La complicada lucha por la defensa de la riqueza biológica nacional

Emilio Vargas Mena, 14 de mayo de 2014.

La biodiversidad y su conservación, especialmente aquella que corresponde a los ecosistemas naturales, es ya un tema común en la sociedad costarricense. Sin embargo, su apropiación privada a través del reconocimiento de derechos de propiedad intelectual, con el propósito explícito de explotar mercantilmente sus genes y otras cualidades intrínsecas, es ciertamente un subtema de escasa popularidad y de limitado dominio técnico aún en el mundo académico y político.

El libro de Silvia Rodríguez Cervantes, recién publicado por la Editorial de la Universidad Nacional en el 2013, logra desmenuzar, analíticamente, la complejidad y actualidad urgente de esa cuestión, cada vez más crucial para los países de mayor diversidad biológica, como es Costa Rica. La difícil temática es abordada con sentido histórico, base científico-natural, dominio crítico del corpus legal, y con perspectiva sociológica sobre el mundo de las empresas transnacionales, los pueblos indígenas y campesinos, y las ideologías que acompañan la acción política de distintos actores, ya sea en las calles, en la Asamblea Legislativa, en el Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, o en los escenarios, éticamente cuestionados, de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de EU, CA y RD.

Que la vida vegetal y animal pueda ser ya finalmente registrada y patentada en las oficinas nacionales e internaciones correspondientes, tuvo una relativamente larga gestación en el último siglo y medio. Dos tendencias de orden político acompañaron ese proceso: la constitución de sistemas de áreas protegidas donde la biodiversidad natural disponible asegurara su existencia -deseablemente a perpetuidad, in situ-, y la fundación de jardines botánicos, donde plantas y semillas, domesticadas o no, principalmente de procedencia de colonias y ex colonias de ultramar, pudieran ser conservadas ex situ para aprovechar en el futuro su insospechado potencial, incluido el posible beneficio económico. Ambas tendencias, que tuvieron su origen en el norte del planeta, en Inglaterra y Estados Unidos, hoy día continúan su evolución, aunque empujadas a toda vela por los fuertes vientos neoliberales que azotan cada rincón del planeta.

Las áreas protegidas, otrora santuarios que no admitían su explotación pecuniaria más allá del inofensivo turismo y en muy pequeñas áreas, han sido ya objeto de acoso legal para abrirlas a la explotación económica, incluyendo la bioprospección y patentamiento de genes y otras características de plantas y animales. En algunos países como Costa Rica, -nos recuerda el libro- esa prospección biológica fue iniciada dentro de las áreas protegidas incluso en un marco legal que la prohibía.

La acción colonialista de los Jardines Botánicos también ha continuado, pasando por institutos de la FAO-ONU diseminados por el mundo y desembocando ahora en las más modernas y sofisticadas cámaras refrigerantes o Arcas de Noé, donde los estados ricos en biodiversidad y políticamente débiles, siguiendo acuerdos internacionales que se ven obligados a firmar, acuden a guardar sus colecciones, no solo de biodiversidad natural, sino de biodiversidad domesticada, de semillas milenarias, la principal fuente de alimentos para la humanidad. Y quienes entreguen allí sus colecciones ceden también sus derechos de propiedad intelectual.

Esos avances de la conservación de la biodiversidad in situ y ex situ no pueden comprenderse cabalmente sin contemplar la alarmante y aguda erosión genética derivada de la revolución verde y de la destrucción progresiva de hábitats para establecer potreros ganaderos o campos agrícolas. El libro ahonda distinguiendo las posiciones políticas frente a este problema, señalando, por ejemplo, que la biodiversidad en fincas, especialmente conservada y renovada de manera colectiva por los campesinos e indígenas a lo largo de la historia, no es ya reconocida en todos sus alcances en el mundo globalizado, donde predominan los derechos de propiedad intelectual individual sobre formas de vida. Los agricultores que tradicionalmente guardan sus semillas ya saben que esa práctica ancestral está bajo riesgo de desaparecer en el futuro.

En este proceso, la posición que consideró a los recursos fitogenéticos y a la biodiversidad como patrimonio de la humanidad y que intentó cristalizar esa idea en compromisos internacionales, todos no vinculantes, fue perdiendo terreno frente al trepidante avance de la propiedad intelectual como signo y esencia de la nueva fase globalizante del mercado. La nueva posición, consistente con los nuevos tiempos, fue promover la biodiversidad como un recurso sobre el cual cada uno de los estados decidiera de manera soberana. Bajo ese principio, y siendo la soberanía políticamente relativa, se abrió la posibilidad de que los poderosos intereses económicos de compañías transnacionales y gobiernos que las defienden, lograran imponer a los estados más débiles sus condiciones, esta vez sí legalmente vinculantes, bajo la amenaza de fuertes multas o indemnizaciones en procesos de arbitraje internacional.

Si el lector o lectora quisiera conocer en detalle cómo nuestro mundo llegó finalmente a patentar y a privatizar la vida, el libro le ofrece un detallado análisis sobre las acciones de los dos principales protagonistas de esa historia: la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y la Organización Mundial del Comercio (OMC), ambas vinculadas a un abigarrado conjunto de intereses económicos y convenios internacionales, algunos bastante desconocidos, que ya en la primera década del siglo XXI, se imponen poderosamente en las negociaciones regionales o bilaterales de los Tratados de Libre Comercio impulsados por los Estados Unidos. Esas negociaciones obligaron al cambio inmediato y apresurado de cualquier ley nacional que impidiera hacer realidad el derecho de propiedad privada intelectual sobre formas de vida, como sucedió hace pocos años en Costa Rica.

La sección final de este libro, con dos muy reveladores capítulos, analiza minuciosamente y desde adentro, la compleja y convulsa coyuntura por la que atravesó Costa Rica desde la difícil gestación participativa de la Ley de Biodiversidad No. 7788 -premiada internacionalmente con el Future Policy Award en una de las Conferencias de las Partes del Convenio de Diversidad Biológica- hasta su atropellada modificación en la Asamblea Legislativa, como condición impuesta por el gobierno de los Estados Unidos para la aprobación del TLC. Este análisis coyuntural sobresale en el conjunto de la obra por auscultar cuidadosamente tanto la dinámica sorprendente y contradictoria del proceso político que condujo finalmente a la aprobación del TLC, como también los intereses y acciones de las muy diversas partes involucradas (diputados, negociadores, Ministros, Presidente de la República, Comex, Inbio, UICN, UNA, Coabio, Conagebio-Oficina Técnica, Red de Conservación en Biodiversidad, Sala IV, Mesa Campesina, Mesa Indígena, Grain).

El antecedente directo de este libro, sus preguntas de investigación iniciales acerca del origen de las regulaciones estatales sobre los pobladores de las áreas protegidas, surgen en un proyecto de extensión de la UNA, el Proyecto de Caño Negro. Eran los años ochenta, cuando la teoría crítica de Paulo Freire orientaba la acción universitaria conocida como Extensión, y los extensionistas nutrían su pensamiento, su docencia y su investigación del diálogo fecundo con la gente que vivía los problemas y quería transformar su realidad.

Este libro testimonia la continuidad de aquel enfoque y no es entonces solo el resultado de una investigación minuciosa, de clara vigencia, que abarca las múltiples dimensiones -histórica, ecológica, política, legal, cultural y económica- relacionadas con la riqueza biológica y su apropiación privada. La autora lo escribe y comparte gracias también a una praxis de más de veinte años involucrada y comprometida directamente en el proceso político que analiza. Se trata de una posición privilegiada, un contexto de observación participante, y también una experiencia de investigación participativa, transformadora, liderada desde el proyecto CAMBIOS-UNA, que contribuyó decisivamente en la elaboración de la Ley de Biodiversidad y su seguimiento crítico.

Y debe también destacarse que la complicada lucha por la defensa de la riqueza biológica nacional no haya terminado aún y que la autora siga pendiente en el 2014 del resultado de los recursos de inconstitucionalidad interpuestos contra las modificaciones a los artículos 78.6 y 80 de la Ley de Biodiversidad, aún no resueltos por la Sala IV.

Una nueva coyuntura política se abre con el triunfo del Partido Acción Ciudadana (PAC) en las recientes elecciones en Costa Rica. En la campaña del referéndum sobre el TLC, la mayor parte de la dirigencia del PAC -incluido el actual Presidente de la República y también el Presidente de la Asamblea Legislativa- estuvo muy activa promoviendo el NO. ¿Tendrá el PAC, ahora en el gobierno, capacidad y poder para revertir, o al menos contrarrestar, en los próximos cuatro años esta tendencia de despojo de la riqueza biológica nacional?