La otra consulta electoral: Argentina y un plebiscito que es ilegal
¿Qué pasará con las tierras de la Lhaka Honhat? El mismo día de las elecciones parlamentarias a nivel nacional, en la provincia de Salta se llevó a cabo un consulta plebiscitaria inconstitucional. El gobierno de la provincia de la norteña Salta impulsó una consulta popular por un conflicto de tierras que mantiene con comunidades aborígenes
Esta medida no sólo viola la Constitución Nacional y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en materia de derechos indígenas sino que reniega de los acuerdos asumidos por el propio Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En julio de este año, la Legislatura de la provincia de Salta aprobó un proyecto de ley, presentado por el gobernador Juan Carlos Romero, que convocaba a una consulta popular para el día 23 de octubre a todos los habitantes del departamento de Rivadavia para que decidan si el Estado provincial hace entrega o no (la sencilla trivia dice por “Sí” o por “No”) de tierras ancestrales reclamadas por comunidades aborígenes y ocupantes criollos.
Esta repentina acción de gobierno rompe la mesa de diálogo, propiciada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde marzo de 2000, con la Asociación de Comunidades Aborígenes Lhaka Honhat para una “solución amistosa” en la entrega de los lotes fiscales 14 y 55.
Mientras el ministro de Producción y Empleo, Sergio Camacho, cree ver detrás del reclamo de la Asociación intereses ingleses a través de la Iglesia Anglicana y ONGs, el Secretario de Estado, Raúl Medina, acusa a “organismos internacionales que no quieren dejar de recibir fondos para seguir publicando libros con las comunidades”.
En tanto un comunicado emitido por la Lhaka Honhat señaló que “todas las partes acordaron no tomar ninguna decisión por fuera de este proceso. La provincia de Salta decidió convocar a esta consulta popular, ignorando todos y cada uno de los compromisos asumidos”.
¿Cuáles son esos compromisos asumidos? El decreto 2.609 de 1991 es el primero de ellos. Allí el Estado provincial se comprometía a realizar la entrega de una superficie sin divisiones internas y bajo un título de propiedad único a todas las comunidades. El decreto 3.097 de 1995 es el segundo de ellos. En este caso el gobierno decide la adjudicación de 240 mil hectáreas “sin subdivisiones” a las comunidades, basándose en los estudios desarrollados por la Comisión Asesora Honoraria que evaluó el conflicto durante 1993 y 1995. Lo hace, sin embargo, en forma de Proyecto de Ley para que sea aprobado por los legisladores.
El tiempo, como siempre, pasa y en agosto de 1996 más de 1.000 aborígenes toman pacíficamente durante 23 días la obra del puente internacional sobre el río Pilcomayo que el gobierno salteño estaba construyendo sobre la zona de conflicto. Tanto el puente que une a Misión La Paz (Argentina) con Pozo Hondo(Paraguay) como el diseño de la ruta nacional 86 atraviesan el territorio reclamado y afectan las condiciones de vida de las comunidades. Los caciques de las 40 comunidades agrupadas en la Asociación de Comunidades Aborígenes Lhaka Honhat llegan a un nuevo acuerdo con el gobierno, esta vez representado por el ministro de Gobierno, Miguel Ángel Torino. Firman un acta en la que el gobierno se compromete “a dictar en un plazo de 30 días el decreto de adjudicación definitiva de las tierras de los lotes fiscales a las poblaciones indígenas y criolla con la condición fundamental –para las comunidades- en un solo título para todos”.
El tiempo, siempre, sigue pasando y en diciembre de 1998 la Lhaka Honhat, con el apoyo del Centro de Estudios Legales y Sociales(CELS), presenta su denuncia en contra de la provincia de Salta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ya se habían agotado todas las instancias judiciales posibles: en septiembre de 1995 presentan un recurso de amparo por la construcción del puente que es rechazado en abril de 1996 por la Corte de Justicia provincial y en mayo de 1996 presentan un Recurso Extraordinario Federal que es rechazado en diciembre de 1997 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En diciembre de 1999 el gobierno de Salta adjudica 8 mil hectáreas del lote 55 a discreción y a título individual, entre algunas familias aborígenes y criollas. Uno de los actos fue presenciado por el cantor “Chaqueño” Palavecino quien contaría con algunos familiares entre los criollos. Algunos aborígenes se movilizan cortando alambrados y volteando postes de las tierras loteadas.
La primera delegación de la CIDH llega en marzo de 2000 e inicia el proceso de diálogo entre ambas partes. En el 2002, en el marco de un “país en crisis”, otra delegación arriba en julio y se reúne con diversas autoridades provinciales y la Lhaka Honhat.
Sin embargo, luego de tanto tiempo de espera y mentiras, comenzaron a aparecer divisiones dentro de la Lhaka Honhat favorecidas por maniobras políticas del gobierno en el Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS) y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Debe tenerse en cuenta que estaba integrada por comunidades de las etnias wichí, toba, chorote, chulupí y tapiete en representación de 6.000 aborígenes. De las 40 comunidades que llegaron a integrarla actualmente hay 33 que lo siguen haciendo bajo el liderazgo del cacique Francisco Pérez.
La situación se deterioró con la elección del cacique Filiberto Barbieri como integrante del Consejo Consultivo del INAI. Por eso las palabras de Luis Lezcano (cacique de La Merced y delegado para el INAI) en la página oficial del gobierno de Salta dando por descontado que irá a votar al referéndum propuesto por el gobierno y lo hará por el sí, o las de Rogelio Nerón que le pide a “mi hermano el gobernador Romero que tantas veces nos escuchó, que haga su último esfuerzo” y “a mis hermanos: basta de Francisco Pérez”.
Incluso se realizó una reunión en Misión La Paz, en septiembre de este año, en la que estuvieron presentes caciques de algunas comunidades y funcionarios provinciales. Según reza la página oficial, el Coordinador de Relaciones Institucionales, Roque Mascarello, habría explicado a los aborígenes los beneficios de entregar un título único a cada comunidad ya que “de la otra manera, entregando un título único, ninguno de ustedes nunca será dueño de las tierras”.
En octubre de este año, también, el gobernador Romero inauguró en Tartagal la flamante sede central del IPPIS y vaticinó que “esta casa nos va a reunir para hacer realidad los sueños que aún están pendientes, los sueños del progreso”. En el acto, uno de los interventores del IPPIS, Oscar Valdivieso, agradeció al gobernador Romero por “estos beneficios que nos da”.
Aunque diezmada, la Lhaka Honhat está organizando con el grupo “Chaguar”, la Universidad Nacional de Salta y otras asociaciones, la presentación de una medida cautelar ante la Corte de Justicia de Salta por la inconstitucionalidad del referéndum.
El artículo 75 de la Constitución Nacional expresa que corresponde al Congreso “reconocer la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan”. El Convenio 169 de la Organización Mundial del Trabajo(OIT), ratificado por el Estado argentino en el 2000, sentencia que “deberá impedirse que personas extrañas a esos pueblos puedan aprovecharse de su desconocimiento de las leyes por parte de sus miembros para arrogarse la propiedad, las posesión o el uso de las tierras pertenecientes a ellos”.
El gobierno nacional, mientras tanto, se limitó a expresar su descontento por el referéndum a través de la Cancillería y la Secretaría de Derechos Humanos. Al parecer, tan cerca de las elecciones, nadie quiere mover una sola pieza que desestabilice el tablero. Ni siquiera para exigir memoria y justicia.
Por Leonardo Marzano - Desde la Redacción de APM
El autor de este artículo es alumno del Seminario curricular de grado “MERCOSUR, procesos de integración latinoamericana y medios de comunicación”, de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP.