Guatemala: La palma aceita el conflicto social
Apenas 24 horas después de que una jueza suspendiera temporalmente a la empresa palmera Repsa, ésta mostró su enorme prepotencia, promoviendo que sus trabajadores bloquearan la carretera a Sayaxché, secuestraran a un líder comunitario y asaltaran el Centro de Administración de Justicia de Santa Elena. Durante el conflicto fue asesinado el dirigente Rigoberto Lima, recién electo concejal de Sayaxche.
A finales de julio pasado, el Sistema de Naciones Unidas en Guatemala presentó su informe sobre la contaminación de La Pasión, afluente convertido en un río de impunidad y corrupción, por la colusión de empresarios palmeros y funcionarios venales, dando cuenta detallada de todas las plausibles violaciones ambientales de Repsa, sospechosa de ser la responsable de la contaminación del acuífero.
Citando investigaciones académicas, documentos oficiales y testimonios de funcionarios y víctimas, el informe reportó el incumplimiento de deberes del Estado en materia de protección ambiental y laboral, seguridad alimentaria y nutricional, y su incompetencia para garantizar la vida, la salud, el acceso al agua limpia y a la justicia de los comunitarios q’eqchies que sufren la avalancha palmera.
Repsa negó la responsabilidad, pero no permitió el ingreso a sus instalaciones de una delegación interinstitucional, ni al personal de la ONU de Derechos Humanos, ni a la prensa.
La ONU también dio cuenta de haber recibido denuncias graves de violaciones de derechos laborales, amenazas a promotores de DDHH, a periodistas y a comunitarios, así como la muerte del líder Manuel Xi, en agosto de 2014.
También reportó denuncias sobre desvío y contaminación de seis ríos por empresas palmeras en Alta Verapaz, Huehuetenango y Quiché. El CUC y la Pastoral Social de San Marcos han denunciado casos similares en Coatepeque, por empresas palmeras del grupo HAME, matriz de Repsa.
Rigoberto Lima Choc, abnegado maestro del caserío Champerico, fue de los primeros comunitarios que denunció que Repsa era la responsable de la contaminación del río La Pasión, sin saber que lo pagaría con su vida.
Fue él quien trasladó en lancha a los reporteros que fotografiaron los desfogues de la planta aceitera hacia el afluente y publicaron el ilícito. Por ello recibieron amenazas de muerte, que fueron denunciadas ante el MP y la PDH.
Por lo anterior, Calas accionó ante el Tribunal B de Primera Instancia Penal de Petén y, el pasado jueves 17 de septiembre, la jueza Karla Hernández resolvió la suspensión de las actividades de Repsa, por el plazo de 6 meses, mientras avanza la investigación del MP.
Según denuncias de Condeg, esa misma tarde, dos empleados de Repsa citaron a los vecinos de las aldeas Santa Rosa, El Tucán y La Torre, donde residen varios de sus jornaleros, y los azuzaron para que impulsaran medidas violentas, aduciendo que por la suspensión de la empresa pasarían hambre, ocultándoles que la ley los obliga a seguir pagando los salarios.
Los trabajadores bloquearon la carretera, secuestraron al dirigente de Condeg, Lorenzo Pérez, y asaltaron el Centro de Administración de Justicia de Santa Elena. Los tres hechos fueron resueltos gracias a la mediación de la PDH, la Gobernación y la PNC, pero la familia de Rigoberto llora a su deudo.
Los mega-cultivos siempre han tenido enormes impactos ambientales y sociales en el país, pero ninguno como la palma, que ya alcanza unas 3 mil caballerías, en apenas 25 años. Este es el tipo de “desarrollo” que las empresas aceiteras ofrecen, pasando sobre la ley, el medio ambiente y la vida. Por eso, dicen en Sayaxche que de palma africana está empedrado el camino al infierno.
Fuente: Siglo 21