Hija de Berta Cáceres: el Estado de Honduras se convirtió en el enemigo

"El Estado realmente se ha convertido en un adversario que ha negado los derechos de las víctimas de manera permanente, que nos ha marginado de esta investigación", afirmó Zúñiga a Sputnik el viernes mientras esperaba la audiencia por el asesinato de su madre.

Cáceres, fundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), fue asesinada a tiros en su casa el 3 de marzo de 2016 pese a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había pedido al Estado hondureño medidas cautelares de protección para su vida.

"Nunca debió ser así, nosotros debimos conocer las líneas de investigación manejadas antes y que ahora mismo se están manejando, realmente no hay información, no entendemos mucho de los criterios bajo los que se hacen diligencias investigativas y no hay ninguna explicación", señaló Zúñiga, quien es coordinadora general del Copinh desde 2017.

En la tarde del 31 de agosto, hora local, se realiza la audiencia de proposición de pruebas en la Sala de Juicios Orales de la Corte Suprema de Justicia en Tegucigalpa, luego de haber sido reprogramada varias veces por presuntas irregularidades (ver aquí).

Días antes de ser asesinada, Cáceres realizó denuncias relacionadas al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca de la empresa Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA), por considerarlo una amenaza para el territorio de las comunidades indígenas de la etnia lenca.

La organización Amnistía Internacional ha seguido de cerca el caso del asesinato de Cáceres.

"El caso de Berta podría crear un precedente, es muy importante que se haga justicia y que no se mande el mensaje de que se puede matar impunemente a quienes defienden los derechos humanos si éstos se atreven a cuestionar a los poderosos en Honduras", dijo a esta agencia Marianne Bertrand, representante para defensores de derechos humanos en las Américas de Amnistía.

Situación del caso:

Actualmente, nueve personas se encuentran en detención preventiva, algunas de ellas vinculadas con la empresa encargada de la construcción de la represa y otras con lazos con las fuerzas armadas.

Roberto David Castillo, el expresidente ejecutivo de esta empresa, es la novena persona detenida, pero su caso se lleva por separado.

Su familia no solo responsabiliza a la compañía DESA de su asesinato, sino también al Estado hondureño.

"A pesar de estas detenciones, la familia de Berta, sus abogados y el Copinh están preocupados que no se haya investigado la presunta responsabilidad de altos cargos del Gobierno o de la empresa en el asesinato", señaló Bertrand.

La hija de Cáceres sentenció que "el Estado de Honduras no quiere cumplir con la sanción a los funcionarios del Estado que se vieron implicados de una u otra manera".

Respecto a esto, Copinh plantea dos preocupaciones fundamentales respecto al caso que desde Amnistía Internacional se han amplificado.

Por un lado, se plantea la falta de acceso a la información, dado que a lo largo del juicio "el Ministerio Público ha aplazado varias veces la entrega de elementos del expediente de investigación (tales como pruebas) a los abogados de la familia de Berta".

Por otra parte, existe la necesidad de considerar la integralidad del caso y todos los responsables: "el sistema de justicia hondureño debe considerar el asesinato de Berta Cáceres integralmente y analizar los móviles detrás del crimen, como así también los actores políticos y económicos que podrían haber tenido injerencia en la comisión de este delito", señaló la representante de Amnistía.

Bertrand afirma que resulta imprescindible investigar a los autores materiales del crimen, pero también a los posibles responsables intelectuales.

"De no ser así, las autoridades hondureñas estarían enviando el mensaje de que solo quienes ejecutaron la orden de asesinar a Berta Cáceres y no quienes ordenaron o planearon dicho crimen pagarán las consecuencias de su acto, alentando de dicho modo otros ataques contra personas defensoras de la tierra, territorio y medio ambiente", advirtió Bertrand.

Ser activista en Honduras o vivir más cerca de la muerte:

"Ser activista en este momento en Honduras es una lucha con muchas dificultades, con mucha adversidad, en medio de fuertes campañas de criminalización en el que se nos desacredita por cualquier motivo", dijo Zúñiga a esta agencia.

Sin embargo, la activista afirmó que se trata de una actividad sumamente necesaria "en estos momentos, los más duros de la vida, si se puede decir democrática, de Honduras, es súper necesaria para lograr producir cambios estructurales y que Honduras sea totalmente diferente a lo que es hoy, que es un país que persigue, asesina y es violento, en el que nuestra palabra no vale, en el que no podemos manifestarnos, en el que estamos acallados totalmente".

Para Amnistía Internacional, el rol de los activistas medioambientales está relacionado a la desprotección, la violencia y la impunidad.

"Esas son las palabras que mejor definen la situación de las personas defensoras de derechos relacionados con la tierra, el territorio y el medio ambiente en Honduras, como Berta, muchos defensoras y defensoras de la tierra, territorio y medio ambiente han sido atacados o asesinados en Honduras por alzar la voz contra proyectos económicos que podrían afectar sus territorios", dijo a esta agencia la campaigner de Amnistía.

En 2017, la ONG Global Witness señaló a Honduras como el país más peligroso del mundo para los defensores de los derechos medioambientales, evidenciando allí el homicidio de más de 120 defensores y defensoras desde 2010.

A comienzos de 2018, esta organización en colaboración con el diario británico The Guardian, informó que 197 personas fueron asesinadas en 2017 "por enfrentar a gobiernos y empresas que robaron sus tierras y dañaron el medio ambiente, y por denunciar las prácticas corruptas e injustas que lo permitieron".

"La respuesta del Estado sigue limitada y es necesario que las autoridades abran una investigación sin demora, exhaustiva y efectiva sobre las amenazas y ataques denunciados por defensores y defensoras de los derechos a la tierra y medioambientales, y a que implementen medidas de protección efectivas adaptadas a sus necesidades y deseos", explicó Bertrand.

Apoyo internacional:

La hija de la activista asesinada considera que la presión internacional realizada por la gran repercusión del caso ha sido fundamental.

"La demanda internacional no ha cesado y el Estado de Honduras quiere dar algún tipo de respuesta para de alguna forma, desde su perspectiva, superar la repercusión política de este crimen de Estado", opinó Zúñiga.

Zúñiga opina que el caso del asesinato de su madre es paradigmático debido a que evidencia el "contubernio de la empresa privada transnacional con el Estado de Honduras que forman un fuerte para perseguir a las comunidades que están en defensa del territorios".

Además, la activista aseguró que todos los gobiernos pos golpe de Estado están sustentados por el mismo modelo económico basado en la "extracción y el saqueo de los territorios, sin ningún respeto a la decisión de las comunidades y de las personas que finalmente son afectadas y que son las dueñas de los territorios".

Zúñiga sostiene que es paradigmático debido a "como las fuerzas represivas del Estado como el Ejército o la Policía también se convierten en aliadas o incluso son instrumentalizadas para garantizar el despojo a base de la violencia".

El juicio oral y público contra los ocho presuntos autores materiales del asesinato debería empezar el 10 de septiembre y terminar el 28 de ese mismo mes.

- Fotos por Jorge Cabrera.

Fuente: Sputnik