La pequeña gran producción

Se estima que en la Argentina existen alrededor de 220.000 unidades productivas de la agricultura familiar, que representan el 66% de las explotaciones agropecuarias (distribuidas en tan sólo el 13% de las tierras productivas disponibles), el 20% del valor bruto de la producción y el 54% del empleo rural. Sin embargo, los resultados preliminares del último Censo Nacional Agropecuario muestran que hubo un retroceso de 100.000 unidades productivas familiares en todo el territorio, lo que representa un gran riesgo para este sector que produce gran parte de los alimentos que llegan a la mesa de los argentinos.

Las políticas destinadas a este sector son cada vez menos y son más restrictivas desde que comenzó la gestión de Cambiemos. Por ejemplo, se eliminó el Monotributo Social Agrario (que, desde el año 2009, les permitía a trabajadores y trabajadoras del área acceder a servicios de salud a través de una obra social, aporte jubilatorio y la posibilidad de facturar), en algunas regiones se ha vuelto prácticamente imposible pagar las tarifas para acceder al agua de riego, no hay políticas que promuevan el acceso a la tierra por parte de estos productores (en general alquilan el lugar en el que viven y producen) y se les ha quitado gran parte del asesoramiento técnico que les proveía el Estado, tras el despido de casi 500 empleados de la anterior Secretaría de Agricultura Familiar (SAF). También, más recientemente, tras el  cierre de tres centro de investigación para la agricultura familiar (IPAF) del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), a fines de marzo de este año.

En este escenario,  las organizaciones del campo decidieron reunirse para definir sugerencias de políticas públicas para el sector acorde a sus necesidades, en un multitudinario encuentro que el 7 y 8 de mayo pasados reunió a más de 3000 productores, productoras, profesionales, técnicos y referentes vinculados al sector de todo el país en el Estadio de Ferro, en Buenos Aires. “Se están destruyendo todos los organismos de ciencia y tecnología que trabajan con la agricultura familiar y se les quitan derechos que habían adquirido en años anteriores, con más impuestos, cargas y reglamentaciones. Les ponen más exigencias mientras les sacan el acompañamiento técnico, cuando son los técnicos del INTA y la SAF quienes tendrían que acompañarlos en la transición para tengan todo en regla. Así, pareciera que la única salida que les queda es irse de la actividad”, le dijo a TSS la antropóloga Carolina Feíto, integrante del Foro de Universidades Nacionales Para La Agricultura Familiar, quien estuvo presente tanto en Ferro como en el Quinto Congreso del Foro de Universidades Nacionales para la Agricultura Familiar (FUNAF), que se realizó del 15 al 16 de mayo en Río Negro.

“Es necesario instalar el debate sobre los organismos de ciencia y tecnología y cómo se vinculan con la sociedad. El caso del INTA es paradigmático porque allí está ausente la representación de los agricultores familiares, campesinos e indígenas, y es importante que todos estemos representados, no solo los grandes intereses, porque eso da pie a que luego se tomen decisiones que no son acordes a los intereses de todos los argentinos”, dijo el diputado nacional del bloque FpV-PJ Roberto Salvarezza, tras presentar un proyecto de ley que propone la incorporación de representantes de la agricultura familiar en el Consejo Directivo del INTA, el órgano decisor de la institución de ciencia y tecnología mas relevante para el desarrollo agropecuario nacional.

“Tenemos que empezar a concebir el accionar y la construcción desde la demanda y las políticas públicas, más allá de una cuestión corporativa de reclamar los derechos propios del sector que representamos. Debemos poner esa cuestión reivindicativa en función de un proyecto popular emancipador, que es lo que garantizaría en este caso que el Consejo Directivo del INTA esté representado por el sector que produce los alimentos”, afirmó Nahuel Levaggi, de la Unión de los Trabajadores de la Tierra (UTT), durante la presentación del proyecto, junto con representantes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en INTA y otras organizaciones campesinas e indígenas, como el Movimiento Nacional Campesino Indigena-Vía Campesina (MNCI-Vía Campesina) y el Frente Agrario Evita. Levaggi consideró que el solo hecho de que haya una representación más amplia entre las autoridades del INTA tampoco garantiza la defensa de los agricultores familiares. “Lo que tenemos que garantizar es un modelo agropecuario en la Argentina que garantice alimentos sanos a precios justos para el pueblo”, subrayó.

“Si queremos alcanzar la soberanía alimentaria y comer un alimento sano y accesible es necesario dar algunas discusiones. Esta iniciativa va en ese sentido: que se empiece a escuchar la voz de esos sectores que nosotros decimos que son la última fila de campo”, coincidió Nicolás Bilbao, del MNCI-Vía Campesina, durante la presentación del proyecto. Y agregó: “La agricultura familiar tiene que poder acceder a lugares institucionales en los que se puedan discutir las políticas y el modelo de país que queremos y creemos que es necesario construir, que se fortalezca a las organizaciones y productores del sector como sujetos político, sociales y económicos y que se avance en la discusión sobre cómo se generan las políticas de investigación y educación”.

El anuncio se produjo poco después de que la  Federación de Organizaciones Nucleadas de la Agricultura Familiar (FONAF) anunciara la impugnación judicial y administrativa del cierre de los IPAF del INTA, medida que habría sido tomada el jueves pasado por un juzgado de Capital Federal, tras un amparo colectivo presentado por la FONAF en sintonía con un recurso presentado por el gremio APINTA. “Presentamos un recurso administrativo y una ampliación de esa impugnación ante las autoridades del INTA, pero aún no hemos tenido respuesta”, dijo Mario Romero, secretario General del gremio, y coincidió con que hay un acuerdo generalizado en que el consejo directivo del INTA debe incluir a la pequeña agricultura familiar, las universidades dedicadas a ese sector y los trabajadores, que hoy tampoco estan representados. “Estamos trabajando en eso y se lo estamos haciendo conocer no solo a las autoridades del instituto sino también a los candidatos presidenciales con los que estamos hablado”, afirmó.

Las autoridades del INTA son designadas a través de un sistema particular, ya que cuenta con un director nacional, que hoy es Héctor Spina, elegido por un consejo directivo compuesto por el presidente y el vicepresidente, que son designados por el Poder Ejecutivo Nacional, y un cuerpo colegiado con cinco representantes del sector público y cinco del sector privado, entre los cuales figuran la Sociedad Rural Argentina, la Federación Agraria, la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (CONINAGRO) y las universidades de Agronomía y Veterinaria, entre otros.

INTA recortado

Hasta la aprobación de la reestructuración, el organismo estaba repartido en todo el país a través de 15 centros regionales que incluyen 51 estaciones experimentales agropecuarias y más de 350 unidades de extensión rural, a los que se suman seis centros de investigación (Agroindustria, Ciencias Políticas, Económicas y Sociales, Ciencias Veterinarias y Agronómicas, Investigaciones Agropecuarias, Recursos Naturales y Agricultura Familiar) que contemplaban 23 institutos dedicados a este fin. Uno de esos centros es el CIPAF (Centro de Investigación para la Agricultura Familiar), que estaba compuesto por cinco institutos IPAF distribuidos en las cinco macro regiones agropecuarias del país: Noroeste (NOA), Noreste (NEA), Pampeana, Cuyo y Patagonia.

En total, el instituto emplea a más de 7.500 profesionales permanentes (según datos de 2015, que además muestran un incremento de más de un 130% desde el año 2003) y casi 3.000 trabajadores con distintos tipos de relación laboral, tanto de planta como contratados y becarios.

Si bien la resolución no implicó más reducciones en el personal (se perdieron más de 700 puestos de trabajo durante los últimos dos años y hoy, según APINTA, un 11% de los trabajadores cobra sueldos que se encuentran por debajo de la línea de pobreza), autoridades y trabajadores del INTA continúan preocupados por el recorte del 20% de la estructura del organismo propuesta por el nuevo organigrama aprobado, según el cual desaparecieron 12 agencias de extensión rural y tres institutos del CIPAF: los IPAF de las regiones NEA, Cuyo y Patagonia, que se convirtieron en áreas de investigación dentro de los centros regionales más cercanos.

“Lo que más nos preocupa es la cobertura territorial. ¿Cómo van a hacer los técnicos para seguir yendo a las mismas comunidades que iban? Cada IPAF se ocupa de entre cuatro y cinco provincias, y solo quedaron dos”, cuestionó Feíto y rescató que, pese a esta situación adversa, se haya logrado concretar el quinto FUNAF. “El cierre de los tres IPAF nos encontró en plena organización del Congreso y sembró incertidumbre, ya que desaparecía un socio en la organización”, recordó el ingeniero agrónomo Juan Brizzio, a cargo de la Secretaría de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad del Comahue, y responsable de la coordinación del encuentro. “La idea es contrarrestar la política del Gobierno, que busca sacar a los actores de la agricultura familiar del rol de posibles aportantes a un modelo de desarrollo productivo, para transformarlos en sujetos de ayuda social”.

“El día anterior al congreso tuvimos una reunión de directores del INTA que fue muy importante. Fue convocada por la dirección nacional de la institución y se plantearon algunas estrategias para que no se desintegren los equipos”, dijo Marcos Hall, director del IPAF Región Pampeana. “A pesar de no ser más institutos, se van a conservar los consejos de los asesores que tiene cada uno y, a pesar de que van a depender de un centro regional van a seguir trabajando para toda la macro región”, sostuvo.

Universidades para la agricultura familiar

El FUNAF es un encuentro impulsado por referentes de universidades y centros de ciencia y tecnología de todo el país desde hace al menos una década. Similar al  Foro Agrario organizado por las organizaciones del campo a principios de mes, en el Estadio de Ferro, en la Ciudad de Buenos Aires, busca promover políticas públicas que impulsen el desarrollo de la pequeña producción familiar en el país.

“Para nosotros fue un desafío, nunca habíamos reunido a más de 500 personas en un mismo encuentro”, dijo Brizzio y detalló que durante las jornadas se presentaron alrededor de 140 trabajos y 70 pósters. En paralelo al FUNAF hubo dos encuentros, uno de estudiantes para la agricultura familiar y otro de agricultores familiares.

“Hay una firme necesidad de participar del espacio, de sentirse contenidos y acompañados, y de buscar puntos en común y formular propuestas a futuro que permitan no solo sobrellevar este momento coyuntural, sino también seguir fortaleciendo estos espacios y dar cuenta del rol estratégico que tiene la agricultura familiar para el desarrollo de las economías regionales y de la Nación”, destacó Leo Motta, docente de Extensión Agraria en la Universidad Nacional de Luján (UNLu), que también se desempeña como técnico en la agencia de extensión rural de Marcos Paz del INTA.

En cuanto a las preocupaciones y propuestas que surgieron del encuentro, fueron similares a las que se escucharon durante el foro en Ferro. La principal: que se reglamente la  Ley de reparación histórica de la Agricultura Familiar en la totalidad de sus artículos. “Se cuestionó la falta de políticas claras que permitan visibilizar a la agricultura familiar como un sector productivo”, sintetizó Brizzio y agregó que las estadísticas indican que, en la actualidad, prácticamente el 70% de los productos frescos que llegan a la mesa de los consumidores está relacionado con la agricultura familiar y que más del 60% de los productores forma parte de este sector heterogéneo, que no solo está compuesto por horticultores sino también por productores frutícolas, de cereales, de fibras como lana o pelo y ganaderos cárnicos. “El 90% de la producción caprina de la provincia de Neuquén proviene de productores del sector de la agricultura familiar”, ejemplificó.

“La tendencia va hacia una política de importar alimentos. Hay verduras congeladas que compramos en el supermercado que se cultivan en Europa, cuando tenemos un cinturón hortícola con mas de 5000 productores solo en Buenos Aires”, advirtió Feíto.

Fuente: TSS - Universidad Nacional de San Martín