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Insumos del milagro sojero paraguayo: represión, paramilitarismo y muertes

Idioma Español
País Paraguay

“La guardia ciudadana, que trabaja con la anuencia del ministro del interior, está ligada a latifundistas y sojeros, quienes las llaman ‘Comisión garrote’ y tiene como principal objetivo perseguir a dirigentes campesinos/as. La excusa de estas bandas armadas para ejercer apremios ilegales, es dar una respuesta a la creciente violencia y criminalidad en Asunción debida a la creciente expulsión de campesinos de sus tierras”

El 14 de junio comienzan las acciones del Movimiento Campesino Paraguayo (MCP) por la destitución de la fiscal Olga Wilma Araujo, quien debe investigar el asesinato de Serapio Villasboa Cabrera, desaparecido el 28 abril y hallado el 8 de mayo con once puñaladas. Los familiares y vecinos de la víctima adjudican el crimen a las paramilitares Guardias Ciudadanas y lo relacionan con la lucha de su hermana Petrona Villasbo, miembro de la Coordinadora Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (CONAMURI), que exige justicia para su hijo Silvino Talavera - de 11 años -, muerto a causa de las fumigaciones de sojales con agrotóxicos. El MCP denunció que la responsable de las pesquisas “manifestó su negación a realizar más procedimientos en pos del esclarecimiento y detención de los sospechosos, aludiendo que la familia Villasboa busca únicamente beneficios económicos a raíz de la muerte de uno de sus integrantes” (refiriendo al fallecimiento del niño).

Según un informe difundido por el Grupo de Reflexión Rural (GRR), de Argentina, “estas organizaciones paramilitares están creando zozobra y amedrentando a la población en diversas zonas del país. En los últimos meses estos grupos, que se calcula pueden llegar estar conformados por 13.000 individuos entrenados y armados, han matado aproximadamente a 10 campesinos solamente en la región de San Pedro. Las prácticas ilegales de las Guardias Ciudadanas incluyen allanamientos, torturas y detenciones hacia quienes no aceptan el nuevo orden ilegal que imponen por el terror y la violencia”.

“La guardia ciudadana, que trabaja con la anuencia del ministro del interior, está ligada a latifundistas y sojeros, quienes las llaman ‘Comisión garrote’ y tiene como principal objetivo perseguir a dirigentes campesinos/as. La excusa de estas bandas armadas para ejercer apremios ilegales, es dar una respuesta a la creciente violencia y criminalidad en Asunción debida a la creciente expulsión de campesinos de sus tierras”, sostiene el GRR en su documento. “Se estima que la soja avanza 250.000 ha por año en Paraguay, causando la expulsión de 90.000 familias campesinas que se asientan en los cinturones de pobreza de diferentes ciudades. Frente a la creciente pobreza generalizada, el gobierno recurre a la necesidad de incrementar las fuerzas policiales en la capital y justifica una creciente estrategia de paramilitarización de grupos civiles controlados por los poderes políticos locales en las zonas campesinas”, concluye.

La encarnizada represión de la protesta social se mantiene como política de Estado a 17 años de finalizada la sangrienta dictadura de general Alfredo Stroesner (1954 – 1989). En enero 2005 el ministro del Interior, Rogelio Benítez anunció la instalación de 18 cuarteles militares en los departamentos rurales de San Pedro, Caaguazú y Caazapá - zonas de fuerte movilización campesina - para “ fortificar la lucha contra el crimen y combatir la inseguridad en estos departamentos, erradicar los abigeatos, los asaltos rurales e invasiones de propiedades privadas” ( Argenpress, 25-01-05).

“Ante la no implementación de la Reforma Agraria, muchos campesinos sin tierra ejercen sus derechos mediante actos de desobediencia civil. La repuesta del Estado ha sido muchas veces la represión y violencia, convirtiendo a las protestas y reclamos en delitos, y a los pobres en delincuentes”, declaró Rita Zanotto de Vía Campesina a la agencia Minga Informativa de Movimientos Sociales. Entre el 26 de mayo y el 2 de junio una delegación de la organización campesina internacional y de la Red Internacional de Información y Acción por el Derecho Humano a Alimentarse (FAIN) visitó el país para constatar denuncias de violaciones a los derechos sociales y económicos de la población rural, a tal fin recorrió los departamentos de Alto Paraná, Itapúa, Paraguari, San Pedro, Canindeyú y Caaguazú. Según concluyó la misión internacional, los indígenas, las mujeres, los niños y los ancianos - grupos más vulnerables - enfrentan graves problemas de salud, desnutrición y hambre.

Paraguay es el cuarto exportador mundial de soja, con 2 millones de has - 64% de la superficie agrícola - dedicadas a este monocultivo, superficie que continúa en expansión. Según el suplemento Rural del diario argentino Clarín (12-06-04) “desde 1989, la producción total de la oleaginosa se multiplicó por cuatro: de 1.070.116 toneladas producidas hace 15 años, se alcanzaron 4.518.015 toneladas el año pasado (2003) ”. La expansión de los sojales no sólo afecta a las comunidades campesinas sino también a los pueblos originarios, con la pérdida de su territorio y el desplazamiento forzado - como es el caso de los ayoreo. Esta situación lleva a las organizaciones indígenas a demandar - sin demasiado éxito - el cese del avance sobre sus territorios y que el Instituto Nacional Indígena ponga en marcha planes de desarrollo integral y solucione los problemas que generan la destrucción de los recursos naturales por parte de las empresas transnacionales.

“La pobreza llega al 85% de la población. De los 5 800 000 de habitantes, 4 400 000 (77%) están en condiciones de trabajar, pero solo 2 700 000 personas (61%) posee algún tipo de empleo. El desempleo abierto (5.8%) afecta a 163 000 y el desempleo oculto a 108 000 (3.7%) según cifras oficiales”, afirmó Blas Franco Aquino, dirigente del Partido Patria Libre en declaraciones al periódico boliviano Che Militante. “El latifundismo es espectacular: El 80% de la tierra está en manos del 1% de la población. Es así como de 42 millones de hectáreas, 20 millones están en manos de latifundistas extranjeros, 18 millones en manos de latifundistas paraguayos y lo que resta en manos de campesinos”. Actualmente Franco Aquino y Angel Acosta Centurión, también de la conducción de PPL, están detenidos en Bolivia y el gobierno paraguayo solicita su extradición responsabilizándolos del secuestro y asesinato de la hija del ex presidente de ese país, Raúl Cubas Grau. En Argentina seis integrantes de esa organización se encuentran en igual situación.

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