Huelga de hambre en Wallmapu. El terrorista es el Estado chileno

Los cuatro comuneros mapuche Héctor Llaitul Carillanca, Jonathan Huillical Méndez, José Huenuche Reimán y Ramón Llanquileo Pilquimán, quienes desde el 22 de marzo realizan una huelga de hambre para anular las sentencias de hasta 25 años dictadas en su contra, acusados del homicidio frustrado del fiscal Mario Elgueta en un juicio que consideran injusto e irregular, decidieron continuar con su ayuno luego de que la Corte Suprema rebajó la condena, pero rechazó anularla.

Los cuatro miembros de la comunidad mapuche —actualmente detenidos en la prisión de Angol— iniciaron la huelga en demanda de un juicio oral. “La huelga de hambre” —explican los presos en un comunicado— “es en protesta por el inicuo juicio que sufrimos en aplicación de la Ley Antiterrorista impuesta durante la dictadura de Augusto Pinochet”.

Las tierras y el conflicto mapuche. Desde la segunda mitad del siglo XIX, luego de la creación de la provincia de Arauco, comenzó a debatirse una ambigüedad jurídica con respecto a la situación del pueblo mapuche y su territorio, el cual, según algunos, pasó a formar parte de Chile, mientras que otros consideraban que los pueblos originarios y su territorio no estaban supeditados al control del gobierno chileno.

A finales del siglo XIX y durante la primera mitad del siglo XX se produjo la guerra abierta de ocupación del Wallmapu, durante la cual el país mapuche fue invadido a sangre y fuego, y las tierras del pueblo originario le fueron arrebatadas de manera ilícita mediante robos, asesinatos, estafas y sobornos para ser entregadas —en su gran mayoría— a extranjeros que deseaban establecerse y hacer negocios en Chile.

Debido a esta situación de despojo, existe hoy un movimiento de lucha y resistencia de acuerdo a las propias fuerzas del pueblo mapuche, que ha realizado acciones para la recuperación de sus tierras contra el supuesto derecho de propiedad que madereras y mineras ostentan en tierras ancestralmente comunales.

En este contexto, 17 mapuche fueron acusados en el 2008 por acciones destinadas a la recuperación de tierras; más tarde, en febrero de 2011, cuatro de ellos recibieron sentencias que van de 20 a 25 años de prisión por los delitos de “atentado contra la autoridad” y “robo con intimidación”, en un juicio lleno de irregularidades, como la larga duración del proceso y la presentación de “testigos protegidos” como pruebas acusatorias.

Recientemente, la Comisión Ética contra la Tortura de Chile solicitó la intervención urgente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante el Estado de Chile, debido al inminente peligro de muerte o graves daños a integridad física en la que se encuentran los comuneros.

La Comisión dijo que su llamado a la CIDH se fundamenta en “la indolencia y tardanza de las autoridades del Estado chileno, para salvar la vida de estos cuatro comuneros”.

La decisión tomada por la Corte, además de disminuir las condenas, reafirmó la ausencia de delitos terroristas; fue imposible comprobar la existencia de una asociación ilícita que planificara el enfrentamiento con la comitiva del fiscal Elgueta.

Fuente: Ojarasca