La ley de impacto ambiental esconde la mercantilización de la biodiversidad

Ecologistas en Acción considera que estos mercados no aportan nada bueno a la conservación y mejora de la biodiversidad y, por el contrario, son un caldo de cultivo idóneo para la especulación y la pérdida de control legal sobre los recursos naturales más sensibles.

El borrador de ley de impacto ambiental anunciado por el Gobierno da pasos atrás en varios aspectos. El recorte de plazos afectará a la calidad de las evaluaciones ambientales y a las posibilidades de participación pública. Además, se merma el carácter objetivo y determinante de la evaluación de proyectos. Pero de todo su contenido, en el borrador de la ley destaca la disposición adicional por la que se crean los llamados bancos de conservación que el propio Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente define eufemísticamente como un "mecanismo para evitar la pérdida neta de biodiversidad a través de medidas de compensación basado en el mercado".

En principio los llamados bancos de conservación se plantean con la aparentemente inocente intención de promover mejoras ambientales en el medio natural que puedan ser adquiridas por promotores de proyectos impactantes que requieran de medidas compensatorias.

Sin embargo esconden una realidad doblemente perversa. De entrada se asume y facilita que proyectos que no debían ser viables por su elevado impacto ambiental, y que por eso requieren de medidas compensatorias, se puedan desarrollar comprando unos créditos valorados en función de mejoras ambientales que se lleven a cabo. La supuesta mejora ambiental adquirida no aportaría nada a la biodiversidad, por cuanto sería una compensación de un daño ambiental grave. Es decir, el efecto neto sobre la biodiversidad, en el mejor de los casos, sería nulo, cuando no negativo, ya que nada garantiza que la mejora vaya a funcionar o sea realmente equivalente al daño a compensar.

Pero lo realmente perverso es el mecanismo por el que se crean y negocian los créditos del llamado banco de conservación, y que no es otra cosa que un mercado de títulos sobre activos ambientales otorgados a titulares de terrenos, los cuales se transmitirían en régimen de libre mercado y podrían ser negociables por terceras partes en mercados secundarios. Se crearía así un mercado que a último queda en manos de lo que decidan los mercados y, por lo tanto, de los intereses puramente económicos y especulativos.

Conservación de la biodiversidad y mercados financieros no casan en absoluto, responden a necesidades y mecanismos de funcionamiento bien diferentes. Además, a nadie le puede caber ninguna duda de quien tiene las perder en esta posible relación.

De hecho, ya hay casos parecidos que muestran como los mercados son incapaces de aportar otra cosa que especulación a los activos ambientales. Ahí está el comercio de derechos de emisión de carbono, con una burbuja especulativa creciente que ni el Parlamento Europeo ha sido capaz de resolver.

Desde el punto de vista ambiental no se vislumbra ningún impacto positivo de esta medida y sí la amenaza de que los mercados se adueñen de unos activos ambientales que de entrada no son propiedad de nadie en particular.

Las especies, los hábitats y los ecosistemas son patrimonio de todos, en muchos casos están protegidos, y otorgar sobre ellos títulos que dan derechos económicos es una forma de privatizarlos, seguramente ilegal según nuestro ordenamiento jurídico.

La biodiversidad no tiene nada que ganar con los bancos de conservación y sí mucho qué perder, por ello Ecologistas en Acción exige al Gobierno que renuncie a la creación de estos mercados financieros y busque otras fórmulas basadas en el respeto a las leyes y procedimientos ambientales para hacer frente a las medidas derivadas de la normativa de impacto ambiental.

Fuente: Tercera Información