Guatemala - Honduras: resumen popular sobre minería

Se ha incrementado el interés internacional sobre la resistencia local contra las actividades de minería metálica, particularmente en la oposición de las comunidades indígenas en el departamento de San Marcos, Guatemala, para el proyecto Marlin de Glamis Gold Ltd.

Este interés y preocupación fueron estimulados por las noticias del asesinato del manifestante indígena Raúl Castro Bocel en manos de las fuerzas de seguridad, cuando el gobierno de Guatemala envió al ejército y la policía para reprimir las protestas en Los Encuentros y asegurar el paso de un convoy con equipo perteneciente a Glamis Gold.

Este informe se enfoca en la situación actual de Guatemala y Honduras, en cuanto a las actividades de la minería metálica, las compañías transnacionales y la respuesta de las comunidades.

Sin embargo, la situación actual no se puede discutir solo en términos de la minería en Guatemala y Honduras; la situación actual es un producto de cambios en las leyes y en el marco normativo, los cuales son productos de un modelo de “desarrollo” artificioso, promovido y llevado a cabo por los mismos actores globales que lucran del sistema neocolonialista global injusto y explotador.

Diversos actores globales están involucrados en la industria de la minería alrededor del mundo. El Grupo del Banco Mundial, a través de sus instituciones que apoyan al sector privado, la Corporación Financiera Internacional (CFI) y el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (OMGI), está directamente involucrado en financiar y asegurar las empresas transnacionales mineras, así como su implicación como accionista directo en muchos proyectos mineros.

El Banco Mundial y su institución hermana, el Fondo Monetario Internacional, también se han involucrado en las reformas de las leyes y políticas mineras –beneficiando a las compañías transnacionales a costa de la gente del lugar y de las comunidades– en docenas de países de todo el mundo.

El Gobierno de Canadá con sus instituciones, como la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional (ACDI; CIDA siglas en inglés), el Departamento de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional (DFAIT siglas en inglés) y la Corporación de Desarrollo de las Exportaciones (EDC siglas en inglés), han jugado papeles similares en la promoción y la implementación de leyes y políticas, financiando y asegurando los proyectos mineros y promocionando la industria –utilizando fondos públicos– para apoyar a las compañías mineras canadienses.

La Agencia de Comercio y Desarrollo de los Estados Unidos (USTDA por sus siglas en inglés) y el Banco Exportador-Importador están comprometidos en las mismas actividades al igual que sus contrapartes canadienses.

Agencias y compañías de seguridad y militares de las Naciones Unidas promocionan y protegen una industria que afecta desproporcionadamente a los pueblos indígenas, como sucede con los Tratados de Libre Comercio regional y bilateral que protegen a los inversionistas y fomentan el establecimiento de la agenda neoliberal.

Ambos con largas historias de explotación de los recursos naturales dominados por el control extranjero, persecución y genocidio, Guatemala y Honduras han sido lugares de intensificación de la actividad transnacional de compañías mineras. Más de un tercio de Honduras y un décimo de Guatemala están cubiertos de concesiones y licencias mineras, muchas de las cuales, en el caso de Guatemala, están localizadas en territorio de comunidades indígenas.

Este incremento en la actividad de minería metálica es producto de las reformas de las leyes sobre minería a finales de los 1990, cuando los actores globales vieron una ‘ventana a la oportunidad’ para proseguir con su agenda de ‘desarrollo’ con la firma de los Acuerdos de Paz en Guatemala y el Huracán Mitch en Honduras. Docenas de compañías canadienses y de los Estados Unidos están operando en la región.

Un ‘líder’ en la compañía canadiense/estadounidense Glamis Gold Ltd. Está actualmente involucrado en un caso de arbitraje en contra de los Estados Unidos bajo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte por las medidas protectoras tomadas previamente por instituciones gubernamentales de California para proteger los lugares sagrados de las Primeras Naciones de los daños de la minería a cielo abierto.

La misma compañía opera la mina de oro de San Martín en el Valle Siria, Honduras, donde los impactos devastadores incluyen enfermedades, falta de agua potable, contaminación, fracaso en las cosechas y mucho más.

Se presentaron cargos contra la subsidiaria Entre Mares que funciona como representante de Glamis por una serie de crímenes en contra del medio ambiente y otros más; no obstante estos casos yacen ‘durmientes’ en el sistema de ‘justicia’ hondureña, un hecho sintomático de la impunidad global en la cual las compañías mineras y otros actores globales operan.

Glamis Gold también es dueña del proyecto Marlin en Guatemala en donde los derechos de las comunidades indígenas y sus demandas han sido completamente ignoradas y violadas, como lo demostró el asesinato del activista indígena, el pasado 11 de Enero.

Desde San Marcos al Valle de Siria para las numerosas comunidades y organizaciones alrededor del mundo, la resistencia basada en la comunidad no es el producto de agitadores extranjeros en contra del desarrollo o de la ignorancia, como las compañías mineras e instituciones internacionales afirman.

Ante el modelo de ‘desarrollo’ impuesto y las regulaciones de los marcos de trabajo que están al extremo opuesto con respecto a los intereses e iniciativas comunitarias locales de desarrollo, las comunidades están luchando para defender sus tierras, su territorio, el agua, sus recursos, su soberanía alimentaria, el medio ambiente, su salud y sus necesidades de la invasión de las actividades mineras destructivas que operan entre la impunidad y el gran apoyo de los actores globales.

A pesar de este increíble desequilibrio de poder, muchas comunidades en América Latina y Centro América han detenido las actividades mineras con éxito, al menos temporalmente.

Mientras que es importante apoyar las luchas, prioridades, demandas y necesidades de las comunidades locales, es crucial que las iniciativas de la solidaridad internacional sean dirigidas al modelo global de ‘desarrollo’ del cual la minería es solo un ejemplo. Un movimiento de justicia global que trate con problemas de minería en Honduras y Guatemala debe confrontar el injusto y opresivo sistema global y a los actores globales que lucran de la continua explotación.

Solicitar el informe completo en español al correo a se.oohay@72odnanimac.

Fuente: recibido de Amílcar Castañeda, corresponsal de Prensa Indígena, Derechos en Acción, 2 de septiembre.