¿Existe la aplicación de justicia para los pueblos indígenas en Honduras?

Los pueblos indígenas en Honduras atravesamos por una grave crisis ante la ofensiva para la apropiación de territorios y “recursos”, al mismo tiempo que el endeble estado de ley existente en el país, se ve afectado por la desaparición de la independencia de poderes, dando lugar a siniestros abusos de los derechos humanos y presiones territoriales que desembocan en desplazamientos poblacionales.

Los informes de diferentes relatores de Naciones Unidas y de ONGs especializadas en la temática de derechos humanos, exponen la grave situación que atravesamos los pueblos indígenas, en Honduras y el grave riesgo que corren las defensoras de la madre tierra.

La reciente absolución del ex alcalde de Intibucá Martiniano Domínguez Meza, por el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, en relación al caso de la hidroeléctrica de Agua Zarca, demuestra la capacidad de distorsión del estado de Honduras en relación a la socialización efectuada por la empresa DESA la cual ha sido convertida en consulta previa. El asesinato de Berta Cáceres, sacó a relucir las artimañas a las cuales recurre la élite empresarial y política del país. Hasta la fecha los autores intelectuales del crimen no han sido sindicados; y hasta el momento los militares y sicarios que participaron en el asesinato, son los únicos que permanecen en prisión, a la espera de una supuesta sentencia.

Todo indica que la Consulta Previa, Libre e Informada, consignada en el Convenio 169 de la OIT, es un obstáculo para los planes de “desarrollo” impulsados por las políticas neoliberales. Desde 1995, cuando fue ratificado por Honduras el Convenio 169, el Estado adquirió la obligación de crear un mecanismo de consulta previa, el cual sin embargo ha diluido sistemáticamente, confundiendo de forma deliberada socialización con consulta previa.

Desde el año 2003, la OFRANEH instó al Estado a efectuar una consulta en relación al anteproyecto de Ley de Propiedad, promovida por el Programa de Administración de Tierras (PATH) en San Juan Tela (Durugubuti), siendo la consulta previa efectuada en septiembre de 2003. La asamblea comunitaria rechazó las versiones de ley presentadas por los representantes del estado, ante el peligro de la disolución de la propiedad comunitaria. Para junio de 2004, el Congreso Nacional aprobó la Ley de Propiedad, la que permite finiquitar la propiedad comunitaria. La OFRANEH llevó el caso ante el Panel de Inspección del Banco Mundial, el cual señaló que el Estado de Honduras no se apegó al Convenio 169, sin embargo la Gerencia del Banco no efectuó ninguna acción en referencia a la Ley de Propiedad.

Es hasta el 2012 que el Estado, presionado por el Programa Reducción de la Deforestación y la Degradación del Bosque (REDD por sus siglas en inglés) inicia los primeros pasos para la creación de una Ley de Consulta. El PNUD en Honduras asume el rol de acompañante, y conjuntamente dan los pasos iniciales en la preparación de la propuesta de país en relación a los REDD.

Para el año 2015 tanto la Dirección de Pueblos Indígenas y Afro descendientes (DINAFROH) y la Confederación de Pueblos Autóctonos de Honduras (CONPAH) elaboraron sus propios anteproyectos de Ley de Consulta. De igual manera el Observatorio de los Derechos de los Pueblos Indígenas de Honduras (ODIPINH) concretó una versión de ley. No obstante, el PNUD para el 2016, comienza un proceso de socialización el cual denominó consulta sobre un anteproyecto de ley, elaborado por el consultor peruano Ivan Lanegra, similar a la Ley de Consulta del Perú, la que excluye el consentimiento como parte esencial de la consulta.

Las denuncias interpuestas por organizaciones y comunidades indígenas que no se encuentran bajo la esfera de influencia de la actual dictadura, dieron una alerta sobre la distorsión a la consulta previa, promovida por funcionarios estatales y el PNUD. La relatora de Naciones Unidas para pueblos indígenas, la Sra. Vicky Tauli-Corpuz efectuó una visita al país, en relación a la imposición del anteproyecto elaborado por Ivan Lanegra y la distorsión del espíritu del Convenio 169.

La relatora fue enfática sobre la importancia de la Consulta sobre la Consulta, además los tiempos y procedimientos para crear un mecanismo de consulta. Las observaciones adicionales presentada por la relatora en junio del año pasado, han sido ignoradas por el Estado, el que entre otras procedió a imponer una ley de Incentivos al Turismo sin haber efectuado consulta alguna.

Es claro que para el pueblo Garífuna y todos los pueblos indígenas del país, es urgente y necesario un mecanismo de consulta para garantizar la sobrevivencia de nuestros pueblos como cultura diferenciadas. Sin embargo el mecanismo de consulta requiere que refleje la cosmovisión de los pueblos indígenas el espíritu del Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Es de una enorme importancia que el Programa REDD, PNUD y el AVA FLEGT, tomen en cuenta las recomendaciones de la Relatora Tauli-Corpuz, para así lograr que se doten de mecanismos de consulta a los pueblos indígenas, los cuales reflejen las cosmovisiones de los pueblos y estén dirigidos a preservar las culturas y territorios.

Los territorios de los pueblos indígenas en Honduras se han convertido en un objetivo tanto para empresarios, crimen organizado, transnacionales y el mismo estado que a través de las “ciudades modelo” (ZEDE) pretende subastar territorios al capital extranjero.

La bahía de Trujillo se ha convertido en un laboratorio de despojos previo a la implementación de la ciudad modelo (ZEDE). El neocolonialismo practicado por un grupo de "empresarios" canadienses, que han impulsado la apropiación territorial y la criminalización de las lideresas Garífunas que se oponen al despojo.

La farsa de la denominada “guerra contra las drogas” ha tenido resultados funestos en Honduras. Mientras la costa norte pasó a manos del crimen organizado, y aparentemente funcionarios de la administración de Porfirio Lobo se aliaron a siniestros personajes asociados con los carteles de las drogas; las comunidades Miskitas y Garífunas fueron satanizadas y perseguidas por las fuerzas de seguridad de honduras asesorada y acompañada por agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés).

La masacre en río Patuca, en el municipio de Ahuas, acontecida el 11 mayo de 2012, tuvo como resultados las muertes de Juana Jackson y Candelaria Pratt (ambas estaban embarazadas), el niño Hasked Brooks Wood (14 años) y el joven Emerson Martínez (22 años). En un vídeo divulgado por el New York Times contradice la versión de la DEA de un enfrentamiento con narcotraficantes hondureños (ver aquí). Hasta la fecha el caso se mantiene en la mayor impunidad, además que no ha cesado la persecución al pueblo Miskito que se encuentra en medio del fragor de los operativos que permanentemente se llevan a cabo en su territorio.

En diciembre 28 de 2015, los Garífunas Yosvin Palacio Lino y Elvis Armando García, fueron asesinados en la barra de Iriona, por elementos de la Fuerza Naval, cuando estos atacaron dos vehículos donde se transportaban familias Garífunas que se dirigían de la comunidad de Tocamacho a la ciudad de Tocoa. Los militares en primera instancia adujeron que habían sido atacados por las familias Garífunas, versión que fue desmentida por los testigos de los hechos.

El pasado lunes siete de mayo se dio inicio al juicio oral en contra de diez miembros de la Fuerza Naval implicados en los hechos. Como aparentemente es costumbre en Honduras, las Fuerzas Armadas trataran de proteger a los oficiales enjuiciados y es de temer que la responsabilidad recaerá sobre la tropa que obedeció la cadena de mando.

Demandamos como organización que el estado de Honduras se apegue a derecho en el caso de los jóvenes Garífunas asesinados en Iriona, además que se respete los territorios ancestrales y el derecho a la consulta previa que por presiones del PNUD y el Programa REDD, viene siendo desvirtuado.

A finales del 2015, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condeno al estado de Honduras por la violación a la consulta previa y la identidad cultural de las comunidades Garífunas de Punta Piedra y Triunfo de la Cruz. Hasta la fecha el Estado elude el cumplimiento de las sentencias. La OFRANEH exige el cumplimiento de las sentencias por parte del gobierno, y que cese la persecución judicial a Garífunas defensores dela madre tierra.

Fuente: ALAI