Las barreras a la extranjerización de la tierra tienen sus agujeros

Este miércoles se recordó el Día Mundial de la Lucha Campesina. En países como Argentina y Paraguay está celebrándose la Semana de los Pueblos Originarios. Los pequeños agricultores, tanto indígenas como mestizos, blancos o negros, enfrentan en toda Latinoamérica el fenómeno de la concentración y la extranjerización de la tierra, lo que incluye a estados asiáticos comprando propiedades para asegurarse el acceso al alimento de sus poblaciones. Argentina, Brasil y Bolivia han reaccionado al fenómeno adoptando restricciones a la propiedad extranjera de la tierra, mientras que Colombia, Ecuador y Uruguay debaten medidas similares y Perú analiza una norma que frene la concentración. Sin embargo, Grain, una ONG internacional con sede principal en Barcelona que apoya a campesinos y movimientos sociales en favor de la producción cooperativa y ecológica de alimentos, advierte de que las barreras que están creándose contra la inversión extranjera resultan endebles.

En primer lugar, Grain advierte de que los políticos de diversos continentes están centrando el debate en la extranjerización, pero se olvidan de que también deben abordarse otros problemas como la concentración de tierras –donde también los inversores locales revisten un papel considerable-, su uso y los sistemas de registro y avalúo de propiedades. Los precios de las tierras han aumentado desde la década pasada a partir de la bonanza de los altos precios de las materias primas, que a su vez atrajeron el interés de los grandes inversores por comprar o alquilar campos para la producción de alimentos, muchas veces transgénicos, para su exportación, lo que ha ido en detrimento de la presencia de los pequeños agricultores, muchos de los cuales han migrado a las ciudades. La ONG advierte de que en el debate sobre la extranjerización muchos políticos hacen un “gran alarde nacionalista o pro soberanía”, proclaman que “extranjero es lo mismo que malo” y montan el “espectáculo mediático de fingir que se hace algo”, cuando en realidad no se aborda la cuestión de la seguridad alimentaria, la subsistencia rural o una “genuina” reforma agraria.

En segundo término, la ONG pone en duda la efectividad de las medidas adoptadas en algunos países latinoamericanos, europeos y africanos: “¿Acaso podrán estas restricciones hacer la diferencia, especialmente para los pequeños productores de alimentos que luchan por alimentar a sus familias y comunidades? Es muy poco probable, por varias razones”. Por un lado, las restricciones aplican en general un límite a la compra de tierras, pero ya en los últimos años, incluso antes de las barreras aplicadas por Brasil en 2010 y Argentina en 2011, los inversores extranjeros se han dedicado a arrendarlas. Ése es el negocio de los llamados pools de siembra de Argentina, locales o foráneos, que se ha convertido en empresas más poderosas que las de los tradicionales terratenientes. En algunos casos los alquileres pueden llegar a firmarse por 99 años. A veces estos contratos se sellan sin el consentimiento explícito y directo de los dueños, según Grain.

Por otro lado, los inversores extranjeros pueden esconderse tras los nacionales, según la ONG. Si bien los locales figuran como propietarios, éstos rubrican contratos privados que ceden el inmueble a forasteros. También sucede que la multinacional cree empresas locales que sean reconocidas como de capital nacional, como ocurre en Brasil. Precisamente, en el gigante sudamericano el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) estableció que las sociedades con más del 50% de accionistas extranjeros deben ser consideradas de afuera a los efectos de someterse a las restricciones para la adquisición de tierras.

La compra de propiedades agrícolas por parte de estados extranjeros, un fenómeno llamado acaparamiento, también puede encubrirse de otras maneras, por ejemplo, con contratos con agricultores locales que se comprometan a venderles toda su producción a esos países. En Brasil, la estatal china Chongqing Grain Group anunció en 2011, ante los límites impuestos por Lula, que, en lugar de adquirir 100.000 hectáreas en el estado de Bahía, iba a instalar un complejo de almacenaje y molienda de soja –producto netamente de exportación- donde comprarían la producción de 200.000 hectáreas de agricultores locales. La empresa china les pedía contratos de largo plazo para que la abastecieran a cambio no solo del precio del mercado sino de financiación y servicios logísticos. En Argentina, otra compañía estatal china intentó un acuerdo similar, pero se enfrentó con la resistencia política y social.

“En otros casos, las restricciones legales para los extranjeros han sido eludidas reclasificando las tierras, o fraccionando las transacciones al punto de que puedan burlar el radar de los reguladores”, alerta Grain, cuya dirección está integrada, entre otros, por Henk Hobbelink, Devlin Kuyek, Renée Vellvé, Camila Montecinos, Ramón Vera Herrera y Carlos Vicente.

Argentina aprobó en 2011 una ley que prohíbe que un individuo o empresa extranjera tenga más del 15% de un municipio. A su vez, un mismo grupo o persona no puede tener más del 30% de las tierras extranjerizadas. Los extranjeros no pueden acceder a tierras cercanas a las fronteras, que son consideradas necesarias para resguardar la seguridad interior, ni tampoco las que se encuentren “a lo largo de los grandes cuerpos permanentes de agua”. Diego Montón, del Movimiento Nacional Campesino Indígena y de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo-Vía Campesina, reconoce que esta ley “era un primer paso importante, pero no suficiente”. “Instaló la discusión de que el Estado regule la distribución de la tierra, pero no revirtió la situación actual sino que puede ser una herramienta hacia adelante en función de las perspectivas de ofensiva de las transnacionales. Pero el capital extranjero puede enmascararse en sociedades anónimas. Debemos avanzar sobre la legislación del uso y la función de la tierra, que no sea una mercancía”, opinó Montón.

La ley argentina congelaba las ventas de propiedades a extranjeros hasta que se terminara de conocer la cantidad real que estaban en manos de ellos. Para eso comenzó a elaborar un registro. En octubre pasado, el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner informó que voluntariamente se habían registrado 7,5 millones de hectáreas en manos foráneas, lo que supone solo el 2,7% del territorio total del país sudamericano. La Federación Agraria Argentina, que agrupa a los agricultores medianos, calcula que el 9% de las tierras se han extranjerizado. Los cálculos oficiales sitúan a los españoles como los extranjeros con más propiedades en este país, con 1,6 millones de hectáreas, seguidos por los norteamericanos y los suizos. “El registro dio un resultado fue muy inferior a las cifras reales. Ahora el Estado debe investigar qué propiedades no se registraron y eso viene lento. Además, la venta a extranjeros sigue”, denunció Montón.

En la Bolivia de Evo Morales los extranjeros no pueden hacerse de tierras estatales, pero sí de las privadas. La condición que se les pone es que adquieran la residencia local. Esta misma imposición se encuentra bajo estudio del presidente de Uruguay, José Mujica.

En Brasil, por orden de Lula, la fiscalía general reinterpretó una ley de 1971 para que se pusiera en vigencia una prohibición de que los extranjeros poseyeran más del 25% de las tierras de un municipio. Forasteros de una misma nacionalidad no pueden tener más del 10% de las propiedades de una localidad. Pero esta reinterpretación del fiscal general aún está siendo discutida, tres años después, en las comisiones del Congreso. El Gobierno de Dilma Rousseff ha obligado a registrarse a los extranjeros que quieran hacerse de tierras. En su país, los forasteros tampoco pueden comprar a menos de 50 kilómetros de las fronteras.

En Colombia se ha instalado el debate y un legislador ha propuesto en el Parlamento que los extranjeros puedan tener más del 15% de las tierras de un municipio. El proyecto fue aprobado por una comisión del Senado, pero prevalecen las dudas de que el partido del Gobierno de Juan Manuel Santos, Unidad Nacionalrealmente esté interesado en sancionar la ley.

En Ecuador, el Gobierno de Rafael Correa está considerando un proyecto que limitaría la transferencia a extranjeros de más de 300 hectáreas. En Paraguay se acabó el debate que había propuesto el destituido presidente Fernando Lugo (2009-2012). Fue Lugo quien en 2011 reglamentó una ley que había prohibido en 2005 que los forasteros accedieran a tierras a 50 kilómetros de la frontera, pero Grain advierte de que la norma se incumple.

El Parlamento de Perú analiza dos proyectos de ley para restringir la concentración de la tierra, con independencia del origen del capital. En el país de Ollanta Humala la Constitución también prohíbe el acceso extranjero a propiedades a menos de 50 kilómetros de los límites.

En Uruguay se ha zarandeado mucho la discusión, pero por ahora no hay una decisión concreta. En el gubernamental Frente Amplio, de centroizquierda, han propuesto desde prohibir que estados extranjeros o sus empresas compren tierras agrícolas o forestales hasta acotar el acceso de compañías privadas del capital del exterior, de modo de evitar la especulación inmobiliaria que ha encarecido tanto los precios y ha expulsado a campesinos hacia la ciudad. También se ha hablado de limitar la presencia extranjeras en las fronteras.

Fuente: El País