Francia aprueba ley sobre deber de diligencia de las empresas

La votación tuvo lugar tras varios años de movilización por parte de organizaciones de la sociedad civil francesa, entre ellas Amigos de la Tierra Francia. Se espera ahora que esta nueva ley allane el camino para que se aprueben normas similares en otros países y a nivel de la ONU, donde ya se comenzó a negociar un tratado internacional.

Desde hace tiempo se argumenta que los enfoques voluntarios de responsabilidad y rendición de cuentas por parte de las empresas no son efectivos. Francia es el primer país en tratar este tema y adoptar una ley vinculante que abarca todas las violaciones de derechos humanos y genera obligaciones vinculantes para las empresas matrices y subsidiarias a lo largo de toda la cadena de suministro.

Las empresas que caen bajo la nueva ley (solo se aplica a las empresas francesas más grandes) deben evaluar y abordar los impactos negativos que tienen sobre la gente y el planeta en planes de vigilancia públicos anuales. Entre los impactos se incluyen los vinculados a sus propias actividades, a las de las empresas bajo su control y las de los proveedores y subcontratistas con los cuales tienen una relación comercial establecida.

En caso de que las empresas no cumplan con estas obligaciones, la ley permite a las víctimas y otras partes interesadas denunciar el hecho ante la justicia. Los jueces podrán imponer multas de hasta 10 millones de euros si las empresas no publican sus planes de vigilancia y de hasta 30 millones de euros si esta ausencia produce daños que podrían haberse evitado.

Aunque esta ley es un gran logro, las organizaciones de la sociedad civil francesa creen que el texto de la ley podría haber sido más ambicioso. El alcance de la ley es limitado ya que solo afecta a alrededor de 100 grandes empresas. Además, la carga de la prueba recae en las víctimas, que a menudo carecen de los medios para recurrir a la justicia, lo que acentúa aún más la falta de equilibrio de poder entre las grandes empresas y las víctimas de abusos. Además, si los daños ocurren a pesar de que la empresa hubiese implementado un plan de vigilancia adecuado, la empresa no será responsable. La ley tampoco exige que las empresas garanticen la protección contra daños, sino que hagan todo lo que esté en sus manos para evitarlos.

Juliette Renaud, campañista de responsabilidad empresarial de Amigos de la Tierra Francia afirmó: "Esta votación es una gran victoria para la sociedad civil francesa ya que la ley tuvo que enfrentar la feroz oposición del cabildeo del sector privado durante todo el proceso legislativo. No es tan ambiciosa como nos hubiera gustado, pero es un paso histórico para poner fin a la impunidad de las empresas".

Ahora es esencial que otros países sigan los pasos de Francia, en otras palabras, que se implementen leyes vinculantes a nivel nacional, europeo e internacional para reglamentar a las empresas transnacionales y sus inversionistas, algo que es extremadamente necesario. Amigos de la Tierra Internacional se une a la coalición francesa Forum citoyen pour la RSE para solicitarle al gobierno de Francia que continúe en esta dirección y que promueva la ley sobre el deber de diligencia a nivel europeo e internacional y que además participe más activamente y de forma positiva en otras iniciativas que pretendan evitar que las empresas transnacionales continúen violando los derechos humanos y el medioambiente, tal como el Tratado vinculante de la ONU sobre empresas transnacionales y otras empresas comerciales en materia de derechos humanos (ver aquí).

Lucia Ortiz, coordinadora del programa de justicia económica de Amigos de la Tierra Internacional, afirmó: "La victoria de la sociedad civil francesa demuestra que el hecho de que el poder se encuentre en las manos de la gente puede tener como resultado el fin de la impunidad de las empresas transnacionales y el establecimiento de normas vinculantes de abajo hacia arriba que tendrán implicancias para las empresas más grandes del mundo, obligándolas a respetar los derechos humanos como nunca antes. Otros países de la UE deberían seguir este ejemplo y reglamentar las actividades de sus empresas a nivel nacional y en el extranjero. Los países de la UE deberían también apoyar a los países en desarrollo a llevar adelante el Grupo de Trabajo Intergubernamental encargado de desarrollar un nuevo tratado internacional legalmente vinculante en el marco del Consejo de Derechos Humanos de la ONU dirigido a las empresas, en materia de derechos humanos".

Amigos de la Tierra Internacional y los movimientos sociales de todo el mundo se están movilizando con motivo del próximo paso decisivo de las negociaciones que tendrá lugar en octubre de este año en Ginebra en el marco de la ONU. Será una movilización inspirada que seguirá de cerca la implementación de la nueva ley francesa y se comprometerá a denunciar y frenar los intentos por parte del cabildeo empresarial de socavar el proceso internacional.

POR MÁS INFORMACIÓN COMUNICARSE CON:

Lucia Ortiz

Coordinadora del programa internacional de justicia económica, Amigos de la Tierra Internacional
+ 55 48 999 15 00 71 (en Brasil)
gro.ieof@aicul

Juliette Renaud

Campañista de responsabilidad empresarial, de Amigos de la Tierra Francia
+33 9 72 43 92 61/ +33 6 37 65 56 40
juliette.renaud@amisdelaterre.org

Fuente y foto: Amigos de la Tierra Internacional