenas (Conamuri) aseguró que el juicio por el caso Curuguaty es un "proceso montado" en el que la Fiscalía "no presentó una sola prueba" contra los acusados, sino que les acusó "por su ideología, por ser luchadores por la tierra".

Recordó que Paraguay es uno de los países con mayor concentración en la tenencia de tierras de todo el mundo, donde el 85 % de los terrenos cultivables está en manos del 3 % de la población, y en el que desde la caída de la dictadura en 1989 han sido asesinados o desaparecidos 117 líderes campesinos.

La movilización finalizó frente al Palacio de Justicia de Asunción, donde desde el pasado lunes hay cinco mujeres encadenadas para pedir la absolución de los acusados, a las que se unieron hoy otras dos familiares de los procesados.

El juicio por la masacre de Curuguaty, del que el próximo lunes se conocerá la sentencia, es uno de los más largos de la historia de Paraguay, y la investigación del caso realizada por la Fiscalía ha sido cuestionada por organismos internacionales como las Naciones Unidas.

La masacre de Curuguaty, ocurrida el 15 de junio de 2012, sirvió de base al entonces opositor y hoy gobernante Partido Colorado para impulsar un juicio político al presidente Fernando Lugo, que fue destituido una semana más tarde en un procedimiento calificado de "irregular" por organismos como la Unasur y el Mercosur.

Fuente: Terra