Indígenas brasileños por tierras y contra exterminio de sus pueblos

En representación de unos 150 pueblos, los nativos instalaron del 24 al 26 de abril la 15 edición del llamado Campamento Tierra Libre (ATL) que anualmente se realiza en Brasil.

Las estructuras del campamento comenzaron a ser montadas cerca del Congreso Nacional y con la llegada de la Policía del Distrito Federal, los indígenas tuvieron que reubicarse en la Plaza de la Ciudadanía, al lado del Teatro Nacional, también en la Explanada de los Ministerios.
Por la expectativa de instalación de Tierra Libre en la Explanada y en la región de la Plaza de los Tres Poderes (reúne las sedes del gobierno, Congreso y Supremo Tribunal Federal), el Ministerio de Justicia autorizó la presencia de la Fuerza Nacional en el lugar.

Tal medida fue recibida por los indígenas 'sin gran sorpresa' y demostró la 'incapacidad de diálogo del gobierno federal', según Lindomar Terena, de la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB), que organizó la movilización.

'La gente entiende que la figura de la Fuerza Nacional demuestra que el Estado brasileño, nuestros gobernantes, no están preparados para entender cuáles son los derechos originarios, lo que es tierra indígena', remarcó.

El estandarte de lucha del movimiento indígena en el ATL 'siempre fue la lucha por el derecho al territorio. Este año, luchamos para garantizar los derechos que están siendo atacados y desmontados', dijo por su parte Angela Kaxuyana, de la Coordinación de las Organizaciones de los Indígenas Amazonia Brasileña (Coiab).

Aseveró que el ATL, instalado bajo el lema Sangre indígena. En las venas, la lucha por la tierra y por el territorio, es una de las demostraciones de la 'resistencia para garantizar nuestra existencia'.

Pese a sus ancestrales danzas, plumaje y cuerpos pintados, los indígenas no bajaron durante las tres jornadas de protesta el tono batallador de sus demanda

Promesas por cumplir

Una posible victoria tuvo el ATL al intercambiar con líderes parlamentarios y algunos como el presidente del Senado, David Alcolumbre, y de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, prometieron apoyar el regreso de la Fundación Nacional del Indio (Funai) al Ministerio de Justicia y la restitución de sus prerrogativas en demarcación.

Por su parte, la fiscal general de la República, Raquel Dodge, dio su palabra que el Ministerio Público Federal (MPF) buscará promover la demarcación de tierras indígenas.

La declaración emergió en solemnidad para la entrega de una investigación elaborada por procuradores y antropólogos expertos del MPF que presenta documentos sobre violaciones de los derechos de la etnia durante el proceso de construcción de la hidroeléctrica de Itaipú Binacional, en Paraná.

El estudio fue entregado por el MPF para liderazgos del pueblo indígena Avá-Guarani y el informe será encaminado a la Funai con el objetivo de embasar procesos de reparación y de demarcación de tierras guaraní.

'Servirá también de subsidio para una indagación civil y posibles medidas judiciales', alertó Dodge.

En el acto, el cacique Celso Jopoty, de la aldea Ocoy, en el estado Paraná, defendió un cambio en los procesos de límites porque se piensa que el país pierde, 'pero Brasil gana tierra, porque los indígenas van a preservar los bosques, las aguas', exhortó.

Historia y agresión

Aunque aproximadamente la mitad de los indígenas viven fuera de la Amazonia, estos solo ocupan el 1,5 por ciento del total del territorio brasileño reservado para sus tribus.

La Funai asegura que la actual población nativa es de unos 818 mil individuos, lo que representa el 0,4 por ciento de la nacional (alrededor de 209 millones de habitantes).

Cerca del 60 por ciento de los originarios reside en la región designada como Amazonia Legal, pero se registra la presencia de grupos en prácticamente todas las unidades de la Federación. Solo en los estados de Río Grande do Norte, Piauí y en el Distrito Federal no se contabiliza a esos grupos.

De acuerdo con la Funai, los indígenas brasileños están divididos en tres clases: los aislados, considerados aquellos que 2viven en grupos desconocidos o se posee pocos y vagos informes a través de contactos eventuales con elementos de la comunión nacional”.

En la vía de integración aparecen aquellos que conservan parcialmente las condiciones de su vida nativa, “pero que aceptan algunas prácticas y modos de existencia comunes a los demás sectores”.

Por último los integrados, es decir, los nativos incorporados a la sociedad y “reconocidos en el pleno ejercicio de los derechos civiles, aunque conservan usos, costumbres y tradiciones características de su cultura”.

Para la Funai, apenas la sociedad comienza a concientizarse de que los indígenas son parte integrante de la vida nacional.

Sin embargo, desde hace largo tiempo Jair Bolsonaro arremete con comentarios racistas y ofensivos contra esos pueblos.

“Los indios no hablan nuestra lengua, no tienen dinero, no tienen cultura. Son pueblos nativos. Cómo ellos consiguen tener el 13 por ciento del territorio nacional”, se atrevió a decir Bolsonaro en el 2015 cuando era diputado.

No le bastó y dos años después declaró: “Puede estar seguro de que si llego allí (a la Presidencia de la República) no hay dinero para las ONG. Si depende de mí, todo ciudadano tendrá un arma de fuego dentro de casa. No habrá un centímetro demarcado para reserva indígena o para quilombola (comunidad étnica)”.

En declaraciones a Prensa Latina, el cacique Dará, etnia tupi guaraní de Sao Paulo, denunció que “este gobierno (de Bolsonaro) desde su campaña ya amenazaba a nuestros pueblos indígenas y ahora en el poder colocó personas sin preparación para asumir los ministerios, no entienden de política indígena, no saben de pueblos tradicionales, del bosque ni de comunidad aborigen”.

Bolsonaro, recalcó, “nos ataca todas las veces que sale en televisión y se aborda el tema. Dice que no somos indios, no tenemos derecho a la salud y a la demarcación de tierras”.

En la misma arista Levi, del pueblo Krahô, del municipio Lagoa da Confusao, Trocantins, recalcó que “el Gobierno quiere retirarnos nuestros derechos y colocaron las fuerzas del orden para no dar un resultado a los reclamos de los indígenas. Nosotros somos un pueblo que no tenemos tierra”.

“Hace 43 años que nos expulsaron de un espacio que era nuestra aldea, subsistencia. Nuestras raíces quedaron allá. Actualmente no tenemos una tierra donde vivir y eso impacta mucho en la gente y a los otros con tierra el Gobierno quiere quitárselas”, dijo.

Bajo un escenario político con tendencia al genocidio de sus antepasados, la marcha del ATL repudia en su declaración final “los propósitos gubernamentales de exterminarnos”.

Apunta que esa política de eliminación ocurrió con sus comunidades “en el período de la invasión colonial, durante la dictadura militar y hasta en tiempos más recientes”.

Todo lo anterior, señala el texto, “para renunciar a nuestro derecho más sagrado: el derecho originario a las tierras, territorios y bienes naturales que preservamos hace miles de años y que constituyen el fundamento de nuestra existencia, de nuestra identidad y de nuestros modos de vida”.

El pliego recuerda que la Constitución Federal de 1988 consagró la naturaleza pluriétnica del Estado brasileño. Sin embargo, vivimos el escenario más grave de ataques a nuestros derechos desde la redemocratización del país (1985).

Insiste en que “el Gobierno de Bolsonaro decidió por la quiebra de la política indigenista, mediante el desmonte deliberado y la instrumentación política de las instituciones y de las acciones que el poder público tiene el deber de garantizar”.

Muchos líderes indígenas están convencidos que sus históricos reclamos difícilmente puedan ser escuchados por un Presidente pródigo en promesas incumplidas.

Fuente: Crónica Digital