Los animales mueren y el SAG no cumple con la ley

A raíz de diversas denuncias que desde hace décadas realizan personas y organizaciones ciudadanas del país, ha quedado en evidencia que el Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, no dispone de ningún mecanismo para un registro público y seguimiento efectivo de incidentes en el ambiente, es decir, intoxicación de plaguicidas en animales y la contaminación de aguas y suelos, tal como lo mandata el decreto N°158 de aplicaciones terrestres con plaguicidas del Ministerio de Salud.

Organizaciones de Monte Patria, en la región de Coquimbo y la Red de Acción en Plaguicidas de Chile, RAP-Chile, haciendo un monitoreo de los diversos medios de denuncias para informar a la autoridad de los casos de intoxicación con agrotóxicos, constataron que el SAG no cuenta con formularios ni con funcionarios informados, para responder a lo dispuesto en el artículo 12 del decreto 158 del Ministerio de Salud que establece la obligación de registrar y concurrir a las denuncias por incidentes que involucran a las abejas y polinizadores, la fauna silvestre o animales domésticos intoxicados y/o muertos por aplicaciones de plaguicidas en cultivos agrícolas y plantaciones forestales,  cuando así lo denuncie la comunidad.

Esto es grave, porque por voluntad del Estado de Chile, es esta misma institución la que reglamenta el uso de agrotóxicos, con un marcado énfasis en la productividad y la sanidad de los vegetales y no en los impactos negativos que este tipo de insumos tóxicos trae a la salud de las personas, a los suelos, aguas, a la flora y fauna que habitaba el lugar antes que ellos dispusieran que tal o cual veneno podía legalmente aplicarse.

Las evidencias en zonas rurales sobre cóndores y aves silvestres muertas, pumas y zorros enfermos, abejas muertas, desorientadas o simplemente desaparecidas, son crecientes. Muchos de los animales y aves muertas son especies protegidas y de alto valor para el equilibrio de los ecosistemas, pero las denuncias se quedan en el terreno del lamento y de la pena. Para revertir esta situación es que se le exige al SAG que habilite un formulario que permita tener un diagnóstico a la hora de la adopción de políticas públicas, cautelar los derechos de esa naturaleza que no produce dinero para los bolsillos, pero que es un bien natural común y la responsable de la vida en los territorios, de hecho, es el más decisivo indicador del acierto o desacierto de las políticas públicas.

El problema de la contaminación de los ecosistemas y muerte de especies de alto valor exige acciones urgentes de la autoridad responsable que permitan proteger y restaurar la naturaleza y cumplir los compromisos en sus tres dimensiones complementarias (social, económica y ambiental).

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Fuente:  Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina