Las grandes fortunas y el fracking

El proyecto presentado por el Frente de Todos busca cobrar por única vez un impuesto a quienes tengan bienes valuados en más de 200 millones de pesos, la alícuota ronda entre el 2 y 5,25 % del patrimonio. La medida alcanzaría a las 10 mil mayores fortunas del país y se estima recaudar 300 mil millones de pesos. Un 20 % se asignará a salud, y porcentajes iguales para que Pymes mantengan los empleos y al programa de becas Progresar, mientras que un 15 % a mejorar las condiciones habitacionales de barrios populares. El último destino mencionado en el proyecto es el que, en términos individuales, concentra la porción mayor: el 25 % irá a exploración, desarrollo y producción de gas a través de la empresa IEASA (ex Enarsa) en articulación con YPF, que deberá reinvertir sus utilidades en desarrollos de gas durante 10 años.

La decisión va en línea con la idea gubernamental de Vaca Muerta como motor energético y productivo del país, y busca enfrentar el impacto de la pandemia sobre la economía. A diferencia de la gestión anterior, que benefició notablemente a algunas privadas, esta política se sostiene sobre dos empresas mixtas, que, comandadas por el Estado, tienen porcentajes importantes de sus acciones en manos privadas. De ahí una de las mayores paradojas del impuesto, que, tras un intenso debate público, puede terminar beneficiando a fondos como Black Rock, el más duro en la negociación de la deuda privada argentina, y la petrolera Shell. Según un relevamiento realizado con la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, como titulares de parte del 49 % de las acciones privadas de YPF aparecen también los fondos de inversión Morgan Stanley y Goldman Sach, y los bancos HSBC, BBVA Francés, ITAÚ y BNP Paribas, entre otros.

El proyecto de ley asegura que debido a la caída de la inyección de gas se necesitan inversiones en desarrollos “que contribuyan al logro del autoabastecimiento en el corto, mediano y largo plazo”. A partir del precio promedio de los últimos cinco años del Gas Natural Licuado (GNL) importado, estiman que si los fondos necesarios para atender ese costo son destinados a inversiones en Argentina, obtendrían casi ocho veces más gas. Con el consecuente beneficio para la balanza de pagos y la dinamización de la economía.

La explotación de Vaca Muerta se anuncia desde hace casi una década como el eje de la política energética y productiva del país. Sin embargo, hasta el momento no dio los resultados esperados, pese a los tarifazos y los cuantiosos incentivos estatales. Después de cortos periodos de expansión, la extracción se ralentizó o cayó, sea por la baja del precio internacional o por restricciones en la implementación de incentivos. También está lejos de cumplir las expectativas como dinamizador del sector productivo, los encadenamientos han sido escasos y dependientes de las inversiones hidrocarburíferas apalancadas en subsidios.

La obstinación por Vaca Muerta omite, además, los impactos socioambientales de la aplicación masiva del fracking, aunque el territorio tiemble por los sismos. Se trata de una técnica cuestionada a nivel mundial y prohibida en varios países. Incluso, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, exhortó en 2018 a la Argentina a “reconsiderar la explotación a gran escala de combustibles fósiles no convencionales mediante el fracking en la región de Vaca Muerta”.

La receta que falló

Más de la mitad de la matriz de energía primaria de Argentina está compuesta por gas, que en un 45 % se extrae mediante fracking. En el plan de inversiones de 2020, YPF junto a sus socias preveía destinar 2101 millones de dólares a explotación no convencional y 640 a convencional. Es decir, que el 76 % focalizado en fracking. Con un dólar a 85 pesos, el 25 % de la contribución extraordinaria de las grandes fortunas equivale al 32 % de la inversión de la compañía más importante del país.

Pese a los deseos y la propaganda gubernamental, algunos riesgos de la explotación en Vaca Muerta comienzan a tomar relevancia en la agenda pública. Por un lado, la notable caída de la extracción ante los primeros inconvenientes con los subsidios y las inversiones en dólares que se retiran del país tan rápido como llegaron. Por otro lado, el inestable devenir del precio internacional del crudo pone regularmente en jaque las economías estructuradas sobre hidrocarburos.

El escaso interés de las grandes petroleras globales por traccionar la explotación masiva, la dependencia de los subsidios y las carencias de infraestructura fundamental  frustraron el sueño exportador de la Vaca Muerta del macrismo. Esa incertidumbre que continúa vigente, a la que se le suma la caída global del precio de los hidrocarburos. Esto convenció a la nueva gestión nacional que la perspectiva de convertir a Argentina en un exportador de GNL debía, por lo menos, posponerse.

Aún si sacamos de la ecuación los costos sociales y ambientales, esa apuesta llamada Vaca Muerta sigue sin ser tan clara como la presentan en sus discursos de los gobiernos y las empresas. La explotación de Vaca Muerta vuelve muy inestable la oferta de gas. Si las empresas frenan las inversiones rápidamente comienza a faltar. Por lo cual, el Gobierno queda atado a garantizar un precio estímulo. La obstinación por este desarrollo, que se constata en el nuevo Plan Gas y en el importante porcentaje de esta contribución destinado a la explotación de gas, lejos de sacarnos del problema nos hunde más.

La pospandemia

La pandemia del COVID-19 profundizó la crisis del capital en todo el mundo. Esto llevó a un debate global sobre qué modelo de sociedades construir en la pospandemia. La discusión sobre la contribución de las grandes fortunas es situada por el oficialismo como una medida excepcional en un momento crítico que requiere de un esfuerzo de las personas que más tienen.

En un país donde la mayor urgencia es la pobreza de millones y las desigualdades del sistema, son necesarias medidas como el impuesto a las grandes fortunas. Este momento crítico es también la ocasión para pensar en políticas a largo plazo. En ese esquema, la obstinación por los combustibles fósiles es una receta probada muchas veces con malos resultados. Si pensamos que la energía es el motor de nuestra sociedad, cuesta creer que el fracking pueda ser la base para construir un país más justo.

Fuente: Observatorio Petrolero Sur